En el sistema neoliberal existente (aunque el presidente López Obrador haya decretado su desaparición), siempre ávido de más y más ganancias, a costa de lo que sea, de la vida misma de los seres humanos y del planeta entero; que devora todo, al individuo mismo, y donde, por lo tanto, la vida de la mayoría de los mexicanos siempre está a expensas de sus intereses y, obviamente, de sus representantes en el poder público, aunque estos, como en el caso de México, lo nieguen. En este marco, los gobernantes son en los hechos, los representantes y defensores de esos intereses económicos y políticos, y también lo es López Obrador; también juega ese rol, aunque intente ocultarlo con sus discursos de falsa izquierda; aunque se llene la boca diciendo que “primero los pobres”, para engañar al pueblo inocente, sus hechos lo colocan como fiel servidor del grupo económicamente poderoso hoy empoderado: todas sus acciones van en contra de los intereses y necesidades de la mayoría de los mexicanos y en beneficio, consiguientemente, de los intereses de la clase gobernante que él representa.
Y, precisamente, porque no representa las necesidades del pueblo de México; porque, además, ha colocado en los puestos de primer nivel en el gobierno federal a personajes leales a su persona, pero incapaces para la responsabilidad que les fue encomendada, hoy México vive una de las peores crisis de su historia moderna, en todos los ámbitos: en salud, educación, seguridad, empleo, alimentación, etc. Todo esto ha traído como consecuencia un número mayor de pobres, que seguramente se verá incrementado por la inflación, la peor de las últimas dos décadas. Pero, además, pueblos y colonias están sufriendo una carencia total de inversión en obra pública, que ayude a mitigar sus problemas y les proporcione mejor calidad de vida y de desarrollo de sus respectivas comunidades: no hay construcción y pavimentación de caminos, sistemas de agua potable y drenaje, electrificación, construcción de nuevos hospitales, escuelas, espacios deportivos y culturales, etc.
Y, como consecuencia de esa política de “austeridad republicana”, de la que, obviamente, están excluidos amigos y familiares de López Obrador, este gobierno de la 4T destaca por su tozudez e incapacidad para resolver las demandas de la ciudadanía y por la permanente violación de sus derechos humanos, actitud a la que también se han sumado algunos gobiernos estatales, o, que al menos utilizan como pretexto las banderas de la 4T para sumarse a la política de cero atención y cero solución a las demandas ciudadanas, algunas tan elementales, como el derecho a la salud o al agua potable.
Como muchos de los derechos humanos consagrados en nuestra constitución política, el derecho al agua potable también existe en nuestra Carta Magna, pero así como muchos de esos derechos (a la salud, a la vivienda, al empleo, a la educación, a la alimentación, a vivir con seguridad, sin miedos, etc.) son letra muerta para millones de mexicanos, igualmente, el derecho al agua potable en muchos municipios del país es también letra muerta; solo existe en el papel, pues en la realidad miles de familias no gozan de este beneficio de elemental necesidad, y lo peor, quizás, es que los funcionarios encargados de garantizarlo olvidan su obligación, y otros, como en el caso de Hidalgo, hasta se ofenden cuando los ciudadanos les reclaman atención.
Sin agua no se puede vivir, pero los señores funcionarios, seguramente con agua de sobra en sus viviendas, parecen no saberlo, pues simplemente se constriñen a decir que “no hay agua”, y tampoco recursos públicos para hacerla llegar a los miles de hogares que actualmente carecen de ella. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en México existe una cobertura de servicio de agua entubada del 92 por ciento en zonas urbanas. Sin embargo, las áreas rurales alcanzan apenas el 23.9 por ciento. Y en el caso del estado de Hidalgo, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2020, al menos 9 por ciento de la población de Hidalgo vive en domicilios sin acceso al agua, y 8.4 por ciento de los hogares no cuentan con drenaje. Según el organismo, unas 635 mil personas carecen de acceso a servicios básicos en las viviendas hidalguenses. Si solamente en Pachuca, la capital, 92 mil pachuqueños no tienen acceso al agua entubada (Inegi), imaginemos cómo están los habitantes del resto de los municipios en mayor marginación.
En Hidalgo, dicen los funcionarios de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), que no hay agua para las colonias populares de la ciudad, pero sí hay para surtirle al aeropuerto de Santa Lucía, como lo consigna la prensa del 7 de marzo del presente año: “Hidalgo enviaría cerca de 3 mil litros de agua por segundo al AIFA. El proyecto de construcción considera que 14 municipios hidalguenses compartirán el líquido con el nuevo aeropuerto”.
No hay agua para las familias hidalguenses, pero sí para la cervecería Modelo que tiene una capacidad para producir 12 millones de hectolitros al año. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “se requieren 75 litros de agua para la elaboración de un vaso de cerveza de 250 mililitros, lo que se traduce en 300 litros del vital líquido por cada litro de la bebida alcohólica”. Aunque la cervecera ha asegurado que “el volumen de agua utilizado por cada litro de su producto ronda los 3 litros, pero en la cifra no contemplan los insumos ni la actividad manufacturera, aclararon expertos”. De acuerdo con funcionarios hidalguenses, la operación de la Cervecería Modelo del Centro, extraerá 6.3 millones de metros cúbicos de agua subterránea cada año.
No hay agua para las miles de familias hidalguenses que carecen de ella, las que no reciben ni la gota bendita que necesita el ser humano, pero sí la hay para las zonas residenciales de alta plusvalía; sí para el aeropuerto de Santa Lucía y para la Cervecería Modelo y otras empresas; no hay agua para las familias humildes de Pachuca, Tizayuca, San Bartolo, Huehuetla, Nopala, etc. Es esta la realidad que ni funcionarios estatales ni aquellos que pertenecen a la 4T del gobierno federal quieren cambiar.
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