En 2017 se editó en español el libro sobre la desigualdad “La Gran Brecha”, del premio Nobel de Economía 2001 Joseph E. Stiglitz, obra en la que afirma, con conocimiento de causa, que el motivo de la gran recesión y la crisis mundial ocasionada por la burbuja financiera del 2008 en su país, fue precisamente la concentración de la riqueza en el 1% de la población, la cual se beneficiaba, además, de las políticas públicas de la administración en turno, al no ser sujetos de impuestos, cuestión que, a su juicio, es una forma efectiva de subvencionar, con dinero contante y sonante de los impuestos que paga la población en general, al sector más rico de ésta.
Esta afirmación, fundamentada por Stiglitz, aclara que uno de los pilares sobre los que se asienta la pobreza es la desigualdad en el reparto de la riqueza social, sobre la cual influyen de manera poderosa las políticas públicas, como es el pago de impuestos para el funcionamiento del aparato gubernamental y el desarrollo social necesario a cargo de éste, como la obra pública, los servicios, el desarrollo económico, el empleo, etc.
Hoy ya poco se habla de esto porque pasó de moda el sobresalto de los poderosos de la tierra que mereció por esos años hasta un pronunciamiento del Foro Económico Mundial de Davos, alarmado por la altísima y peligrosa concentración de la riqueza en “el 1 por ciento del 1 por ciento de la población”, con más de la mitad de la riqueza mundial. Ahora sus preocupaciones se concentran en cómo doblegar a China, Rusia y otros países emergentes, por todos los medios a su alcance, incluida la amenaza de la guerra nuclear, para evitar la multipolaridad que implica el fin del poder hegemónico de una potencia imperialista sobre los territorios y población de todo el globo.
Sin embargo, la tesis de Stiglitz no ha dejado de ser fundamental, ni ha perdido vigencia, y ahora podemos ilustrarla palmariamente en nuestro caso los mexicanos con el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos 2024, enviado hace días por el ejecutivo para su aprobación en la cámara de diputados, porque tal como lo sufren a diario las grandes masas empobrecidas del campo y de la ciudad, el país está en peores condiciones que antes con el PRI y el PAN en materia de obras, servicios y seguridad pública, a tal grado que, para poder retener el poder, este gobierno se prepara para repartir más dinero de manera directa a quienes considera susceptibles de hacerse al lado de su causa sin importar que como consecuencia del despilfarro improductivo, el país naufrague en la marginación, la pobreza, el subdesarrollo y la deuda pública, la cual ahora se pretende incrementar en más de 1 billón (un millón de millones) de pesos, que obviamente, tendremos que pagar entre todos.
El aumento en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno federal a determinados programas “prioritarios” del gobierno, vuelve a afectar de manera sensible cuestiones elementales para la vida de los mexicanos, y el bienestar real de las familias, como es el abasto de medicinas, la atención a la salud por la falta de personal médico suficiente y el abandono de la infraestructura que afecta a los más pobres; así como la eliminación de las guarderías y las escuelas de tiempo completo, la investigación científica y tecnológica que sirven para impulsar el desarrollo del país, incluso, el brutal recorte al presupuesto de estados y municipios que dependen, en su mayoría, hasta en el 80% de las aportaciones federales, recorte que imposibilita el desarrollo social y de infraestructura urbana de éstos, aunque a cambio, se les otorgue como premio de consolación, de manera selectiva y condicionada, a algunos de los habitantes, un poco de dinero en efectivo de las contribuciones de todos, que además es insuficiente para cubrir las necesidades personales o familiares, y no sirven para suplir la falta de desarrollo en las comunidades, como el agua potable, la energía eléctrica, los drenajes, programas de vivienda, etc.
De aquí surge una pregunta obligada: ¿Por qué un gobierno que se dice cercano a los pobres no ha adoptado, ni adoptará ya al final de su mandato una medida efectiva que se conoce de antaño y hace rato que es aceptada hasta por los economistas del sistema como válida y necesaria para evitar la concentración excesiva e irracional de la riqueza en pocas manos? ¿Por qué no se hace a pesar de que se sabe que es causante de pobreza y los sufrimientos que lleva aparejados para la inmensa mayoría de la población? ¿Por qué no hacer que contribuyan más los que ya de por sí concentran una mayor porción de riqueza social y que, por eso mismo, sus volúmenes de ingresos son desproporcionadamente mayores al común de los ciudadanos, como lo recomienda Stiglitz, con lo que, además, no sólo aumentaría significativamente el volumen de lo recaudado por el gobierno para no estar en déficit, sino que haría más justa y ligera la carga sobre las espaldas de los pobres? La respuesta es sencilla: porque este gobierno no tiene entre sus planes acabar con la pobreza, sino conservarla para hacer de los pobres sus clientes políticos, que le garanticen perpetuarse en el poder.
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