El derecho a la “vivienda digna y decorosa” es internacional y también se recalca en la ley estatal y en nuestra constitución; sin embargo, es cada vez más difícil para las familias, principalmente para aquellas con ingresos magros, lograr adquirir una casa.
En Hidalgo, el salario promedio mensual es de 5 mil 240 pesos (ENOE, cuarto trimestre de 2023) y el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) está en mil 858.58 pesos, reportando la entidad el segundo mayor lugar nacional en encarecimiento; 12.85 %, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Con estos datos, podemos ver que es imposible para gran parte de las familias hidalguenses adquirir o construir una vivienda propia, pues todos sus ingresos deben invertirse en alimento. Además, no hay empleo digno: el 70 % de los hidalguenses tiene empleo informal, sin prestaciones como créditos hipotecarios.
El Movimiento Antorchista en Hidalgo ha insistido al Gobierno del estado en que se realicen las mesas de trabajo prometidas por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y que se dé solución al pliego petitorio 2023.
Así, de acuerdo con Conavi (Comisión Nacional de Vivienda), en 2022 los hidalguenses demandaron la necesidad de 154 mil 065 viviendas. Sin embargo, sin salario suficiente, sin prestaciones y además sin apoyo gubernamental, las posibilidades de tener una vivienda digna y propia son ínfimas.
Aquí radica la razón del creciente número de asentamientos humanos “irregulares” en las principales ciudades como Tizayuca, Pachuca y Tulancingo. Por la urgente necesidad de albergar a sus familias bajo un techo propio e invirtiendo sus escasos recursos, miles de familias adquieren un lote y van construyendo, al inicio tal vez de madera y láminas, una vivienda propia poco a poco.
Su petición ha sido la escrituración y regularización; durante años han demandado atención de los distintos niveles gubernamentales, han tratado de reunir los requisitos correspondientes y seguir los trámites, sin encontrar respaldo por parte de las autoridades, quienes muchas veces detienen estos trámites y cierran puertas a estos solicitantes.
Actualmente, eso ocurre. Una vez más, el Gobierno estatal morenista da muestra de ser ajeno e indiferente a las demandas del pueblo de Hidalgo que solicita vivienda digna, escrituración y regularización, además de servicios y obras públicas.
En una mesa de trabajo donde supuestamente se daría respuesta a la petición de escrituración de miles de hidalguenses, funcionarios encargados de la Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo (CEVIH) y del Área Jurídica del Gobierno de Hidalgo, en lugar de brindar información sobre el avance de este trámite, trataron de intimidar a quienes representan a los habitantes que demandan su justo derecho a un patrimonio propio. Acusaron de ilícitos, sin dar fundamentos, a dirigentes sociales en un claro intento de amedrentarlos.
Pero, ¿a qué se deben estas acusaciones e intentos de intimidación? Antorcha no ha cesado de insistir ante el Gobierno de Hidalgo que se escuchen y atiendan las demandas de los hidalguenses humildes, a pesar de la cerrazón e insensibilidad con que nos hemos topado, y a pesar de que durante dos años el Gobierno de Hidalgo se ha dedicado a dar largas y discursos vacíos sin solucionar ni una petición.
El Movimiento Antorchista en Hidalgo ha insistido al Gobierno del estado en que se realicen las mesas de trabajo prometidas por el Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y que se dé solución a las peticiones plasmadas en el pliego petitorio de 2023.
Estas solicitudes incluyen la realización de obras y servicios básicos para diversas comunidades y colonias populares, la devolución de una parcela que fue invadida a campesinos de Huejutla, el pago de los salarios a profesores y la construcción de nuevos centros escolares, así como la regularización de más de 20 colonias en Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, entre otras.
El compromiso se realizó desde el pasado 7 de mayo y hasta el momento ninguna mesa de diálogo resolutivo se ha llevado a cabo ni una sola petición ha sido atendida.
Todo esto lo hemos denunciado y lo seguiremos haciendo, porque las acciones del Movimiento Antorchista son limpias y legales, porque no actuamos fuera de la ley. Luchamos unidos por mejores condiciones de vida para los sectores más vulnerables, por acabar con las carencias que aquejan a los trabajadores.
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