A estas alturas de la administración de la 4T, pese a su discurso contradictorio que se caracteriza por la constante demagogia de primero los pobres y su falsa lucha contra la corrupción, es evidente, a todas luces, que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador rehúye reiteradamente a su responsabilidad para atender las necesidades más apremiantes que afectan al pueblo trabajador de México, que lo sumen en la pobreza.
López Obrador demuestra que sus intereses reales son mantener el poder, cueste lo que cueste, para seguir beneficiando a las clase explotadora y rica del país, y contener en la pasividad y desmovilizado a una porción mayoritaria del pueblo sumido en la ignorancia.
En este contexto se destaca que, debido al abandono institucional y la informalidad de las acciones y programas sociales del gobierno de la 4T, así como la precaria ejecución, la falta de planificación y de gestión del riesgo en las políticas públicas de protección civil, son algunas de las razones que se esconden detrás de los miles de afectados por los fenómenos naturales catastróficos de los últimos años, entre los que han registrado casos fatales.
En esta ocasión, la irresponsabilidad de López Obrador se observa en la falta de interés por atender preventiva y oportunamente los daños que se pudieran ocasionar al patrimonio, vivienda, salud, seguridad, infraestructura y bienestar en general de la población más vulnerable y en condiciones de marginalidad ante la ocurrencia de desastres naturales en nuestro país; esta es una situación de suma relevancia en nuestros días, ya que, por una parte, en la actualidad diferentes instituciones y agencias meteorológicas internacionales prevén en este 2022 una actividad de fenómenos hidrometeorológicos por encima del promedio, lo que anuncia una temporada de huracanes muy intensa, y por el otro, la extinción, en el 2021, del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), mediante el cual se transferían recursos a los gobiernos de los estados para mitigar los daños ocasionados alguna contingencia natural.
De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la temporada de huracanes 2022 inició el 15 de mayo para el Océano Pacífico y el primero de junio en el Océano Atlántico, para finalizar ambos el 30 de noviembre, considerando que los meses de agosto, septiembre y octubre alcanzará su periodo cúspide.
Asimismo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (EE. UU.) (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que esta temporada estará por encima del promedio, trayendo de 14 a 21 tormentas tropicales con nombre; de estas, se anticipa que entre 6 y 10 se fortalecerán a huracanes y de 3 a 6 serán de categoría 3 o superiores; cabe resaltar que una temporada de huracanes promedio tiene 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 mayores. Ante lo anterior, el sentido común nos indicaría que quienes vivimos en zonas costeras debemos estar preparados, preventivamente, ante los riesgos y peligros que se puedan originar, pero con mucha mayor responsabilidad los encargados de dirigir la política pública del país y de garantizar el bienestar social de los mexicanos.
No obstante, el sentido común no basta, la historia nos enseña que México es susceptible de recibir frecuentes afectaciones por desastres naturales, al respecto, Nelly Roldán, documentó en Animal Político que “debido a desastres naturales ocurridos en México durante dos décadas han fallecido 10 mil 626 personas, mientras que las pérdidas económicas han sumado 576 mil 311 millones de pesos, y 59 millones de personas han resultado afectadas, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)”.
También, según cálculos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con base a datos del Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático (INECC), de 2000 a 2020, entre las pérdidas materiales también se registran 2 millones 103 mil viviendas dañadas, 41 mil 405 escuelas y mil 874 unidades de salud. De ese periodo de tiempo, 2010 ha sido el más catastrófico con pérdidas de 92 millones de pesos, 227 mil viviendas dañadas, 4 mil 401 escuelas y 405 unidades de salud, además de afectar a 2 millones de personas.
Esta situación, es de suma importancia para los mexicanos, ya que existe un riesgo latente por lo que debemos estar precavidos, esto también representa un reto para el gobierno que encabeza López Obrador, que de ocasionarse una contingencia por desastre natural tendría que destinar recursos públicos para la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las emergencias que se deriven. Pero esto ya no sería posible, toda vez que desde el 2 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se extinguen los fideicomisos públicos, como parte de la política de austeridad republicana de la autonombrada Cuarta Transformación; con este decreto se eliminan 109 fideicomisos que estaba enfocados a tareas como la atención de víctimas de la violencia, la promoción de la ciencia y la cultura, y la atención de desastres naturales como es el caso del FONDEN, entre otros.
El argumento de López Obrador fue que había corrupción al interior de estas instituciones y que había elementos suficientes para sostener que era una caja chica para funcionarios que hacían usos indebidos de los recursos, ante una emergencia, los cuales no se sometían a procesos de licitación, acusaciones que hasta la fecha no se han acreditado; por el contrario, en la actual administración federal morenista existen millones de pesos que son ejercidos discrecionalmente (sin procesos de licitación) y sin reglas de operación claras, y por los que no se rinden cuentas transparentes, pero ese no es el tema.
Más allá de la discusión de forma, sobre la transparencia, controles y seguimiento para el correcto ejercicio de los recursos públicos, que debiera ser lo que se estuviera analizando y mejorando por los emisarios de la Cuarta Transformación, el problema fundamental es de fondo, y eso se escapa a la miopía política del presidente, esto porque no están considerando que quienes más padecen las consecuencias de los desastres naturales es la población más pobre, vulnerable y marginada.
Al respecto, Alejandro Santos, en El País (octubre de 2021), revela que de los desastres naturales que han golpeado México en los últimos años, es incuestionable que los daños y las afectaciones se han ensañado especialmente con su población más pobre; no solo en México, en el mundo, materialmente esto se verifica analizando el perfil (donde viven, situación social y económica, etc.) de los fallecidos y afectados con mayor crudeza por los desastres naturales, estos tienen en común que siempre son los más pobres.
Diversos expertos señalan que son “la falta de planificación urbanística y de prevención del riesgo, la informalidad de los asentamientos y la pobreza que reina en ellos como algunos de los principales motivos de estas tragedias”, lo que significa, que más que su origen natural, estas tragedias son determinadas por factores sociales, económicos y políticos, es decir, son provocados por la responsabilidad y decisión humana, por tanto, prevenibles.
De esta manera, se coincide en que uno de los principales errores de los gobiernos es la falta de prevención ante la posibilidad de desastres naturales, ya que solamente se atienden los efectos de los fenómenos naturales extremos una vez que ya han ocurrido, cuando la tragedia ya es inminente. Otro error marcado de los gobiernos, y que se hace patente en la Cuarta Transformación, es que se responde ante las consecuencias de desastres naturales a través prácticas asistencialistas que favorecen las clientelas políticas, de tal forma que se haca un usufructo político de las tragedias por estas contingencias, ya que se abusa de la precariedad en que vive la población pobre, situación que se hace más severa ante los desastres naturales, por lo que se considera desde el gobierno que con las migajas asistencialistas que se les brinda ante su situación, el pueblo debe de estar agradecido.
Pero estamos seguros de que conseguir desarrollar una estrategia de prevención de desastres es algo difícil y complejo, ya que los desastres han acompañado siempre a la humanidad, y no podemos evitarlos al 100 por ciento, pero tenemos la responsabilidad como sociedad y como gobierno de estar preparados, de invertir en infraestructuras, sistemas de alerta temprana, concientizar sobre los riesgos, y prevenir medidas presupuestales adecuadas. En este sentido, si bien los recursos que anteriormente se destinaban a través del FONDEN, no solucionaban de fondo esta problemática, hay que reconocer que posibilitaba a los gobiernos federal, estatal y municipales, que en caso de que se presentará algún fenómeno natural catastrófico, pudiesen disponer de forma inmediata con recursos económicos que les permitiera reactivar de forma oportuna la infraestructura pública y atender las necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, seguridad) de la población afectada, que regularmente es la población más pobre del país.
Para sustituir este importante fideicomiso público (FONDEN), en 2021 se creó el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil el cual tiene como objeto apoyar a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y financieras se encuentran rebasadas, para “brindar suministros de auxilio” a la población afectada por una amenaza natural; no hay que ser muy estudiados para observar en esta nueva modalidad de política pública que la diferencia de los apoyos del FONDEN con este nuevo Programa es que para el primero se otorgaban fondos financieros para la rehabilitación de infraestructura, reconstrucción y reubicación de viviendas damnificadas, entre otras aplicaciones, mientras que para el segundo se otorgan apoyos en especie de apoyos asistenciales como despensas, medicamentos, herramientas y equipo, productos de limpieza y aseo personal, para los damnificados, entre otras cosas.
Al respecto, no se explica, en que forma, con este nuevo programa se corrigen las críticas de López Obrador a la operación de los fideicomisos extintos, y tampoco nos queda claro cómo los estados se podrán recuperar a largo plazo con las medias implementadas con el nuevo programa, no obstante, las pretensiones desde el Palacio Nacional sí son evidentes: cualquier recurso que no sea manejado por la federación es opaco, incluso si de ese recurso público dependiese para que una o varias poblaciones pudiesen regresar a la normalidad después de un huracán, de tal forma que queda evidenciada la contradicción con su cuestionado y falso emblema de gobierno: ¿primero los pobres?, y su combate férreo contra la corrupción.
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