México es uno de los pocos países de Latinoamérica con un sistema electoral creíble y confiable debido, principalmente, a que dispone de una estructura burocrática y física distribuida en todo el territorio. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido considerado como un “sistema electoral profesional, con experiencia y capacidad” por la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero antes de alcanzar reconocimientos, debió cubrir un largo camino, costos de sangre y grandes disputas entre la sociedad civil y el Estado para que quienes lo dirigieran asumieran sus cargos con responsabilidad e imparcialidad política en beneficio de los mexicanos.
Fue así como el país pasó de la organización de elecciones controladas por el gobierno a la creación de un sistema que recibe, contabiliza, observa y defiende los votos, y en el que participan muchos ciudadanos. En una elección planeada con base en este sistema electoral, fue como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo la presidencia de México en 2018, al igual que otras posiciones gubernamentales y de representación popular a partir de entonces.
Pero ahora, una vez que ha incrementado su influencia, sus dirigentes quieren perpetuarse en el poder y para lograr ese objetivo se han dedicado a atacarlo con descalificaciones y a debilitarlo con recortes presupuestales. En los pasados cuatro años, estos embates se centraron fundamentalmente en su ex consejero-presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien ya dejó el cargo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a la vez dirige Morena, ha sido el principal instigador de los golpes contra el INE; y en función de su obstinación por transformarlo, según él, en un instrumento político de Estado, también ha intentado modificarlo con iniciativas legales. Un primer ensayo consistió en la promoción de una reforma constitucional que contemplaba la desaparición del INE, pero como no fue aprobada por el Congreso de la Unión, elaboró una iniciativa de reforma a la legislación reglamentaria (el famoso “plan B”) con la que ya no pretende eliminarlo integralmente, pero sí minar su columna vertebral mediante la desaparición de su Secretaría Ejecutiva y las juntas distritales. Tal propuesta fue aprobada en cuestión de días por los legisladores de Morena y sus aliados, pero de inmediato provocó una lluvia de amparos.
Cuando las reformas reglamentarias entraron en vigor, el primer golpe fue el cese de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva, mano derecha del consejero-presidente del INE, con quien se coordinaba para efectuar las decisiones adoptadas por el Consejero General de esta institución autónoma. El segundo golpe consistió en recortar los distritos electorales, pero en cuestión de días, el “plan B” sufrió un revés jurídico de un magistrado que ordenó la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina a su cargo y anunció, de facto, la sucesión de más ataques presidenciales.
En las últimas semanas, desde sus conferencias matutinas, López Obrador se ha dedicado a descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados decidirán, en breve, la procedencia constitucional del proyecto. Sus ataques contra la ministra-presidenta Norma Piña avivaron de tal manera el discurso de odio que, inclusive, ha llegado a las amenazas de agresión física.
En el mismo blanco se vio ahora el ministro Javier Laynez Potisek, quien aceptó las impugnaciones del propio INE y concedió una suspensión contra las intenciones dictatoriales del “plan B”. En unos días, la SCJN emitirá su dictamen; y como se prevé que sea declarado inconstitucional, López Obrador ya anunció un “plan C” que, sin duda, será una más de las patadas de ahogado del proyecto antidemocrático que alienta a Morena.
Con la salida de Lorenzo Córdova del INE, en el Congreso de la Unión se realizó un proceso de selección para integrar cuatro quintetas finalistas de donde salió ya su sucesora, y es Guadalupe Taddei, quien tomó protesta de los nuevos consejeros: Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza.
La selección previa estuvo a cargo de un Comité Técnico ciudadano, pero el Congreso de la Unión conformó la quinteta final. En estos finalistas, casualmente, hay familiares directos de funcionarios morenistas; la oposición parlamentaria, sin embargo, se apresta a resistir un intento más de Morena por poner a su servicio este organismo autónomo.
Hoy, cuando la Cámara de Diputados eligió a los nuevos consejeros y a la nueva Consejera Presidenta del INE, por medio de un sorteo, se anuncia que si Morena logra meter las manos al órgano electoral, México pasará de una democracia incipiente a una sociedad en la que, nuevamente, el máximo elector sea el presidente. Entonces, la defensa contra el autoritarismo morenista tiene que surgir de los mexicanos.
Para ello, todos los ciudadanos debemos despertar y considerar que López Obrador y Morena realmente pugnan por una dictadura. Es hora de llamar a los mexicanos a organizarse y luchar para enfrentar el acoso oficial y el posible uso del INE para favorecer al partido en el poder en las elecciones que vienen.
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