Hace unas semanas se concretaron los nuevos planes que López Obrador tenía desde el año pasado para el sistema de salud mexicano: ahora el IMSS-Bienestar se hará cargo de la atención de la población sin seguridad social. Nuevamente hay que preguntarse: ¿será el cambio que nos permita tener un sistema de salud como el de Dinamarca, en las palabras del presidente?, ¿o se trata, otra vez, de un engaño a los trabajadores mexicanos basado en verdades a medias? Para responder a esta pregunta se hará un recuento de las decisiones más importantes que se han tomado desde el gobierno en materia de salud y de las consecuencias que han tenido en la atención de la población mexicana.
El primer cambio se dio en 2019, cuando se modificó la legislación y procedimientos para la compra de medicamentos. Arguyendo corrupción, se eliminó el organismo del IMSS encargado de realizar la compra y sustituyó sus funciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoyada por un organismo de la ONU. Esta centralización federal estuvo acompañada de la separación del proceso de distribución debido al veto de las principales distribuidoras del país, pero sin tener un esquema de distribución alternativo eficiente. El hecho tuvo dos consecuencias importantes:
Por un lado, la escasez generalizada de medicamentos. En 2021 más de 24 millones de recetas no fueron surtidas de manera efectiva, lo que significa un aumento del 31% en comparación con el 2020 y de más del 300% con respecto a 2019, y esto se manifestó con particular virulencia en los medicamentos para los pacientes con cáncer. Hay que aclarar que estos datos no toman en cuenta los datos del INSABI, pues este organismo no rinde cuentas sobre el número de recetas negadas.
Por el otro, el incremento en el gasto de bolsillo, que es el gasto directo de las familias para solventar requerimientos de la atención de la salud. De por sí este gasto ya era alto, pues en México es casi igual al gasto público (cerca del 3% del PIB), lo que significa que el Estado no provee de la atención y medicamentos que requiere su población, sino que se hace de manera privada por las familias. De 2018 a 2020, el gasto de bolsillo promedio por persona incrementó 40% (debido sobre todo a la compra de medicamentos) y resulta más trágico en las personas más pobres: para el primer decil de ingresos, el gasto de bolsillo aumentó 68.3%.
El segundo cambio ocurrió en los primeros días del año 2020, aunque se venía anunciando desde que Morena llegó al poder: la eliminación del Seguro Popular por una institución informe llamada Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). La tarea que se proponía el presidente era cumplir su promesa de campaña de universalización del sistema de salud con medicamentos gratuitos para todos, particularmente para aquellos que no están afiliados a alguna institución de seguridad social. Sin embargo, desde un principio no se realizó un diagnóstico detallado de las fallas y carencias del Seguro Popular más allá de las generalidades de López Obrador resumidas en las palabras “corrupción” y “neoliberalismo”. El INSABI nunca contó con reglas de operación claras y abarcadoras para su implementación hasta después de un año de puesto en marcha, tampoco con mecanismos de financiamiento claros, ni cómo sería la coordinación con las entidades federativas, ni cómo su relación con las instituciones de alta especialidad; menos una discusión sobre el pobre presupuesto público que año con año reciben las instituciones de salud públicas. El proceso se paralizó con la pandemia y esta improvisación ha tenido dos consecuencias relevantes:
En primer lugar, hay un menor acceso efectivo a los servicios de salud, que se manifiesta de manera muy desigual, agudizándose en la población más pobre y marginada. Entre 2018 y 2020, la “carencia por acceso a la salud” se incrementó de 16% al 28% de la población, esto es, de 20.1 millones a 35.7 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Esto también se manifiesta en que las consultas en las clínicas y hospitales del INSABI han caído drásticamente: de 2019 a 2021, las consultas otorgadas disminuyeron 69%.
Y en segundo lugar, durante los dos años de la existencia del INSABI, hubo subejercicios importantes que fueron compensados durante los últimos meses del 2020 y 2021 para simular gasto público, pero que solo representan, en realidad, una transferencia al Fondo de Salud para el Bienestar, el cual destaca por su opacidad. Estas simulaciones alcanzan cerca del 50% del total ejercido por el INSABI durante los dos años de su operación.
Y el tercer cambio lo estamos viendo ahora: la sustitución del INSABI por el IMSS- BIENESTAR. Sin decirlo claramente, se acepta que el INSABI no funcionó y se le relega al papel de abastecedor de equipo médico. El objetivo de esta reforma es federalizar los servicios de salud para la población sin seguridad social y para ello se centralizarán los hospitales a cargo de los gobiernos de los estados para convertirlos en hospitales del IMSS-BIENESTAR. Es decir, ahora prácticamente todo el sistema de salud estará coordinado por el IMSS, para las personas que cuentan con seguridad social y las que no. La expansión de las capacidades de esta institución adolece de los mismos errores de su antecesor, con ciertos agravantes, entre ellos:
Que la centralización de hospitales y clínicas ya está ocurriendo efectivamente en el estado de Nayarit, que es el estado piloto, sin haber reglas de operación claras y de coordinación con los estados y sin la partida con el monto necesario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para llevar a cabo el programa, aprobado por la Cámara de Diputados.
Que el IMSS-Bienestar únicamente atenderá enfermedades de primer y segundo nivel para los beneficiarios que no cuenten con seguridad social, pero no aquellas enfermedades de tercer nivel, precisamente las más costosas e imposibles de costear sin la seguridad social. Y no se dice nada al respecto.
Que en el mes de enero, la muerte del INSABI estaba ya declarada sin anunciarlo claramente a la población. Por ello, en este mes solo ejerció la mitad del dinero que se ejerció en enero de 2019 y hubo también 78% menos consultas a enfermedades crónico-degenerativas en comparación con enero 2019 (se trata de enfermos de cáncer, VIH, diabetes, que no recibieron atención). Es decir, los pacientes estuvieron un mes excluidos del derecho a la salud. ¿Seguirá ocurriendo hasta que se extienda al 100% el programa del IMSS-Bienestar?
Que el IMSS, tal como está, no tiene las capacidades para hacerse cargo de toda la población sin seguro social, que asciende a más de 60 millones de personas. Es un sistema que está saturado, con subejercicios importantes en infraestructura y con inversión per cápita muy baja, similar al seguro social. Y también ha mostrado ineficiencias claras durante los últimos dos años, por ejemplo, recientemente en sus bodegas caducaron medicamentos y vacunas con un valor de más de 18 mil millones de pesos y durante la pandemia muchos niños no recibieron el esquema de vacunación básico. Además, de las 24 millones recetas sin surtir el año pasado, 22.1 millones no se surtieron en el IMSS.
Otro problema complejo es: ¿qué pasará con los médicos y trabajadores que serán contratados por otro organismo? Desde el gobierno se pretende que el trato sea individual, de cada médico, pero ¿dónde queda el derecho de organización?
Pues bien, es cierto que uno de los principales problemas del sistema de salud mexicano es su segmentación, que depende del estatus laboral de cada persona, de donde se desprende la necesidad de un sistema de salud universal que garantice el derecho a la salud sin importar si se es trabajador formal o informal. Pero ese es solo uno de sus múltiples problemas y la sola centralización del sistema no mejorará el acceso a la salud de los mexicanos; de hecho, la empeorará.
Si no se resuelven, en primer lugar, los problemas relacionados con la logística de los medicamentos, si no se aumenta el gasto público –que es el más bajo de la OCDE–, si no se elimina la desigualdad regional, si no se invierte en infraestructura física de hospitales y clínicas, si no se contrata mucho más personal médico, el sistema IMSS-Bienestar solo redundará en un empeoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y marginada. Se trata, pues, de improvisaciones de un partido que no conoce cómo funciona la realidad social y económica del país y del mundo. A partir de la idea errónea de López Obrador de la corrupción como el origen de todos los males, se sigue aplicando sistemáticamente el neoliberalismo y la austeridad draconianas, jugando con la vida de los trabajadores mexicanos.
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