Ya se informó en días pasados que, luego de tres manifestaciones simultáneas en distintas ciudades de Baja California Sur, ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista consiguieron que tanto el gobierno estatal como el Ayuntamiento de Los Cabos agendaran reuniones para responder a demandas planteadas hace años.
Si las autoridades no cumplen sus compromisos, la organización popular tendrá que intensificar su lucha pacífica para exigir soluciones a demandas urgentes.
Son positivas las innegables transformaciones que la conciencia nacional, en general, ha experimentado o, cuando menos, exhibido durante los últimos años. La ciudadanía, pues, apoyándose en la Constitución general de la república —que consagra en su artículo noveno el derecho a la reunión y manifestación pública de los ciudadanos para formular una petición o protestar contra un acto de autoridad, con la condición de que no se profieran injurias contra esta ni se haga uso de violencia o amenazas para intimidarla— viene exigiendo sus derechos.
De la existencia misma de este derecho se desprende que el constituyente sí aceptó como legítima la presión que los ciudadanos pueden ejercer, a través de su número y de la razón que les asiste, manifestada públicamente, para lograr que una autoridad determinada los escuche y resuelva en su favor, cuando esté de su parte el derecho y la racionalidad.
Dicho de otra manera, la Constitución no condena todo tipo de presión, sino solamente aquella que se ejerce a través de la violencia y la amenaza. Esto hace necesarios drásticos cambios en el quehacer político de los funcionarios que nos gobiernan. Ya vemos que, en el caso de varios de los funcionarios de BCS, no se están poniendo a la altura de este entendimiento.
No es ningún secreto, en cambio, que muchos funcionarios públicos tienen y practican una idea distinta de la cuestión. Su concepción autoritaria del ejercicio del poder les hace ver en toda manifestación pública un verdadero desafío, no solo a su propia autoridad, sino incluso a la autoridad completa del gobierno.
Para este tipo de funcionarios, recibir una comisión de ciudadanos que encabece una manifestación, escuchar sus quejas y peticiones, pero, sobre todo, resolver favorablemente sus demandas, no solo les parece una humillación que les causa urticaria por varios días, sino una afrenta a su persona.
Y no tienen por qué tomarlo de esta manera. Las peticiones concretas de vivienda, educación y obras y servicios que ha planteado la lucha del Movimiento Antorchista en BCS para las familias están plenamente justificadas desde hace mucho. ¿Pero qué vemos?
Que, de manera sistemática, van alargando las simples mesas de diálogo, “compromisos” y fechas que no se cumplen. ¿Será necesario que la lucha antorchista en BCS se incremente? La realidad nos lo dirá en pocos días.
Hoy que escribo estas líneas, nos notificaron que el compromiso del día 12 de marzo, hecho por el coordinador de gobierno municipal de Los Cabos, Jesús Pedraza, en las oficinas de la representación del gobierno en Cabo San Lucas, no se cumplirá una vez más.
¿Cuál era ese compromiso ante los manifestantes? Que el lunes 17 nos recibiría el presidente municipal, el arquitecto Christian Agúndez, pero hoy nos dicen que, por motivos de “agenda”, nos recibirán hasta el próximo viernes a las 2 p. m. Estaremos atentos para que se lleve a cabo este nuevo compromiso. De no ser así, como ya se mencionó, la realidad nos dirá si intensificamos nuestra lucha legal. La otra reunión programada es el próximo miércoles 19 con el secretario general de Gobierno.
Por lo pronto, la reflexión está clara: si continúa esta tendencia de no atender a la ciudadanía, esta concepción de la relación entre el poder y el derecho ciudadano de manifestación y petición no solamente es claramente nugatoria de estos mismos derechos, sino que podría transformarlos, equivocadamente, en graves delitos en contra de la paz pública, el respeto a la autoridad y la estabilidad del sistema, convirtiéndolos así en una espada de Damocles que pende amenazadora sobre la cabeza de quienes se atreven a ejercer los derechos de manifestación y petición.
Es precisamente, como todo el mundo sabe, de esta concepción autoritaria del ejercicio del poder de donde ha brotado la frase favorita de funcionarios antidemocráticos con la que justifican aún sus más absurdas negativas a atender las peticiones ciudadanas: “El gobierno no negocia bajo presiones”. Esperemos que estos temores no se hagan realidad en Baja California Sur.
En lo que respecta a los antorchistas, a su educación política entre las masas, seguiremos insistiendo en la comprensión de la realidad, en el reconocimiento de la existencia de clases sociales, de los intereses de los poseedores y las verdaderas aspiraciones de los desposeídos, en la identificación de las trampas que los elementos oportunistas implementan para esconder sus verdaderas intenciones y en el daño que ellos provocan entre el pueblo con su demagogia y su falta de principios.
Todo esto ayudará a consolidar la conciencia de quienes han comprendido que, para cambiar de raíz los problemas de los pobres, es necesario desarrollar una lucha prolongada y permanecer organizados y vigilantes de los avances de esta lucha.
Pues bien, si es verdad que el gobierno y sus funcionarios, a la luz de los cambios políticos ocurridos en los últimos tiempos, reconocen que es necesario abrir las puertas a una mayor participación ciudadana en la vida política y social del país, que el ciudadano común y corriente, solo u organizado, no solamente puede, sino aún debe, tomar parte en las decisiones que afectan su vida y la de su comunidad, es preciso que los funcionarios, desde el más encumbrado hasta el más humilde, dejen de considerar las manifestaciones públicas de los ciudadanos inconformes como actos subversivos y comiencen a verlas como una saludable sintomatología que les permitirá, de ahora en adelante, detectar los males y ponerles el remedio oportuno y efectivo que estos requieren.
El funcionario público debe saber y aceptar, a partir de ahora, que la “presión” que ejercen los ciudadanos mediante la reunión y manifestación pública no es ilegítima ni mucho menos un delito que deba ser sancionado, sino justamente uno de los pocos recursos reales y efectivos que la ley les concede para luchar contra la distorsión del derecho y la injusticia.
Los funcionarios mexicanos, pues, entre otros muchos ajustes que deben hacer a sus concepciones y conducta pública, deben aprender a negociar y resolver “bajo presión”, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos de legalidad y racionalidad necesarios.
Por todo esto, mi llamado a mis compañeros, amigos, estudiantes, colonos, etcétera, es a que veamos como indispensable la educación política del pueblo; así como un ejército convencional, el pueblo debe pertrecharse con las armas ideológicas y con el conocimiento de sus derechos constitucionales como herramienta teórica que le permita enfrentar con éxito las diferentes situaciones concretas del antagonismo de clases, con la seguridad plena de que la lucha del pueblo es justa y necesaria.
Quien sostiene al mundo son los trabajadores, y tienen que ser atendidas sus demandas. Sería otra grave deficiencia que el gobierno siga indiferente ante la ciudadanía cuando esta tenga que volver a movilizarse, gastar recursos, pedir permisos laborales y hacer esfuerzos extraordinarios para reactivar la respuesta de las autoridades. Pero, sin duda, lo haremos con mayor energía si esto fuera necesario, y estamos dispuestos a repetir las movilizaciones cuantas veces sea necesario.
Incrementar las medidas de lucha está en nuestra cancha. Avanzar en la solución de las principales demandas —que incluyen la entrega de lotes para que miles de familias puedan construir una vivienda, la edificación de aulas y la dotación de servicios para la preparatoria Moctezuma Ilhuicamina en Cabo San Lucas, así como obras, servicios y regularización de diversas colonias populares— está en manos de los funcionarios responsables de dar solución.
Nos mantendremos atentos a las respuestas de las autoridades. Si no hay avances importantes, el pueblo tendrá que incrementar su lucha con acciones legales y pacíficas, pero firmes y combativas. Al tiempo.
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