En su edición del día 4 de enero, el diario La Jornada y Jornada.com publicaron, en su sección titulada El Correo Ilustrado, una declaración del sedicente Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, en la que denuncia los asesinatos del alcalde de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio, y del síndico municipal, Perfecto Hernández Guerrero, e insta al Presidente de la República a combatir "la creciente presencia de grupos paramilitares en ese municipio de Oaxaca", de los cuales solo menciona a Antorcha Campesina sugiriendo su responsabilidad en los hechos.
Para probar que las imputaciones solapadas y cobardes son falsas, citamos textualmente el párrafo que nos involucra: El pueblo de Tlaxiaco detuvo a uno de los asesinos, pero nosotros...desde hace años venimos denunciando por diversos medios la creciente presencia de grupos paramilitares en ese municipio de Oaxaca, sin que ninguna instancia de gobierno tome cartas en el asunto. Allí está Antorcha Campesina, que cada vez agrede con mayor virulencia. Tan sólo la semana pasada varios de nuestros observadores y otros activistas de esta población fueron violentamente agredidos sin que ninguna autoridad hiciera absolutamente nada. Violencia que se ejerció frente a policías municipales y del estado...
La incongruencia es manifiesta. En efecto, después de asegurar que se halla detenido uno de los asesinos, cualquier mente sana esperaría que se citaran sus declaraciones sobre autores y motivos del asesinato denunciado o, por lo menos, la filiación política del detenido para respaldar las afirmaciones que siguen. Pero no. Dando un brinco intempestivo en el discurso que hace dudar de la salud mental de los redactores, se pasa a asegurar que, desde hace años, han denunciado la presencia de grupos paramilitares en Tlaxiaco sin que nadie los haya escuchado hasta hoy; y sin mayores trámites disparan a bocajarro: "Allí está Antorcha Campesina, etc." La etiqueta de "grupos paramilitares" tiene una larga historia, en el transcurso de la cual ha quedado claro que se trata de una frasecita impactante pero vacía, absolutamente carente de contenido y, por tanto, falsa. Nadie la ha definido jamás con rigor mínimo, y nadie ha probado seriamente la existencia de agrupaciones que merezcan esa etiqueta. Es legítimo concluir, pues, que se trata simplemente de un muy manoseado recurso verbal para "descontar" con un golpe efectista al "enemigo".
A estas alturas resulta ridículo y pueril acusarnos de grupo paramilitar; y más ridículo aún afirmar que somos una organización (la única al parecer, según la nota) que cada vez agrede con más virulencia, sin mencionar otro hecho concreto que no sea el ataque que, la semana anterior a la denuncia, sufrieron "nuestros observadores y otros activistas de esta población". El lector atento no tendrá problemas para darse cuenta de que tal imputación no se demuestra de ninguna manera; que se trata de una afirmación escueta de los acusadores que tenemos que creer por fe, so pena de aparecer como cómplices o, peor aún, como miembros de una peligrosa banda paramilitar.
Para mayor evidencia del carácter mendaz de las acusaciones del "Observatorio de los Derechos Humanos del Pueblo", resulta que, como puede corroborarse sin género de dudas en la redes sociales, el incidente que llaman "agresión" y que nos atribuyen gratuitamente (que efectivamente ocurrió), se dio con miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC), al parecer fuera del control de sus dirigentes. Queda claro, pues, que al "Observatorio" no le preocupa la verdad; su propósito es enlodar y poner en la mira de la represión a su único verdadero enemigo, que es el Antorchismo Nacional, quizá porque, como reza el refrán, "Para el ratón no hay peor fiera que el gato". Se olvidan de que los dos millones de antorchistas que existen en el país, también son pueblo y también son sujetos de los derechos humanos que ellos dicen defender.
Finalmente, es obvio que los firmantes del infundio que aquí desmentimos, están enterados de los pronunciamientos descalificadores del Presidente de la República hacia los antorchistas, y que quieren aprovechar el viaje para granjearse su reconocimiento por ayudarlo a combatir al "enemigo" señalado por él. Los "observadores" se suman a la cruzada presidencial y con ello dejan claro que lo que buscan no es justicia, sino poner su dedo acusador de sicofantes sobre nosotros para dar más argumentos a la represión oficial. Debajo de la máscara democrática que ostentan, se esconde un fascismo trasnochado que, en pleno siglo XXI, quiere acabar con los derechos constitucionales de organización, manifestación pública y petición de las clases populares. Quieren llevar a nuestro país a una crisis política, social y económica de consecuencias impredecibles.
Por tanto, alertamos a las autoridades de todos los niveles sobre el peligro que encierra dejarse llevar por esta clase de abusadores, que pretenden convertir a los organismos de derechos humanos en tribunales inquisitoriales desde los cuales cualquier monicaco con pluma o micrófono pueda soliviantar a la opinión pública nacional, alimentando una crisis social que se tornará inevitable si se sigue envalentonando a grupos purulentos disfrazados de izquierdistas
Hacemos un llamado, respetuoso pero enérgico, a los verdaderos actores políticos para que conduzcamos nuestra actividad dentro del marco de la ley y de las reglas de la democracia, atendiendo al discurso del Presidente de la República que promete respeto al derecho de disentir. Y al diario La jornada, para que nos conceda el derecho a la legítima defensa, como corresponde al periodismo de calidad que los distingue.
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