Los habitantes del estado de Guerrero, cada año, están acostumbrados a la amenaza constante de huracanes y tormentas tropicales. Estos fenómenos naturales son, por definición, difíciles de prever en términos de intensidad y trayectoria, pero su recurrencia en la región es innegable. Por lo tanto, es lógico y razonable esperar que las autoridades locales, estatales y federales tomen medidas preventivas para proteger a la población y minimizar los impactos devastadores. Sin embargo, en una lamentable repetición de la historia, el gobierno del estado de Guerrero y los ayuntamientos de la Costa Grande, han demostrado una su falta de previsión y respuesta en momentos críticos.
La tormenta tropical Max, que azotó a la ciudad de Acapulco, a sus comunidades, y a varios municipios costeros en días recientes, se convirtió en un trágico recordatorio de la negligencia gubernamental. La población no fue debidamente informada sobre la gravedad de la tormenta, ni se prepararon albergues para su posible uso en caso de desastre. No se implementaron evacuaciones en las zonas de mayor riesgo, y el resultado es lamentable..
Max dejó un saldo de dos personas muertas, una persona lesionada y tres rescatadas. Los daños incluyen cortes en carreteras, caída de árboles, inundaciones en viviendas, daños estructurales en infraestructura vital y comunidades incomunicadas y sin energía eléctrica. Esta tragedia pudo haberse atenuado con una respuesta gubernamental eficaz y una adecuada preparación.
Guerrero ha sido un blanco constante de desastres naturales durante décadas, y, lamentablemente, los gobiernos en turno, no han tomado las medidas necesarias para prepararse para estos eventos. Las comunidades afectadas por las tormentas tropicales Max y Lidia se enfrentan ahora a una situación desesperada, mientras los líderes gubernamentales parecen estar más ocupados en otras cuestiones.
La falta de recursos destinados a enfrentar desastres naturales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), solo agrava la situación. La población no debe culpar a la madre naturaleza por sus desgracias, sino a los funcionarios y autoridades que actúan como si la vida de los guerrerenses careciera de importancia.
El Antorchismo exige una pronta y efectiva atención a la crisis y emergencia que cientos de familias requieren en estos momentos, que los esfuerzos sean efectivos y el apoyo para resarcir los daños a los danmificados lleguen a tiempo y en cantidad suficiente a las numerosas comunidades afectadas. La situación en Guerrero es una llamada de atención para reconsiderar la gestión gubernamental y la necesidad de cambios significativos en la preparación y respuesta ante desastres naturales.
Es urgente que el gobierno de Guerrero invierta en infraestructura resiliente, desarrolle planes de respuesta a emergencias y capacite a su personal para enfrentar situaciones de esta magnitud. Las vidas y el bienestar de los habitantes de Guerrero no pueden seguir siendo víctimas de una falta de acción gubernamental. La tormenta Max nos ha dejado una lección más que no debemos ignorar: la protección de la población ante desastres naturales debe ser una prioridad, y la inacción gubernamental no es una opción aceptable.
El Movimiento Antorchista llama a la población de Guerrero a organizarse para exigir al gobierno que implemente un verdadero plan de acción. Antorcha sostiene: la única forma de prevenir tragedias como la que ocurrió en Guerrero es la organización de la población.
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