Cada día es más difícil para los habitantes del país obtener agua, tan indispensable para la vida y que, por lo mismo, muy pocos imaginan que sea utilizada como mercancía justamente por la necesidad que todos tenemos de ella. El capitalismo en que vivimos nos demuestra que este recurso ha dejado de ser un derecho para pasar a ser un simple objeto mercantil. ¿Quién accede al agua ahora? No quien la necesita sino el que puede pagarla.
Así se explica cómo empresas nacionales y extranjeras tienen el 70 % de las concesiones del manejo del agua en el país, mientras más de 45 millones de mexicanos no tienen acceso al agua de manera cotidiana, ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Las empresas que acaparan las reservas hídricas de México son Industrias Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).
Ninguna empresa está protestando como los habitantes de diferentes estados, municipios, colonias o barrios que carecen de este elemento. Es claro que la sequía no afecta a todos por igual.
A estas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido.
Las embotelladoras de agua figuran entre las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola, por medio de Ciel; Dasani, Compañía Topo Chico, Smartwater; PepsiCo con Epura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonafont, Evian, Volvic; y Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
Las transnacionales del ramo no sólo se benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases PET.
Aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente alto”: Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, el Estado de México y otras once entidades en “estrés hídrico” debido a la sobreexplotación de las distintas fuentes, ya que consumen un nivel superior de agua del que tienen disponible.
A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados. Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos, principalmente el del acceso equitativo al agua.
Vemos cómo ninguna empresa está protestando como los habitantes de diferentes estados, municipios, colonias o barrios que carecen de este elemento. Es claro que la sequía no afecta a todos por igual.
Y no se diga la afectación en la producción agrícola debido a que, de los 22 millones de hectáreas que se siembran en México, únicamente seis millones son de distritos de riego, operados por agroindustrias, mientras que los 16 millones de hectáreas restantes son de cultivos temporales que dependen de las lluvias y son trabajadas por campesinos.
Entre las consecuencias de las sequías se encuentra el aumento de precios en granos, productos básicos e insumos para el sector agrícola, así como la inflación histórica por arriba del siete por ciento, el incremento en las importaciones de alimentos y la incertidumbre financiera en los mercados.
Es importante tomar medidas antes de que México tenga los problemas severos que se viven en otras naciones, como la hambruna con tasas de mortalidad muy altas.
La entrega de permisos se debe hacer tomando en cuenta las características de cada espacio geográfico y su disponibilidad real de agua.
Por ejemplo, durante 2021 los pobladores del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla —en el centro de Puebla— decidieron alzar la voz contra la empresa Bonafont porque la embotelladora produce cada hora alrededor de mil 440 garrafones de agua en una de sus plantas instaladas en la región, de acuerdo con datos del Atlas de Justicia Ambiental.
En contraste, al menos cinco familias del municipio cuentan solo con pozos artesianos para uso doméstico, pero el 90 por ciento se ha secado y de los restantes sólo es posible extraer entre 50 y 200 litros de agua para todas sus actividades.
Según el Atlas de Justicia Ambiental, Bonafont cuenta con tres concesiones de agua en la zona: una por 105 mil 229 metros cúbicos de agua al año y otras dos cuyos volúmenes no se han incluido en el Repda. Con esta falta de transparencia, la población denuncia que la empresa consume de forma ilegal más agua de la que tiene permitida.
Tras preguntar a los empleados de la embotelladora, los investigadores descubrieron que la empresa extrae un millón 400 litros de agua diarios: un volumen 3.47 veces mayor a lo que tiene permitido extraer con base en la única concesión cuyo volumen es visible en el Repda.
La Ley de Aguas Nacionales fue un prerrequisito para que México entrara al Tratado de Libre Comercio. Por tanto, vivimos bajo un sistema neoliberal que ve al agua sólo como una fuente de ingresos:
“El agua del país se exporta en forma de productos y la que se queda, o está contaminada o es para el acceso de unos pocos. Por ejemplo, las comunidades mazahuas del Estado de México ven pasar el sistema Cutzamala por arriba de sus cabezas, mientras abajo en sus casas no tienen agua potable”.
Esta falta de recurso hídrico se repite también en otras áreas del país como el Valle de Puebla, con los barrios cercanos a la planta de Volkswagen.
Pero este es sólo un ejemplo, pues existen más agroindustrias en México como la de la nuez pecana en Sonora, la del aguacate en Michoacán y la de los cítricos en Veracruz. De acuerdo con las organizaciones entrevistadas, el país no vende alimentos, automóviles ni cervezas.
En realidad, México vende y exporta su agua en forma de productos a través de grandes empresas nacionales o extranjeras. Existen países que no quieren explotar sus acuíferos y buscan que otros asuman ese costo; desafortunadamente, México no es uno de los que cuidan su agua.
Las consecuencias de esta explotación las paga la población y las especies de las regiones que se quedan sin agua, y no los grupos de poder que son los que la explotan.
Pero no son sólo las empresas extranjeras: también personas con alta influencia política en México, como la senadora Olga Sánchez Cordero, han obtenido permisos.
Cordero y su pareja tienen concesionados 2.7 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalentes a mil 80 albercas olímpicas, de acuerdo con una investigación de Agua Para Todos. Con ese volumen riega sus plantíos de nogales y cítricos para exportación en General de Terán, una zona con alto estrés hídrico de Nuevo León.
Entre las principales entregas de concesiones a personas físicas o empresas está el caso de bancos como BBVA México, que cuenta con 10 concesiones de agua, entre ellas una en Nayarit por 2.1 millones de metros cúbicos —equivalentes a 840 albercas olímpicas— al año. Pero no es el único: Santander, Banco Azteca, HSBC, Banorte, Citibanamex y Scotiabank también tienen concesiones en distintas entidades del país.
La corrupción en el caso del agua está legalizada, porque la Ley de Aguas Nacionales, por la forma en que fue escrita, permite una concentración del recurso hídrico nacional en pocas manos.
Si bien la escasez de agua se origina por el acaparamiento, vemos claramente que no es por las poblaciones más vulnerables, que muchas veces el sistema capitalista señala como culpables, a las cuales castigan racionándoles el agua por días y horas, obligándolas a comprar pipas de agua, gasto que viene a afectar el poder adquisitivo de su canasta básica, y a las empresas la falta de agua las tiene sin cuidado, ellas tienen su capital para poder comprarla.
Es necesario un cambio urgente en la Ley de Aguas Nacionales. Pero hasta ahora no se ha logrado por la presión económica y política que ejercen los grandes intereses y empresas metidas en el consejo consultivo de Conagua.
Si se perpetúa el sistema de concesiones actual, se seguirán explotando los acuíferos del país y el agua continuará disponible sólo para aquellas personas físicas o empresas que puedan pagar por ella.
La Ley de Aguas Nacionales está diseñada para regalar nuestro recurso hídrico al capital nacional y extranjero bajo la idea de que todo es mercancía.
La lucha no es fácil, pero somos muchísimos mexicanos que nos podemos organizar para pelear por lo que nos toca, y en lugar de que el agua siga siendo una mercancía más, lograremos ponerla nuevamente al servicio de nuestra salud y nuestra vida.
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