MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

La lucha por la vivienda es legítima

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Como es sabido, el partido político que actualmente gobierna a México, al estado de Baja California y a sus 5 municipios, en campaña dijo que acabará con los males que aqueja el país entero, según ellos, acabarán con la corrupción y con ese dinero rescatado de las manos corruptas, harán de México un país próspero, donde los pobres cambien radicalmente su estilo de vida y vivan dignamente. Sin embargo; la realidad es otra, más de 80 millones de mexicanos viven en la pobreza y pobreza extrema, con la pandemia la situación ha empeorado, muchos perdieron su empleo y a la lista de pobres se sumaron más de 10 millones de mexicanos; el poder adquisitivo del salario mínimo ha perdido su valor; los programas sociales que brindaba atención médica, alimentación y educación, fueron eliminados por el gobierno actual, asimismo, fueron eliminados los programas y fideicomisos que llevaban obras a las colonias populares como el agua, luz, drenaje, pavimentación y viviendas. Todo esto, fue eliminado, sí, fueron eliminados por el gobierno que dice servir y estar al servicio del pueblo pobre.

En Baja California, la situación va de mal en peor, la inseguridad ha crecido, los servicios básicos como el agua potable, drenaje sanitario, la infraestructura vial no se atiende, mucho menos el problema de la vivienda, para este último, no existe ningún programa que busque erradicar la falta de vivienda. El gobierno que presidió el Ing. Jaime Bonilla Valdez hizo un pequeño intento, claro a base de manifestaciones, entregó en papel, a través de una constancia de posesión, a poco más de 900 familias pobres organizadas en el Movimiento Antorchista un lote para cada una, donde puedan edificar su patrimonio familiar. Como para que este gobierno actual, sólo entregará físicamente los lotes que su antecesor entregó en documento. Sin embargo, el Instituto de la Vivienda del Estado (Indivi) se ha negado entregar dichos lotes en mención.

En la legislación internacional, el derecho a la vivienda se encuentra consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, donde dice que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure , así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, que establece que “los estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados tomarán las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

También la Constitución política del estado mexicano en su artículo 4° establece que los tres niveles de gobierno generarán las condiciones, para que un ciudadano, siendo mexicano tenga la oportunidad de contar con una vivienda digna y decorosa. Pero el gobierno actual se olvida de este derecho que tiene el pueblo trabajador, arrojando a las familias humildes a la calle o a las garras de inmobiliarias a las que les importa un comino cómo sobreviven las familias, solo les interesan sus ganancias.

Ante la falta de sensibilidad política y la falta de solución a la falta de la vivienda, pero sobre todo a la asignación de los lotes entregados en documentos por la administración morenista anterior nos hemos visto en la necesidad de instalar el plantón por tiempo indefinido en las oficinas del INDIVI, con el único propósito de que las familias que carecen de un pedacito de tierra tengan para edificar su patrimonio familiar. Esto trae consigo que muchas personas juzguen a estas familias de vividoras o de querer todo gratis e intenten alejarlos de nuestra organización con calumnias. Aclararnos, solo exigimos lo que por ley corresponde y de un logro que la administración anterior resolvió en favor de los que menos tienen.

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