Todo mundo reconoce que sin el trabajo de los productores del campo, no habría vida social.Y en efecto, nadie vive alimentándose de piedras, metales o madera, todos, absolutamente todos los seres humanos de todas las naciones del mundo vivimos porque consumimos carne, leche, cereales, frutas, verduras, etcétera, productos que salen del trabajo del hombre sobre la tierra y el mar.
Y sin embargo, dos cosas distinguen al campo mexicano y en particular, al campo de Sinaloa: mucho trabajo y poca remuneración a los medianos y pequeños productores.
Es del dominio público que Sinaloa es líder nacional en producción de granos y hortalizas, según datos del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), cada año se cosechan alrededor de seis millones de toneladas de maíz (en 2019, 5.8 millones), más de un millón de toneladas de tomate, igualmente ocupa el primer lugar en producción de chile verde, pepino, berenjena, garbanzo, tomate verde, ajonjolí y ocupa el honroso primer lugar en pesca.
Ahora veamos cuánto se le destina al sector agropecuario por parte del Gobierno federal y estatal, a sabiendas de que la economía de la mayoría de los 18 municipios de Sinaloa depende de que le vaya bien o mal al sector primario, principalmente a la agricultura, ganadería y pesca.
En primer lugar, el Gobierno federal hizo una reducción drástica del presupuesto, este 2020 se redujo en 17 mil millones de pesos, se cancelaron programas que para el caso del sector primario sinaloense eran prioritarios, tales como: Agricultura por Contrato, Mecanización Agrícola, Concurrencia, PROGRAN, Tecnificación Agrícola (invernaderos, sistemas de riego, etc.); a los pescadores, se les canceló el apoyo al diésel marino y muchos programas más que por falta de espacio no menciono.
Todo esto a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en campaña, sostuvo que el campo sería prioridad en su gobierno, que desde el inicio de su administración se apoyaría para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, incluso, llegó a prometer para el caso del maíz, un pago de 7,500 pesos la tonelada.
Por su parte el Gobierno del Estado, que encabeza el licenciado Quirino Ordaz Coppel, aun sabiendo la gran importancia del sector, solo le destinó 600 millones de pesos, muchísimo menos que a la construcción de los estadios de béisbol y fútbol, a los que se les destinó en conjunto más de mil millones de pesos.
Mientras tanto, los productores viven en constante Vía Crucis; primero el alto costo de insumos, los créditos y seguros, los precios de las cosechas por los suelos, además del retardo del pago del subsidio del gobierno para alcanzar los 4,150 pesos por tonelada.
¿Es imposible salir de esta situación año con año recurrente? ¿Es imposible que los gobiernos estatal y federal incrementen los apoyos, sin los cuales los productores no podrán salir adelante? La respuesta sin duda es que no.
Primero, los gobiernos tienen los recursos suficientes, producto de nuestros impuestos, para hacer del campo mexicano y, por tanto, del sinaloense, un verdadero motor del desarrollo nacional.México tiene recursos naturales suficientes para ello y la laboriosidad de su gente dedicada a estos trabajos.Los gobiernos deben dejar de invertir en proyectos que no son prioritarios y más aún muy cuestionados por la opinión pública y canalizar recursos suficientes para el campo.
Para cambiar esta situación de abandono y exigir mayor presupuesto, primero que nada los productores no deben dejarse manipular por liderazgos desgastados que solo buscan su beneficio personal, o por gobernantes, diputados y senadores que solo los mediatizan ante el poder central.Urge una verdadera reorganización política de los productores que ponga por delante los intereses genuinos de los hombres y mujeres del campo.
Está por aprobarse el presupuesto 2021 y las señales que manda el presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no son nada favorables al campo, urge la movilización organizada y consciente de los productores y sus familias, tanto para obligar al Gobierno federal como al Gobierno y Legislatura del Estado a destinar mayores recursos al sector.Ese es el reto.
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