Según datos oficiales, actualmente el estado de San Luis Potosí ocupa el 11° lugar de pobreza a nivel nacional, tal como lo registra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); esto como consecuencia directa de que, de los 2, 717,820 habitantes, el 45.5% (más de un millón, 200 mil potosinos) vive en la pobreza, con alguna carencia en los renglones de bienestar social, y el 7,7 %, o sea, más de 210 mil de ellos, viven en la pobreza extrema, lo que quiere decir que no tienen acceso a la salud, a los servicios básicos, a la vivienda, y en muchos casos, ni siquiera a la alimentación.
Los antorchistas hemos venido luchando durante décadas por mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los potosinos en precariedad, sin embargo, a pesar del nada alentador escenario descrito más arriba, muchas demandas planteadas al gobierno estatal desde que entrara la actual administración del doctor Juan Manuel Carreras López, no han sido atendidas de manera efectiva y puntual por quienes debieran, para aliviar aunque sea un poco, la dificilísima situación de los ciudadanos por la pobreza y la marginación en que viven.
La situación se agrava, porque ahora, con los recortes en la Ley de Egresos de la Federación, que afectan directamente "el bienestar" del "pueblo sabio", han quedado canceladas en los municipios y en las comunidades subalternas obras como la pavimentación de calles y caminos, apoyo a la vivienda, redes de agua potable, drenaje y de luz eléctrica, etc., con el pretexto de que ahora, se entregará dinero en efectivo a las personas, las cuales tendrán que arreglárselas con tales ayudas para todo lo que necesiten, sin que puedan reclamar nada más.
Pero, es evidente y conocido por todo mundo que las transferencias de dinero, que ya tienen más de 30 años en el país, a nadie han sacado ni van a sacar de la pobreza, entre otras cosas porque son montos muy reducidos y porque es mentira eso de que habrá más dinero para los pobres, pues aunque López Obrador diga que ahora sí "saldrá directamente" de la tesorería a la gente, es falso toda vez que la transferencia se hará mediante tarjetas bancarias expedidas por el "Banco Azteca" de Salinas Pliego, quien será el poderoso intermediario que cobrará jugosas comisiones por ello. Antes no había intermediarios porque los apoyos se entregaban en propia mano por funcionarios del gobierno que hasta obligaban a la gente a acudir a citas médicas y a realizar trabajos comunitarios para control del programa; y ahora que sí habrá, dice el gobierno que se acabaron los intermediarios. Y es con ese tipo de contradicciones lógicas, que chocan de manera evidente y burda con la realidad, con las que se calumnia a Antorcha, sólo porque exigimos obras y servicios para las masas empobrecidas del país con el afán de que algo de la renta nacional, que producen con sus manos, les toque también a ellas.
Por eso es que en próximos días, una numerosa representación de los grupos del Movimiento Antorchista Potosino, habremos de llevar a cabo una manifestación por las principales calles de la capital del estado, para hacer que los funcionarios del gobierno escuchen de viva voz los reclamos de los miles de potosinos que viven en situación de pobreza y abandono en sus comunidades, en la que habremos de exigir, primero, que cesen las acusaciones lanzadas sin fundamento por el Presidente de la República en contra nuestra, pues nunca hemos sido ni somos intermediarios y por tanto nunca hemos pedido moches. En segundo lugar, que el gobierno federal incluya a todos los potosinos con derecho a ello en sus programas sociales, y en tercer lugar, que los funcionarios estatales resuelvan las demandas de obras y servicios elementales que les competen, pues aún existen compromisos firmados en años anteriores en los que no hay avances, como la pavimentación de calles en algunas comunidades, Claves de Centros de Trabajo a escuelas, así como los permisos de transporte público a transportistas que llevan años con su petición y no se les da respuesta por parte de la SCT estatal, entre otras.
El gobierno federal debe respetar el derecho de la gente a acceder a los programas de transferencia monetaria, sin por ello tener que renunciar a su derecho de contar con las obras que están haciendo falta en los pueblos y colonias marginados, cuanto más que muchos de aquellos programas aún son promesa, salvo para algunos miembros del partido en el poder. Los funcionarios estatales deben escuchar y resolver a la brevedad con base en el presupuesto global que ejercerá este año el gobierno del estado, que será, según la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, de 47, 852 millones, 517, 240.00 pesos, pues los pobres también somos potosinos y también tenemos derechos que deben ser respetados conforme a la propia ley.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario