Los derechos humanos son un conjunto de derechos que corresponden a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Son inherentes a todos los seres humanos y tienen como objetivo garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona.
La educación, la libertad, la vida, el trabajo y la vivienda son algunos de los derechos a los que el ser humano tiene que tener acceso para contar con una vida digna e integral. Sin embargo, los gobiernos actuales, tanto municipales, estatales como federales, se olvidan y violan flagrantemente estos derechos humanos y constitucionales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.
Es el Estado el que no promueve la vivienda para los ciudadanos, pese a lo establecido en la Constitución.
Hoy me quiero referir principalmente al derecho a la vivienda, pues es este el que permite resguardar al ser humano; tener una edificación que le ofrezca refugio y habitación, protegiéndolo de las inclemencias climáticas y otras amenazas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reconocen el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, lo cual implica que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a una vivienda de calidad, con servicios básicos, segura y bien ubicada. Además, el Estado debe adoptar medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Sin embargo, la realidad está muy lejos de cumplirse, pues es precisamente el Estado (entiéndase como las instituciones que gobiernan y administran un determinado territorio), es decir, los gobiernos municipales, estatales y federales, el que no promueve la vivienda para los ciudadanos. Veamos.
Una compilación de información de la Base Data México, de la Secretaría de Economía, estableció que, para el año 2020, 272 mil colimenses, el 34.7 % estaban en condiciones de vulnerabilidad social por carencias sociales.
Aproximadamente 192 mil colimenses, el 24.4 %, presentan carencias por acceso a los servicios básicos de vivienda, y 149 mil personas, el 19 %, padecen carencias por acceso a los servicios de salud (Excélsior, 8 de agosto de 2024).
Y esto sin contar el hacinamiento en el que viven miles de colimenses, quienes, a pesar de contar con vivienda, no tienen los espacios suficientes para que todos sus habitantes puedan tener un lugar digno donde descansar.
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que alrededor de 32 mil colimenses viven en condiciones de hacinamiento.
De igual forma, el Coneval destaca que 66 mil personas no cuentan con los servicios básicos en su vivienda como drenaje, agua o electricidad, es decir, que viven en condiciones paupérrimas y con altos niveles de marginación (Diario de Colima, 4 de mayo de 2023).
El problema de la falta de vivienda se ha agudizado más en nuestros días. Claro, se ha creado vivienda, pero no para los ciudadanos más desprotegidos; se crean y se promueven desarrollos de vivienda privada en zonas residenciales. A lo mucho se promueve vivienda de interés social para los trabajadores, quienes, con sus salarios de hambre, terminan pagando su vivienda en veinte o treinta años.
Urge desarrollar vivienda popular para todos los colimenses, vivienda digna y decorosa como lo marca la Constitución. El Movimiento Antorchista de Colima seguirá encabezando esta demanda muy sentida por la población y tocando puertas en todos los órdenes de gobierno para que se respete y se haga cumplir la ley para todos los ciudadanos. Que conste.
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