El pasado lunes 27 de abril el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envío al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que la Secretaría de Hacienda, es decir, el presidente, pueda reorientar recursos previamente asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos a "mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal en época de emergencia económica". Se trata de una propuesta que pretende permitir al Poder Ejecutivo disponer de los recursos públicos a su libre antojo lo que es violatorio del orden constitucional, pues la distribución de los recursos públicos y su fiscalización es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados, según el artículo 74 de la Constitución General de la República. De esta manera y con el pretexto de la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador pretende dar un golpe de Estado al Poder Legislativo, concentrando cada vez más el poder en un solo individuo y poniéndonos un paso más cerca de la dictadura absolutista.
Si lo que realmente quisiera el presidente fuera hacer ajustes al PEF autorizado en diciembre pasado para preservar la vida de los mexicanos frente a la pandemia, no necesita hacer una reforma a la ley de carácter permanente, pues la misma Constitución Política establece los mecanismos necesarios para actuar en caso de que se presente una situación que ponga en grave peligro a los mexicanos, decretándose, por ejemplo, el Estado de Excepción, constreñido en el artículo 29. Mediante el cual el Congreso o en su defecto la Comisión Permanente otorga, por un tiempo estrictamente determinado, facultades extraordinarias al presidente de la República, dígase, reasignar los recursos públicos a rubros más urgentes de atender. En ningún otro caso, "se pueden reunir facultades exclusivas de dos poderes autónomos en uno solo" (artículo 49 constitucional). De esta manera, una reforma como la que propone el presidente es innecesaria y hasta aberrante desde el punto de vista estrictamente jurídico.
Se trata en realidad de preparar el terreno, para que en el futuro el presidente pueda, argumentando una crisis económica (que la iniciativa no se toma la molestia de definir con claridad), hacer a un lado a la Cámara de Diputados y disponer a su antojo de los recursos públicos de todos los mexicanos para sus propios proyectos personales. Adelantándose además a la posibilidad de que en 2021 pierdan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque la gente debido a su pésima gestión ya no vuelva a votar por los candidatos de Morena (recuérdese que menos del 50% de los mexicanos está conforme con la gestión de López Obrador). Y aún en un escenario adverso, el presidente asegure la continuidad de sus prioridades.
Y es que no se piense que la idea es reasignar dinero público a la compra de insumos y equipamiento médico en los hospitales del país para salvar la mayor cantidad de vidas posible o que se quiere atender la petición de millones de mexicanos que claman por ayuda alimentaria debido a que se han quedado sin dinero y pasan hambre en sus hogares. No, para nada. Lo que se pretende es seguir mandando carretadas de dinero al financiamiento de los proyectos faraónicos del sexenio: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto "Felipe ángeles", el Corredor Interoceánico, entre otros, que todos los economistas respetables de México y el mundo ven como proyectos sin futuro y que no serán redituables económicamente. Además, se busca asignar más recurso a la operación de compra de votos a través de los "programas sociales de Bienestar", cuyo padrón es integrado y manejado de manera totalmente discrecional por activistas de Morena. Ese es el fondo, asegurar las acciones prioritarias, electoreras, clientelares y demagógicas del presidente López Obrador.
Todo indica que la reforma será aprobada por la mayoría legislativa de Morena. Los diputados morenistas han demostrado más de una vez que actúan más como empleados del presidente que como verdaderos representantes populares, como defensores del pueblo y sus intereses, como legalmente están obligados. Con lo que estarán nulificandose a sí mismos como contrapeso efectivo al peligro de la concentración unipersonal del poder, siendo cómplices del golpe de Estado, traicionando la encomienda que e l pueblo les ha entregado. En una verdadera democracia se esperaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, tumbara la modificación a la ley, por ser abiertamente inconstitucional. Pero desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador se encargó de subordinar a la Corte bajo su bota, poniendo como ministros a morenistas incondicionales y amenazando con la cárcel al resto.
La única defensa real que le queda al pueblo frente a los deseos absolutistas del régimen de la 4T es su fuerza organizada. Precisamente la represión contra los derechos de organización, gestión, libre petición, protesta pública y manifestación de las ideas, que permanentemente hace el presidente, constituyen la mejor prueba de que vamos camino a la dictadura. Y mientras López Obrador utiliza el terror y la fuerza para someter o desarticular a sus opositores políticos, el pueblo trabajador debe aferrarse y defender su derecho a organizarse.
Solo la clase trabajadora organizada, la que con sus manos crea la riqueza social, la inmensa mayoría de este país, puede frenar los abusos del poder. Por ello, la invitación a todos los sectores democráticos y progresistas de México, a los empresarios, intelectuales, políticos, profesionistas, etc., es que se sumen a esta enorme fuerza popular haciendo a un lado todos sus prejuicios, de lo contrario, tarde o temprano serán víctimas también de los abusos dictatoriales de la 4T. Antorcha Revolucionaria, la organización popular más grande del país, está dispuesta a aportar todo su capital político a esa gran alianza nacional. Aún estamos a tiempo, después quizá ya sea tarde.
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