MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Nuevas autoridades en Yucatán, ¿llegó el cambio?

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Desde las primeras horas del 1 de septiembre, autoridades municipales electas en Yucatán, así como dos consejos municipales para el periodo 2024-2027, tomaron posesión de su cargo y se dispusieron a ejercer su autoridad en sus municipios. Treinta y tres alcaldes que consiguieron la reelección y 71 electos prometieron un cambio, una forma diferente de gobernar. Pareciera que aires de bienestar y prosperidad soplan en la entidad, y que los nuevos gobernantes se disponen a dejar lo mejor de ellos en el intento.  

Por primera vez, unas elecciones dejan tan repartidas las presidencias municipales que hoy quedan distribuidas entre ocho fuerzas políticas: 32 para el Partido Acción Nacional (PAN); 29 para Movimiento Regeneración Nacional (Morena); 20 para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); diez para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); seis para Nueva Alianza Yucatán, cinco para el Partido del Trabajo (PT) y una para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

El cambio verdadero será una realidad cuando las cosas para los desamparados de siempre cambien para bien: empleo bien remunerado, una vivienda digna, servicios básicos dentro y fuera de su vivienda.

En Izamal y Chichimilá se integraron dos consejos municipales provisionales, donde tentativamente, a mediados de noviembre, se realizarán elecciones extraordinarias (Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana).  

Yucatán, a diferencia de elecciones anteriores donde la lucha por el poder se daba principalmente entre el PRI y el PAN, vive tiempos “democráticos”. En cada municipio, la gente tuvo más propuestas hechas por los distintos partidos y coaliciones, y el resultado salta a la vista.

Habrá que decir aquí que los resultados muestran la decepción de la ciudadanía hacia los viejos partidos y gobernantes, y esto es cada vez mayor, así como la búsqueda de una opción nueva en la cual confiar.  

Pues bien, todos queremos y deseamos que a los yucatecos les vaya mejor con las nuevas autoridades, que se atiendan añejos problemas que laceran sus condiciones de vida y que se haga realidad eso de gobernar de manera diferente; es decir, que las necesidades de la gente pobre dejen de ignorarse y se resuelvan cabalmente, tal como se necesita y no se ha querido hacer nunca.  

Sin embargo, para que eso suceda, hace falta verdadera sensibilidad social y oficio político, conocimiento e identificación con los problemas más sentidos y de mayor impacto sobre las grandes mayorías de la población, y una voluntad a toda prueba para enfrentar dichos problemas y darles una solución acorde con los intereses de esas mayorías.

La pobreza, la ignorancia, la insalubridad, la falta generalizada de servicios básicos, de fuentes de empleos y salarios decorosos, no se pueden resolver con buena voluntad o con palabras.  

Pero para enfrentar con éxito esa situación, no basta solamente la disposición, compromiso y buena fe de los nuevos funcionarios; se necesita de la decisión indoblegable de los yucatecos pobres para que esto se haga realidad. Se necesita plantear y exigir de manera organizada y contundente el cumplimiento de cada uno de los compromisos contraídos en campaña.  

El verdadero cambio no es el cambio de partido o de político que nos gobierne; el cambio verdadero será una realidad cuando las cosas para los desamparados de siempre cambien para bien: empleo bien remunerado, una vivienda digna, servicios básicos dentro y fuera de su vivienda, servicios de educación y salud para su familia, espacios deportivos y de esparcimiento, por mencionar algunos.  

Yucatán sigue siendo un estado donde persiste la pobreza; ocupa el lugar 14 entre las demás entidades del país con un 38.8 % por arriba de la media nacional que fue de 36.3 %.

A pesar de que los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dicen que de 2020 a 2022, los porcentajes de pobreza en la entidad se redujeron significativamente, un millón 637 mil 700 yucatecos (más de la mitad de la población) padecieron al menos una carencia social en 2022.  

Por eso es importante ver cuál es el cambio prometido que se operará con los nuevos gobiernos municipales. Para eso, los ciudadanos no pueden sentarse a esperar que los beneficios toquen su puerta, porque ningún funcionario, ni ayuntamiento, sea cual fuere su origen, será garantía suficiente del bienestar de las masas empobrecidas.  

Los yucatecos, los pobres en particular, deben saber que su número es valioso en tanto se unan, y de manera organizada y educada, exijan la materialización del cambio prometido por sus autoridades, caso contrario, tomar las riendas del poder político en sus manos para lograrlo.

Quienes estamos organizados en el Movimiento Antorchista, acudiremos en comisión a cada una de las presidencias municipales en donde tenemos presencia, para exponer a las nuevas autoridades la problemática que sufren los yucatecos adheridos a nuestra organización. 

Lo haremos de manera respetuosa pero enérgica, toda vez que son problemas urgentes de resolver: vivienda, regularización de colonias, pavimentación de calles, ampliaciones de energía eléctrica y agua potable, servicios públicos y educativos, entre otros.  

Por lo pronto, iniciaremos estas comisiones el martes 17 de septiembre en Kanasín, el jueves 19 en Mérida, el martes 24 en Valladolid y el 26 del mismo mes en Tizimín.  

Compañeros antorchistas, los llamo para que acudamos con mucha decisión y energía a las presidencias municipales correspondientes a entregar el listado de necesidades que los aquejan y puedan ser consideradas en el plan de obra municipal a desarrollar por las nuevas autoridades que prometen una nueva forma de gobernar.

Saben ustedes que no pedimos lujos, pedimos apenas que se resuelvan las demandas elementales para vivir una vida decorosa y humana.  

Nos asisten los derechos de asociación pacífica, petición y manifestación pública, consagrados en los artículos 6°, 8° y 9° de la Constitución Política para todos los mexicanos. Negarlos o reprimirlos sería un abuso de poder no acorde con los tiempos que se viven en nuestro estado ni a la forma diferente de gobernar que las autoridades en turno han prometido.  

Que ninguno de los convocados falte.  

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