Cuando se trata de la salud y de la vida de nuestros seres queridos, siendo en particular el cuidado por la niñez y juventud una tarea natural, que todos los grupos humanos (y hasta los no humanos) realizan por elemental supervivencia, y más si se trata, además, de los propios hijos, por los que un padre o una madre puede hasta dar o quitar la vida, entonces la discusión acerca de la procedencia o no de abrir las escuelas a las clases presenciales no es un asunto que se puede definir con argumentos salidos del capricho de nadie o de las preferencias políticas o ideológicas. Nuestros mandatarios, los que supuestamente nos representan y nos defienden (para eso se les elige), no pueden ni deberían siquiera pensar que pueden imponernos ninguna medida que no esté pensada y explicada de manera responsable, clara y definitiva, en aras del bien del colectivo.
Sí, también sucede lo contrario, pueden y deben imponer las medidas y restricciones que sí sean necesarias para defender ese mismo interés colectivo. Por eso no es un argumento, pero ni de chiste, eso de “prohibido prohibir”. “Poder, y poder prohibir son sinónimos, obligar o prohibir son dos formas en que se manifiesta el poder…”, dice el catedrático de la UAM Elisur Arteaga Nava, y es cierto, el gobierno es una fuerza coercitiva, entre otras, es decir, está hecho para hacer valer nuestro estado de derecho e implementar lo necesario, puede y debe imponer y/o prohibir, ¿no son los impuestos (por eso se llaman así) una imposición?, esos no son voluntarios ni somos “libres” de pagarlos o no; ¿no está, acaso prohibido a los estados y particulares imprimir o acuñar moneda? o es que acaso, ¿para respetar su sacrosanta libertad se les va a permitir a cualquier paisano poner a circular dinero como si fuera el del estado? Y todo esto lo hace el estado, como poder colocado encima de la sociedad civil, para el bien de todos en conjunto. Por lo menos así debería ser.
Lo mismo vale para las acciones y omisiones del Gobierno federal en torno a la contingencia sanitaria; todo los que suceda en nuestro país en relación a la pandemia es responsabilidad exclusiva del estado mexicano en las manos de Andrés Manuel López Obrador.
Es en este sentido en el que se debe interpretar las acciones y omisiones del Presidente y su equipo, quienes, en medio de la peor situación sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus, hacen uso de todo el poder coercitivo del estado para forzar el regreso a clases presenciales y todavía nos quieren hacer creer que lo hacen preocupados por la educación y la salud de los niños y jóvenes, que es, además, un acto voluntario y avienta toda la responsabilidad de lo que vaya a suceder en las espaldas de las familias.
¿Qué está haciendo el Presidente para lograr un regreso a clases seguro y sin riesgos sanitarios o con el menor riesgo posible?, ¿de qué modo o en qué acciones nos muestra su mil veces declarada preocupación por nuestros estudiantes y por todos los mexicanos, como debiera ser por ser el primer mandatario?
No los está vacunando, argumentando que “no hay evidencia científica de que necesitan la vacuna”; no está estableciendo mecanismos de sanidad y de atención médica inmediata y de calidad para los niños; no está arreglando las escuelas asegurando que tengan agua, sanitarios, ventilación e insumos para la protección de los educandos y maestros; no supo controlar la pandemia desde los inicios, abandonando su tarea de rector de las estrategias sanitarias, sin hacer pruebas masivas ni seguir NUNCA las cadenas de contagio para cortarlas y evitar la propagación, es decir dejó libre al virus para propagarse a su gusto (y lo sigue haciendo); sin proteger al personal de salud; sin comprar medicamentos y equipo de salud; sin llamar a tiempo a la contención y ayudar a esta mediante la entrega de insumos a las familias para que no los saque a la calle el hambre, las principales acciones de contención NO fueron implementadas por el Gobierno, sino por la población civil, la cual obligó con sus acciones desesperadas y descontroladas a López Obrador a seguirlas, como la cola del perro que va a donde va este; sin una política de información certera para dirigir a la población y en lugar de eso llamando a la gente a salir, porque “no pasa nada”, y “hay que abrazarse”, llamando a encomendarse al Sagrado Corazón, abriendo a la movilidad apresuradamente (¡el Presidente no podía disimular su prisa por sacar a la gente de la contingencia!); quitándole recursos al sector salud, en vez de meterle más, y no por falta de ellos, pues ha gastado a gusto en sus obras emblemáticas, aumentando en mucho los recursos autorizados a ellas, y gastando en estadios de Béisbol de sus familiares, o en espectáculos rimbombantes y huecos para simular un nacionalismo que no tiene; modificando los criterios del semáforo epidemiológico para apresurar la apertura y el aceleramiento de los contagios, declarando a las clases presenciales una “actividad esencial” para que se hagan a pesar de la tercera ola.
Nunca hubo un verdadero plan y una verdadera estrategia, sino que el Presidente estuvo todo el tiempo, y sigue estando, más preocupado por dar la imagen a los mexicanos de que él es diferente, de que es demócrata, que respeta la libertad de la gente, que es defensor de los pobres y mientras sienta que logra eso, va a ser capaz de hacer los peores crímenes en contra de los mexicanos porque él no está preocupado por nosotros, sino por su imagen y por las encuestas de opinión. Esa es la estrategia de AMLO.
Según nuestra Constitución, “el presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” (art 108), pero, independientemente de lo que diga la Ley y de lo que en los hechos se pudiera hacer para responsabilizar o no a AMLO por su desempeño como servidor público y sus resultados en la dirección del país, el hecho es que esto es cierto: en medio de la peor crisis sanitaria, económica y social, el presidente, que debería defendernos, abandona su papel rector y sacrifica a los mexicanos, nos ha dejado a nuestra suerte, y hasta ayuda al maldito virus a propagarse. Y lo mismo se puede decir de su insistencia para abrir las escuelas sin haber creado las condiciones para hacerlo sin poner en riesgo a los estudiantes. Todo esto no cambia porque se le juzgue o no, porque se le castigue por su crimen o no; sigue siendo un Presidente irresponsable, criminal y mentiroso.
No, no sabemos de qué modo lo podemos impedir legalmente la criminal apertura de las escuelas, pues él es el presidente y no parece haber condiciones para juzgarlo ya por traición a la patria. Pero debería haber algún mecanismo legal para impedir que nuestros hijos se pongan en riesgo. Y si no lo hay, solamente nos quedará la resistencia civil: no mandes a tus hijos a la escuela, aunque te lo ordene el presidente. Hoy es el presidente irresponsable, criminal y mentiroso, pero algún día el poder se le acabará y quedará el puro irresponsable, criminal y mentiroso.
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