A estas alturas queda muy claro que la situación del estado de Sinaloa, donde la violencia sigue siendo el pan de todos los días, no está moviéndose a la baja.
Los escalofriantes eventos se suceden uno tras otro: tan sólo en la última semana supimos del hallazgo de una decena de mineros asesinados en Concordia y de al menos seis cuerpos encontrados en la batea de una camioneta en la carretera Los Mochis-Culiacán.
Los grandes empresarios y funcionarios vivales aprovechan el empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres, el terror y la inmovilidad que en estos provoca la violencia.
Las cifras son elocuentes: el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal reporta, con datos del gobierno, que de 2019 al 2025 los delitos denunciados ante alguna autoridad competente subieron 60 % en Sinaloa; sin embargo, el aumento se nota más dramáticamente de 2024 a 2025, en la capital, Culiacán, pues la tasa de homicidios subió de 60 por cada 100 mil habitantes a 104 por cada 100 mil.
Esto coloca a Culiacán como la ciudad más violenta de México (luego siguen Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Ciudad Juárez y Tijuana) y como el sexto lugar mundial.
Esta situación no sólo tiene los efectos que todo mundo siente de manera automática como golpes en el bolsillo o en el estómago por los cierres de negocios, recortes de horarios de trabajo y disminución de los ingresos; desafortunadamente tampoco las consecuencias en la falta de clases, actividades recreativas o en el miedo social son todo.
Hay un aspecto del que poco se habla pero que es sumamente importante. Me refiero a la participación política de la gente y especialmente de las mayorías.
Casi nadie protesta. Nadie reclama atención a sus problemas por parte de quienes tienen la obligación constitucional de atenderlos. Prácticamente las únicas manifestaciones a las que nos hemos reducido los sinaloenses son las exigencias de aparición de familiares.
Es una gran tragedia la que se vive, sí, y no puedo más que solidarizarme con quienes han perdido un ser querido y sumarme a sus exigencias.
En la experiencia de los antorchistas las exigencias del cese de la violencia, aparición con vida de familiares y acción rápida de las autoridades tienen mejor resultado cuando la acción de protesta es masiva. Pero nunca es posible curar de raíz esos males sin una acción más profunda y permanente de toda la sociedad sufriente.
Mas, de lo que yo hablaba es de que las necesidades sociales, todas, están olvidadas o sin que se les halle remedio, no sólo las de seguridad pública.
En cuanto a salud, ya vemos que seguimos sin medicamentos y ahora hasta con la novedad de que revivió el enterrado sarampión. La vivienda, vendiéndose por los cielos, con millones de mexicanos sin ella, y que sólo reciben promesas de que se las venderán más barata.
La educación, sin brindar mejores oportunidades a los estudiantes de bajos recursos, y con su calidad en picada; el deporte, olvidado, sin la difusión masiva que requiere un pueblo aquejado por el hambre, la diabetes, cáncer, sobrepeso, obesidad y demás calamidades.
Las obras públicas en pueblos y colonias populares, en el olvido: las calles polvorientas, sin pavimento, drenajes colapsados, aguas negras, fétidas por doquier, sin agua, luz, y ya ni hablar de banquetas ni de espacios recreativos.
¿Y todo esto quién lo pelea? ¿Quién reclama una vida digna cuando el miedo se ha generalizado, paralizando a la sociedad? ¿Ya no queremos salir a las calles para pedir obras y servicios para todos?
¿Sólo los grandes ricos ocupan acciones oficiales, como puentes, carreteras, aeropuertos, vías férreas, trenes, etcétera? De lo que al pueblo le falta ¿quién se ocupa?
Doy ejemplos:
30 personas del Fraccionamiento Rincón del Parque han aportado 1.3 millones de pesos para comprarle unos terrenos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
A pesar de que hay un acuerdo con esta institución para que se proceda a la venta desde inicios de 2025, es la hora en que no se avanza. La dependencia, lo último que les dijo a los interesados, es que hasta en seis meses podrá proceder la venta.
Esto se ha vuelto el colmo de la insensibilidad, pues la gente, en medio de la crisis que atraviesa el estado, ha hecho grandes sacrificios para poder pagar su lote. Así se preocupa por la vivienda de los trabajadores el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Familias desplazadas por la violencia, así como gente que vive pagando renta, llevan años a la espera de que la Comisión de Vivienda del Estado les ayude a adquirir un lote mediante un crédito, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Hay necesidades de obras en escuelas, pavimentaciones y servicios para asentamientos populares en varios municipios de Sinaloa que la Secretaría de Obras Públicas no ha atendido también desde hace años.
Por esto y más, es necesario retomar la movilización popular. El día de ayer acudimos a Palacio de Gobierno del Estado, donde el subsecretario de Gobierno hizo compromisos concretos de atender nuestras demandas de lotes. Los antorchistas, los pobres de Sinaloa y los afectados por la violencia estaremos atentos al cumplimiento de esas promesas.
El día de mañana, con el apoyo de solidarios antorchistas capitalinos, protestaremos en las oficinas centrales del Infonavit y simultáneamente en el de Culiacán, pidiendo alto a la burocracia y maltrato oficiales a la gente de Culiacán: que se agilice la venta del predio acordado y que no vuelvan a subir los precios con un nuevo avalúo.
El empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres, el terror y la inmovilidad que en estos provoca la violencia, lo aprovechan grandes empresarios y funcionarios vivales; estos se enriquecen usando el presupuesto público, que es principalmente pagado con el sudor de los trabajadores.
Así que: a vencer el miedo, a salir a la calle y a avanzar en la organización de la gente que sufre y, digna, no quiere seguir siendo una simple víctima de las circunstancias que favorecen a las minorías privilegiadas.
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