No se trata de ninguna calumnia cuando se dice que el problema de la vivienda no ha hallado solución definitiva dentro del gobierno actual de la Cuarta Transformación, como tampoco tuvo solución con los gobiernos anteriores, prueba de dicha afirmación se encuentra en el horroroso dato de la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020: el país tiene un déficit de 8.2 millones de viviendas.
Vemos que, por un lado, no existe actualmente una política para garantizar que, si no toda, la mayor parte de la población tenga acceso a un crédito para obtener una vivienda propia; y por el otro, que de los que tienen acceso a créditos formales como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o como el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), donde poco más de 200 mil derechohabientes tienen adeudos vencidos, de los cuales 100 mil de estos adeudos ya son considerados impagables, son orillados a aceptar una vivienda en desarrollos alejados de sus centros de trabajo, vendidas a precio de residencias, con tasas de interés que poco se diferencian entre las del sector privado o, como en el caso del Fovissste, donde la simple conversión a Unidades de Medida y Actualización (UMAs) aumentaron las deudas de un solo golpe en decenas de miles de pesos y con ello borraron de un plumazo la esperanza de estos trabajadores de tener una vivienda propia, pues nunca podrán pagarla.
No ocurre algo diferente en nuestra ciudad capital, de igual manera es un suplicio conseguir vivienda. En la Ciudad de México, hasta diciembre de 2021, el precio medio del metro cuadrado de vivienda construida en un desarrollo inmobiliario era de 38 mil 323 pesos, por lo que se deduce que para adquirir un departamento de 60 metros cuadrados tendrían que contar con 2.3 millones de pesos. Tomando en cuenta que el salario medio de un trabajador en la capital, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2020, es de 11,904 pesos, podemos calcular que para obtener ese departamento un trabajador promedio, destinando el 100 por ciento de su salario le llevaría 16 años pagarlo.
Hay que recordar también, para retratar el problema de la mejor manera, que en la capital casi el 30 por ciento de los habitantes rentan, mientras que el índice de hacinamiento es del 49.2 por ciento, es decir, 4 millones 278 mil personas viven amontonadas, en algunos casos en un solo cuarto donde no se tiene acceso siquiera a la cuota de aire necesaria por persona.
A simple vista, pudiera concluirse que es culpa del trabajador, sin embargo, concluir eso sería un sinsentido, pues en nuestro país la recaudación de impuestos descansa en su mayor parte sobre los hombros de los trabajadores. Además de que cada entidad federativa cuenta con instituciones que deben estar orientadas a garantizar que todo ciudadano mexicano tenga acceso a una vivienda decorosa. El Estado es responsable de resolver esta problemática.
Veamos qué sucede en la práctica. Teniendo estos problemas tan acentuados en sus manos, el gobierno de la capital no le ha dotado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México de facultades y presupuesto para comprar terrenos y en ellos poder construir vivienda de interés social, lejos de ello, solo le ha dejado a los capitalinos sin vivienda dos caminos: el primero es ir a dejar una solicitud de vivienda a la ventanilla del Instituto de Vivienda (INVI) que casi en todos los casos no encuentra respuesta; y en el segundo, descarga la responsabilidad de conseguir terreno sobre las espaldas de los ciudadanos, para que una vez que éstos lo consigan, el Instituto pueda construir las viviendas en él. La segunda opción orilla a las personas a organizarse en grupos para poder adquirir terrenos y después llevarlos al INVI con el sueño de que en ellos se construya una unidad habitacional.
Veo necesario, para plasmar la actitud del gobierno actual ante esta problemática, acudir a un ejemplo.
En 2020 un grupo de colonos se organizó para proponerle al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) la compra de un terreno que está en su lista de bienes inmuebles, las gestiones iniciaron de manera formal a principios de 2021, y después de un largo camino, en la última reunión, llevada a cabo en las Oficinas de Ferrocarriles Nacionales en Liquidación el 12 de abril del presente año, se les contestó tajantemente a los vecinos que no había manera de venderles el inmueble en un precio accesible para ellos, y cuando se propuso que le donaran el inmueble al Gobierno de la Ciudad para que éste construyera en él vivienda de interés social se les dijo que eso rebasaba sus facultades y no tenían intenciones de modificar la normatividad para que esto fuera posible.
De la reunión como de sus respuestas hay pruebas, pero queda una gran interrogante, ¿cuál es el camino que le queda a los colonos para conseguir vivienda? si el mismo instituto que lleva en su nombre la finalidad para la que nació: “devolver al pueblo lo robado”, les niega la posibilidad de hacerse con un terreno, y aún más preocupante, que no esté dispuesto a donarlo al Gobierno de la Ciudad para ayudar a paliar el problema de la vivienda. Vemos pues, que el gobierno actual no tiene interés en garantizar a los capitalinos el derecho a la ciudad.
Por mi parte, he de dejar aquí sentado que encabezaremos la lucha de este grupo de colonos hasta que su necesidad sea cubierta, y el INDEP a través de esta donación le devuelva al pueblo lo robado; de lo contrario quedará claro que este, igual que los demás, no es un gobierno de los pobres, y que antes de acceder a dotar de un pedazo de patria a los pobres de la capital, prefieren hacer negocio con las grandes inmobiliarias dilapidando los bienes de la nación. Verán los capitalinos que confiaron en el partido en el poder, a sus redentores convertidos en sus verdugos.
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