No debería ser necesario que un simple ciudadano o un grupo de ciudadanos se ocuparan de recordarles e insistirles a las autoridades que deben combatir y castigar la corrupción. Esta plaga tiene en la actualidad muchas formas, pero una de las más comunes consiste en apropiarse ilegalmente de dinero y bienes públicos, ser gobernante o socio de gobernantes es -sabiduría popular- como sacarse el premio mayor de la lotería y, si alguien se atreviera a negarlo, bastaría con recordarle las guerras a muerte entre los políticos del sistema por hacerse de puestos públicos. ¿Así se pelearían si se tratara de ir a la guerra contra el Estado islámico? Es tan generalizada la corrupción, la disposición ilegal de fondos públicos, que ha ocasionado un coraje popular igualmente generalizado que ha acabado por empujar a todos los políticos en campaña a pronunciarse enérgicamente en contra de ella, al grado de que no creo que exista ningún político que no haya condenado alguna vez en los términos más encendidos, drásticos y amenazantes esa epidemia...y la corrupción, como el Johnny Walker, sigue tan campante.
¿Cuánto cuestan las instituciones contra el delito y en favor del manejo honrado de los recursos públicos confiados a los gobernantes? Porque las hay muchas y variadas que deben costarle al pueblo mexicano sangre, sudor y lágrimas para sufragar los sueldos de los auditores y celadores del correcto manejo del erario. ¿Y cuáles son los resultados? Si tomamos como referencia la violencia de las riñas electorales y el dinero que se invierte (legal e ilegal) en las campañas proselitistas, es decir, en la búsqueda de la apropiación del poder, ninguno, o casi ningún resultado apreciable. El pasado lunes 7, con motivo del Día del Juzgador, el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel ángel Osorio Chong, se pronunció claramente sobre el tema e hizo un llamado para que "la cultura de la legalidad sea una práctica común y no una excepción" y me permito citarlo porque estoy muy de acuerdo.
¿Por qué estás reflexiones sobre un tema tan trillado? Porque varios miles de michoacanos, niños, jóvenes, viejos, madres y padres de familia, amantes de la cultura todo ellos, de practicarla y de disfrutarla, entre los cuales se encuentra quien esto escribe como uno más, hemos sido victimas de quienes han dispuesto ilegalmente de dinero de los mexicanos y, hasta ahora, pese a todas las declaraciones en contra de la corrupción, a ninguna autoridad parece interesarle en serio ni la investigación, ni el castigo, ni la reparación del daño ocasionado por la sustracción de recursos públicos. Hace ya casi cuatro años que a través de la digna representación de los antorchistas en la Cámara de Diputados se logró la asignación de 37 millones 506 mil 701 pesos con 90 centavos más IVA para que la Presidencia municipal de Morelia, entonces a cargo del Licenciado Wilfrido Lázaro Medina, construyera y entregara a los michoacanos un auditorio en el área que ocupa la Unidad Deportiva "Wenceslao Victoria Soto" y es el momento en el que la obra no se termina, está completamente abandonada y sujeta al deterioro del tiempo y el pillaje.
Debe decirse que, oportunamente, la representación estatal del Movimiento Antorchista, ante testigos insobornables, externó en numerosas ocasiones ante el mencionado Wilfrido Lázaro y ante su Secretario de Obras, Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, la preocupación que causaba la suspensión injustificada de la obra y, esas mismas ocasiones, los funcionarios aceptaron el retraso injustificado y se comprometieron solemnemente a que la obra continuaría; nunca cumplieron. La obra le fue adjudicada a la empresa "RYMSA. Infraestructura carretera, S.A. de C.V." (la misma que "repavimentó" la Calzada Juárez de Morelia con resultados desastrosos) que para los efectos prácticos siempre estuvo representada por el señor Marx Trejo, aunque en la documentación –quizá en previsión de casos como el que nos ocupa- siempre apareció el nombre de Michol Berenice Trejo Muñoz. No hubo, no hay ningún accidente ni contingencia ni casualidad, la verdad es que la administración de Wilfrido Lázaro Medina (2012-2015), le estuvo entregando recursos a Marx Trejo sin que presentara los comprobantes de los avances de la obra.
Los cálculos más optimistas le conceden a la obra un avance del 20 por ciento ¡después de tres años! ya que la administración municipal que encabezó el hoy diputado local Wilfrido Lázaro Medina pactó la terminación para el 19 de abril de 2013. Los abogados que han analizado el caso detectan muchas irregularidades que en su momento daremos a conocer, por ahora, baste como ejemplo, el hecho de que el contrato original Número SOP/DO/1445/LPN/12, de fecha 20 de noviembre de 2012, está viciado de origen pues lo firmaron el entonces Secretario de Obras, Rubén Ahumada Alvarado y el Director Operativo de la misma secretaría, Emilio Hernández López, funcionarios que carecían de facultades legales para hacerlo, toda vez que las firmas de quienes lo debían avalar legalmente eran la del Presidente Municipal, la del Síndico y la del Secretario del Ayuntamiento; ítem más: Emilio Hernández López, acreditó su personalidad con una copia certificada del nombramiento que le había sido expedido por el presidente municipal pero que "se encuentra en trámite".
La administración de Wilfrido Lázaro le entregó pues a Marx Trejo, 7 millones 117 mil 603 pesos con 38 centavos que corresponden a obra no ejecutada de la primera etapa; ello no obstante, todavía le dio más dinero, le entregó 2 millones 998 mil 411 pesos con 86 centavos, como "anticipo" de la segunda etapa cuyo avance físico es, al día de hoy, de cero por ciento. Al señor Marx Trejo se le entregaron pues -a reserva de que alguna autoridad haga la precisión legal correspondiente- la cantidad de 10 millones 116 mil 15 pesos de los mexicanos que no se aplicaron a los fines para los que estaban destinados. Y, si alguien tiene duda, ahí está la obra inconclusa gritando los abusos y la impunidad.
Esta entrega de dinero público sin justificación y sin resultados, este servicio sin prestarse, este atraco, este atropello insultante a los mexicanos más modestos, forma parte de los compromisos cuya atención perentoria fue acordada en la reunión que se celebró el pasado 17 de febrero en la Secretaría de Gobernación federal y en la cual estuvieron presentes el Subsecretario, el Licenciado Luis Enrique Miranda Nava y el propio señor Gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, reunión en la cual se acordó que la obra continuaría y se terminaría. Han pasado ya tres semanas de ese solemne compromiso (y otros más que afectan gravemente a los michoacanos y a otros mexicanos) y nada se ha cumplido. A los michoacanos y a todos los mexicanos, el visionario Constituyente de 1917, nos legó la herramienta legal para defendernos de la arrogancia y los atropellos del poder: la protesta pública pacífica; en consecuencia, en reunión celebrada el pasado martes 8, los antorchistas de todo el país acordamos prepararnos para una nueva Jornada Nacional de Lucha, esta vez, también, en defensa del dinero del pueblo que se llevan los políticos y sus socios.
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