Viejo refrán popular que ha usado en repetidas ocasiones el presidente de la república para referirse a los adversarios a su gobierno que son amenazados o enfrentan denuncias ante las autoridades judiciales y que deciden contratar abogados, ampararse y protegerse de una posible acción de la justicia. No es en realidad una frase que el presidente personalmente haya creado, como bien se sabe, ya que el pueblo mexicano la usa desde hace mucho tiempo, como usa infinidad de refranes que condensan, a veces de manera sorprendente, la sabiduría popular, pero el presidente la ha difundido y actualizado en los últimos meses.

Me permito ahora aplicarle su propia recomendación con motivo de la firma de un decreto que esconde los gastos que se hacen con los impuestos de los mexicanos para levantar las obras de su gobierno, todas, pero, especialmente sus obras emblemáticas. “El que nada debe, nada teme”. La Presidencia de la República publicó el pasado 22 de noviembre en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por medio del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno.

El acuerdo establece que las obras del gobierno consideradas de interés público y hasta de seguridad nacional son todas aquellas que involucran a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. O sea, todas las obras emprendidas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En el documento mencionado, se ordena a todas las dependencias y entidades de la administración federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y con ello garantizar su ejecución oportuna, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente, o sea, entregar los permisos de volada, se llenen o no se llenen los requisitos que todo mundo tiene que llenar.

En caso de que sea válido finalmente ese decreto, nadie podrá saber cuánto y cómo se gastó el dinero, supuestamente, porque las obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son consideradas como obras que sostienen la seguridad nacional. Sus gastos son secretos. Estamos ante la institucionalización de la venda a los ojos del pueblo como forma de gobernar. ¿No era el pueblo sabio y bueno? ¿No era el destinatario y el soporte del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué ahora se le aparta de lo que se hace y se concentra en una élite selecta la información?

Pues porque no es un gobierno del pueblo, sino de -cuando mucho- otra mafia del poder. Este decreto es inconstitucional. Es, además, la confesión abierta e irrefutable de que la lucha contra la corrupción ha fracasado rotundamente. Si todos los funcionarios públicos de todos los niveles ya son honrados a carta cabal, impolutos, si ya se acabó la corrupción con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué esconder las listas de las personas o empresas que se han beneficiado con la ejecución de las obras? ¿Por qué esconder los gastos y los plazos en los que los funcionarios han entregado los recursos de los mexicanos para la realización de las obras? ¿No sería mejor, mucho mejor, exhibir detalladamente la escrupulosidad y la limpieza con la que se usa el presupuesto asignado, para satisfacción de todos los mexicanos y decirles orgulloso, “tengan para que aprendan”? ¿Por qué, pues, el presidente, en lugar de maravillarnos demostrando palmariamente la extinción de la corrupción en su gobierno, mejor decide esconder todos los datos?

La bandera del combate a la corrupción ha sido una muy buena añagaza para entusiasmar a los mexicanos, sobre todo, a los más pobres, para que, primero, votaran masivamente por el nuevo gobierno y, después, le prestaran la simpatía necesaria para gobernar sin grandes sobresaltos (lo que se comprueba, por lo menos, para los tres primeros años de gobierno), pero, nada más. El nuevo gobierno de la 4T se integró desde el principio con viejos y no tan viejos, pero siempre miembros experimentados del Estado (en sus diferentes niveles) que se han dedicado a mantener a la clase explotada en esa situación. Ninguno tenía ninguna trayectoria en la lucha popular. A lo más, tenían amplia trayectoria persiguiendo puestos de poder. Nunca incorporaron al pueblo ni se comprometieron con sus luchas y aspiraciones. Siempre se trató de una variante de la élite que detentaba el poder. Una rápida revisión de los miembros del gabinete presidencial, los que toman realmente las decisiones y las ejecutan, pone de manifiesto esta verdad.

Por eso, precisamente, sin perjuicios y sin remordimientos, ahora apartan tajantemente al pueblo de la posibilidad, siquiera la posibilidad, de participar en el poder teniendo conocimiento de lo que hacen sus gobernantes. “Primero los pobres”, pero no para enterarse de lo que hacen sus gobernantes, no para controlarlos, ya no se diga, con órganos populares, sino ni siquiera con su conocimiento y con la reprobación de la opinión pública. Ahora tenemos, ya sin disfraces, un gobierno que dice gobernar para “primero los pobres”, pero que les tapa los ojos y los oídos a los pobres para que no vean ni oigan las acciones de los que dicen representarlo cabalmente ¿dónde se ha visto esto?

En ninguna parte. En algunas, se ha llevado a cabo por la vía del hecho con nefastas consecuencias, eso sí, pero ya anunciarlo y darle forma mediante un decreto presidencial, que yo sepa, es caso digno de recordarse. Hay voces muy calificadas como la del Maestro Aquiles Córdova Morán, que es un conocedor de la realidad nacional y un analista muy difícil de igualar, que han avisado a los mexicanos que el país se desliza a una dictadura. Creo modestamente que haríamos bien en prestarle atención. Se interviene y debilita al poder judicial; se le ordena al poder legislativo que no cambie ni una coma a las disposiciones del gobernante; un solo hombre predica y decreta que sus acciones son secretas y, las fuerzas armadas, un organismo jerárquico, ajeno por definición a toda democracia, cobra cada día más poder e influencia en la vida social.  Todo a cambio de ayudas que compran a muy bajo precio la voluntad de cada vez menos personas. Ya la vieja leyenda mitológica colocó para siempre en la memoria de las generaciones a Laocoonte que advirtió a los troyanos del peligro del caballo de palo que dejaban los aqueos. “Desconfío de los Danaos incluso cuando traen regalos”, les dijo. Y no le hicieron caso.