En una pasada semana en el Palacio Nacional, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su mañanera, leyó una carta donde solicitó al ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea??, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federación, una revisión de las facultades del juez que otorgó suspensiones provisionales para frenar de inmediato la Ley de la Industria Eléctrica. Acto que causó indignación a los jueces involucrados por serias acusaciones que acompañaron el discurso del presidente, tales como que “actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que actúan en función de sus intereses… Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de Derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para presentar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más activos de la Constitución”, concluye en la carta. Para defender su postura, el presidente dijo que en el caso de Claudio X. González es del dominio público que su papá fue asesor de Carlos Salinas de Gortari y su familia tiene acciones en empresas privadas enfocadas a la generación de energía eléctrica. Ante eso obviamente causó descontento por parte de abogados y juristas que tachan al presidente de no conocer ni respetar el Estado de Derecho, reforzando esta opinión también tiene cierta razón, pues hasta ahorita desde que inició el sexenio de Obrador, se ha hecho todo lo que él ha querido, irrespetando los supuestos iguales poderes como el Legislativo y Judicial, por mencionar lo que pasó con el recorte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que fue aprobado sin modificar siquiera una coma como bien lo dijo él y a pesar del plantón que el pueblo realizó a las afueras de la Cámara de Diputados con distintas organizaciones independientes como el Movimiento Antorchista Nacional, entre otras.
Por último, quedaron las razones de tales juristas para suspender la acción de la reforma energética porque eximir a una sola empresa de los efectos de la ley le daría una ventaja competitiva injusta. Según un comunicado, los jueces federales ya habían suspendido medidas similares presentadas como cambios regulatorios por considerarlas incompatibles con los principios constitucionales de libre competencia y acceso al mercado. “Tomando en cuenta las afectaciones generalizadas a todos los participantes privados de la industria, se espera que el número de recursos interpuestos en los próximos días aumentará de manera significativa”, indicó Concamin en un comunicado. Aclaro que no se dio nulidad solo suspensión hasta que se evalúen las razones y prejuicios suficientes.
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