Ya tiene muchos años que expiró el Banco de Crédito Rural que apoyó a los campesinos mexicanos sobre todo con créditos de Avío para la compra de los insumos necesarios para la producción de maíz y frijol, dejándolos prácticamente desamparados. Con su desaparición los campesinos enfrentan cada año el problema de conseguir recursos para la compra de los insumos, principalmente el fertilizante, pues bien se sabe que las tierras, independientemente del régimen de lluvias, han perdido su capacidad nutritiva para alimentar a la planta y por lo tanto se necesita restituir los principales elementos químicos indispensables para los cultivos como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio principalmente. He escuchado a varios funcionarios de las dependencias dedicadas a apoyar a la agricultura y ganadería decir que los campesinos utilizan mal sus recursos aportados por el gobierno, como el Procampo, que es un recurso que se entrega al campesino cada año, pero se olvidan que este recurso se instituyó para paliar las pérdidas que el productor tiene al competir mundialmente con los productores de otras naciones al aprobarse el ahora moribundo Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir lo ocupa para completar su exiguo gasto, para su consumo doméstico y nada más, por lo tanto se enfrenta cada año con la falta de disponibilidad para adquirir los fertilizantes.
Ante el problema de que la gran mayoría de los campesinos ejidatarios y pequeños productores, que trabajan en tres hectáreas o menos, debido principalmente a su pobreza y a los altos costos de producción en su parcela, carecen de recursos para la adquisición del fertilizante, la SAGARPA y las dependencias agropecuarios de los estados han implementado como es la obligación del gobierno (como lo hacen otras naciones de apoyar la producción primaria), diversos programas que dotan a los productores del fertilizante, pero estos son falsas y totalmente insuficientes ya que en primer lugar están antecedidas de una enorme burocracia enredosa y complicada creada con el único propósito de racionar el fertilizante o de entregarlo políticamente, como se prevarica con todos los programas sociales que dotan de cantidades y fórmulas no adecuadas y además lo suministran cuando los cultivos ya no lo necesitan, todo esto no viene a resolver el problema, sino a complicarlo todavía más, pues el campesino fertiliza a destiempo y con una fórmula impropia, que más de las veces sólo viene perjudicar a las tierras, pues parte de ese fertilizante no se utiliza, consiguiendo a veces efectos contraproducentes, o que es peor lo malbarata y ya no lo utiliza corrompiendo a los campesinos.
Este problema, a pesar de ser bien conocido por los funcionarios de la Sagarpa, éstos no han hallado la forma de cómo resolverlo, la burocracia alta mediana y pequeña, se muestra incapaz e indolente lo que revela claramente que la política agropecuaria del estado en general, no tiene interés alguno en atender a los campesinos minifundistas, su enfoque está dirigido solo a los grandes y buenos productores, y a la importación de los granos básicos como el maíz para el consumo nacional, pero se olvidan que hay una gran masa de productores de estos granos, que en mucho ayudarían a combatir la importación que pone en grave peligro la soberanía alimentaria del país, pero que además esta masa se empobrece cada día aún más y muchos de ellos abandonan, rentan o venden sus tierras pasando a engrosar el número de los desempleados y aumentar en gran medida la pobreza, fuente de la violencia, que después todo mundo se lamenta. Mucho apoyarían los funcionarios que tienen en sus manos los siempre insuficientes recursos para los campesinos si estos se destinaran a tiempo y en forma apropiada, mucho ayudarían a reestablecer el famoso tejido social del que todos se llenan la boca pero que no hacen lo procedente para lograrlo, si los técnicos y funcionarios menores (algunos lo hacen tímidamente) realmente presionaran y hasta lucharan por lograr que se atienda a tiempo y bien a los campesinos, pero por el contrario, se benefician con las corruptelas, con la politización del fertilizante y de otros apoyos para conseguir votos u otras canonjías como se ha venido haciendo hasta ahora, los efectos están a la vista, poca producción, tierras infértiles, recursos desperdiciados, pobreza y sobre todo campesinos decepcionados y hasta resentidos con el poder del estado caldo de cultivo excepcional para la llamada delincuencia organizada.
Se necesita un cambio radical de la política de asignación de recursos, funcionarios y técnicos con una visión nacionalista y comprometida con los pequeños productores, población abundante y necesaria para la economía mexicana y para la soberanía alimentaria y si no seguirán los campesinos como los antorchistas del Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, y Puebla movilizándose hasta obtener justicia.
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