Hablando dentro del contexto de la Seguridad Nacional, son varios los hechos que ha realizado, durante 16 meses, la administración morenista y que se les puede dar el adjetivo de delitos. Nos dicen los especialistas en derecho que un delito es una conducta antisocial que viola las normas de convivencia social preestablecidas y también nos dicen que un delito puede consistir en una omisión. El derecho penal es la rama del derecho que se encarga de buscar y aplicar las sanciones correspondientes a cada tipo de delito. Sin embargo, tratándose de delitos cometidos por un Estado, no por un individuo o grupos de individuos, el problema adquiere dimensiones superlativas porque el afectado o víctima del delito no es uno o unos cuantos ciudadanos, sino prácticamente toda la nación. Quiero aclarar que no me refiero a medidas de prevención del delito que se deberían de estar haciendo a todos los niveles de gobierno como son pláticas orientadoras, actividades deportivas y culturales en escuelas y comunidades y, sobre todo, la creación de fuentes de trabajo que inhiban la comisión del delito. No, ¡ojalá solo fuera esa gran omisión! Me refiero a acciones en donde el mismo Estado ha violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde la liberación del hijo del Chapo, pasando por la liberación de por lo menos tres ocasiones del líder de la organización criminal de Tepito, pasando también por la ya famosa escena, que habla por sí sola, de cuando el presidente se acercó a una camioneta donde viajaba la mamá del Chapo para saludarla de mano, hasta llegar, apenas el domingo pasado, a la liberación de 26 miembros del grupo delictivo dirigido por "El Marro".
¿Por qué sucede esto? Es simple corrupción o ¿cómo se explica que una vez atrapados, a los tres o cuatro días salgan como Juan por su casa? La explicación es muy simple y es la misma causa por la que nuestros principales líderes del crimen organizado acaban siendo extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. En México ni se investiga, ni se presentan los casos como es debido. Así es como a los pocos días un abogado medianamente capaz los puede sacar de la cárcel. En efecto en nuestro país, los ministerios públicos no investigan, solo se dedican a llenar burocráticamente archivos. Por si esto fuera poco, el problema se ha agravado desde que los militares han incursionado haciendo labores de seguridad pública. Total, que el operativo en contra del jefe huachicolero que lleva incendiando Guanajuato desde hace año y medio concluye con una acusación de narcomenudeo contra su madre. Resultado de tantas inconsistencias, todos a casa.
Como se ve, atento lector, no es solo la corrupción de jueces y ministerios públicos, es el sistema ineficiente llevado al extremo de no saber presentar un caso (por ejemplo, ha trascendido por los diferentes medios informativos que se han presentado ante el MP a los detenidos ...¡sin orden de aprehensión!, y que en algunos operativos no se ha podido entrar a un domicilio ...¡por falta de una orden de cateo!, etc.). El nepotismo en su máxima expresión está teniendo efectos demoledores también en el campo de la procuración de la justicia. Resulta que hoy por hoy, los abogados del crimen organizado son mucho más competentes que los que tienen las instituciones gubernamentales y esta situación se complica todavía más con la llegada de los militares al ámbito de la seguridad pública.
En fin, lo que queda del Estado de derecho ya es muy poco y algunos penalistas prestigiados de la UNAM y de otras universidades famosas en el mundo, coinciden en que el gobierno de la 4T debería de haber renunciado, por dignidad, desde el Culiacanazo.
Si a esto agregamos la nula acción del gobierno federal ante la pandemia del covid-19, configura otro delito por omisión que es, además, de lesa humanidad. El mentirle a la población con las cifras de los fallecidos configura otro delito más, etc., etc.
Es de sabios reconocer errores y los mexicanos tendremos la oportunidad de enderezar la dirección de nuestro país en 2021. No cabe duda de que así será.
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