En un año, la inseguridad en Hidalgo se incrementó en un 46.2 por ciento, lo que ha llevado a que suba la percepción de inseguridad en los hidalguenses, la cual pasó de 49.3 a 53.1 por ciento con respecto al periodo previo, según reveló la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada el pasado mes de mayo, la cual registra datos de febrero de 2021 a febrero de 2022.
El robo a comercios, a transportistas, así como actos violentos que han ocurrido en Pachuca y en municipios de la zona conurbada han incrementado este año, por lo que los hidalguenses piden que el nuevo gobernador Julio Menchaca Salazar, quien asumirá el cargo en septiembre, atienda el problema y trabaje de forma contundente desde el inicio de su mandato.
De acuerdo con empresarios hidalguenses, esa ola de inseguridad se ha desarrollado desde hace tiempo, pero, el actual gobierno estatal no la ha querido ver y, por tanto, no ha diseñado la estrategia necesaria para combatir el mal porque: “el mandatario actual ya terminó su administración y ya no le importa lo que suceda en Hidalgo… su prioridad es ver por su futuro personal”.
Es más, en su momento, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos Méndez Tejeda, declaró públicamente al diario Milenio: “nos dicen que estamos en uno de los estados más seguros y yo no lo veo así”.
La inseguridad en Hidalgo no solo ha pegado a restaurantes y negocios de Pachuca, también la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en el estado, Alicia Rodríguez Martínez, manifestó a Milenio que las quejas sobre robos perpetuados a negocios ha incrementado de un 20 a 30 por ciento en este primer cuatrimestre del año: “nunca habíamos tenido estos problemas de inseguridad como lo que estamos viendo en la ciudad y en otros lugares como en Sahagún, en donde algunas empresarias me han reportado que la delincuencia les cobra derecho de piso”.
Asimismo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Alberto Paredes Dueñas, señaló que el incremento de la inseguridad en carreteras también ha sido latente durante este año, pues las unidades de carga de empresas hidalguenses son asaltadas en tramos carreteros en su recorrido por el Arco Norte, la carretera México-Tuxpan y la vía Tula-Tepeji: “el sector más afectado, informó, es el ramo de transporte, se roban tráileres completos, por ejemplo, de acero”.
El incremento de la inseguridad no solo la perciben y sienten los empresarios: el 76.4 por ciento de los hidalguenses siente inseguridad en los cajeros automáticos instalados en la vía pública; el 70.2 por ciento en el transporte público, el 61.7 en el banco y 58.6 por ciento en las calles por las que transita habitualmente. La encuesta también revela que en los tres primeros meses de 2021, las mujeres percibieron mayor inseguridad que los hombres con porcentajes de 71.1 y 60.4 por ciento, respectivamente.
En este contexto, el actual Gobierno estatal solo ha tomado medidas generales para combatir la delincuencia como incremento de operativos y capacitación a los policías, pero sin que se vean resultados concretos de detención de agresores a la ley y baja del índice delictivo. Algunas voces críticas dicen que eso es porque el gobernador adoptó la inútil estrategia nacional de abrazos no balazos, que tiene al país envuelto en una imparable ola de violencia, pero que es más cómoda porque así no hacen nada.
Lo que sí está haciendo el gobierno hidalguense es encarcelar a luchadores sociales que desde hace muchos años han encabezado gestiones y luchas para llevar obras y servicios a comunidades vulnerables a fin de mejorar las condiciones de vida de miles de hidalguenses dado que, a pesar de los compromisos al respecto, los gobiernos estatales y municipales, no se aplican a atender y dar solución a necesidades de los hidalguenses vulnerables.
¿Qué pensaría Usted si cuando acuda a una convocatoria del secretario de alguna dependencia del gobierno del estado de Hidalgo en lugar de ser atendido por el funcionario público lo reciban policías ministeriales a fin de detenerlo y llevarlo inmediatamente a la cárcel, acusado de un delito que no cometió? ¿Acaso no pensaría que se trata de una emboscada, una acción ruin y represora ejecutada por las instancias judiciales, quienes recibieron órdenes precisas de encarcelarlo a como diera lugar?
Eso precisamente fue lo que pasó con Domingo Ortega Butrón, militante del Movimiento Antorchista de Hidalgo, quien fue detenido y encarcelado el pasado 17 de junio, por haber encabezado una manifestación a una dependencia gubernamental para solicitar solución a necesidades de cientos de pachuqueños.
El día de su detención Ortega Butrón, presidente de la Sociedad Cooperativa de Transportistas del Valle en el municipio de Pachuca, acudió a una reunión convocada por el secretario de Movilidad y Transporte del estado, pero no para entregarle unas unidades que habían sido detenidas por la secretaría luego de una manifestación pública que solicitaba becas para casas del estudiante indígenas, sino para encarcelarlo bajo la acusación del delito de ataque a las vías de comunicación, el cual no cometió como ya lo demostraron sus abogados ante las instancias correspondientes. A pesar de ello, las autoridades lo mantienen en prisión.
Domingo Ortega no es ningún delincuente, es un gestor de obras y servicios para beneficio de sus vecinos pachuqueños y de miles de antorchistas que requieren solución a necesidades de infraestructura que en pleno siglo XXI aun faltan en sus comunidades, como construcción de redes de agua potable, de drenaje, de infraestructura educativa y de salud, pavimentos.
Por ello, los antorchistas de Hidalgo, y del país entero, exigimos que se aplique honestamente la ley y, por tanto, se dé libertad inmediata a un hombre que no ha cometido delito alguno, que es inocente, pero que es víctima de decisiones autoritarias y arbitrarias que buscan castigar a quienes denuncian a los malos gobiernos y exigen que atiendan las necesidades de la gente.
Además de la defensa legal que no se cansará de realizar los procedimientos pertinentes para liberar a Domingo Ortega Butrón, dado que no ha cometido delito alguno, los antorchistas del país tampoco nos cansaremos de denunciar públicamente la represión que se comete en contra de nuestro compañero Domingo y en contra de la organización que desde hace 48 años lucha hombro a hombro con el pueblo trabajador para mejorar sus condiciones de vida y para acabar con las injusticias legales que se cometen en contra de inocentes.
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