La lucha resuelta que se aproxima por parte de la gente humilde organizada en Antorcha en BCS es producto de la respuesta a un pueblo cansado de la ligereza con que el gobierno del estado trata los compromisos de solución, por ejemplo, para la entrega de terrenos a las familias necesitadas.
Esto, en buen romance, es que el gobierno del estado, a través de la Secretaría General, ha alargado los plazos de manera injustificada y en reiteradas ocasiones los acuerdos tomados después de infinidad de manifestaciones y mesas de diálogo.
Miles de familias en La Paz, San José y Cabo San Lucas siguen sin terrenos ni apoyos, mientras el gobierno estatal incumple acuerdos con Antorcha, que advierte más manifestaciones.
Desde las primeras manifestaciones de los organizados se han destacado el malestar y hartazgo de las promesas de los hombres de poder, pues con nuestras manifestaciones siempre se va a defender el derecho a exigir justicia y solución a lo justo, ya que se trata de una parte de la sociedad mexicana que, con esfuerzo, ha contribuido de manera principal a construir la economía del país.
Exigir que se materialicen los proyectos en materia de vivienda, que viene gestionando Antorcha desde hace varios años, beneficiará a miles de familias de muy escasos recursos económicos que no tienen un pedazo de patria para edificar su vivienda, en La Paz, San José y Cabo San Lucas; y, sumado a esto, los diferentes temas de educación con las peticiones de infraestructura y apoyos para la preparatoria Moctezuma Ilhuicamina de la colonia Gastélum en Cabo San Lucas, apoyos alimenticios, paquetes de mejoramiento de vivienda en el Instituto de Vivienda (Invi), etcétera; está todo ello plenamente justificado en la Constitución y, sobre todo, en la justicia social.
Antorcha, como se sabe, desde hace años ha venido planteando que se etiqueten recursos para la atención y solución a las necesidades de las familias en las comunidades rurales y urbanas, especialmente en las más marginadas, con el objeto de hacer obras que cambien sustancialmente la vida de pueblos, colonias y barrios marginados que llevan años en el más absoluto olvido.
Volvemos a reiterar lo establecido en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y este derecho a la libertad de reunión y de asociación se complementa con el artículo noveno de nuestra Carta Magna.
Las peticiones están bien fundamentadas. Por eso, al reunirnos recientemente con la subsecretaria general de Gobierno, Claudia Meza de la Toba, y con representantes de propietarios de predios urbanos para revisar el avance a la petición de terrenos para las familias cabeñas que carecen de un pedazo de patria para vivir dignamente, como continuidad a los acuerdos que se tomaron anteriormente en las reuniones con la Secretaría General de Gobierno, creemos que no deberían dar más largas (hoy 22 de agosto se volvió a incumplir por el gobierno) para que se empezara a avanzar con las primeras mil familias; primera fase de las tareas administrativas a realizar, para que tentativamente el 29 de agosto se avanzara ya con la firma de todos los titulares y, sin embargo, no se cumple con el acuerdo prometido.
¿De qué manera se puede calificar a estos funcionarios, que no toman con seriedad lo que ellos mismos han puesto sobre la mesa? Lo menos que podemos decir es que son insensibles ante las necesidades tan apremiantes de los que no pueden contar con una vivienda, que es un derecho constitucional.
Ahora bien, como ya lo hemos dicho otras veces, el Movimiento Antorchista Nacional surgió a la palestra política del país con el objeto de trabajar y luchar en contra de la pobreza, pobreza que solo puede combatirse mediante cuatro líneas de acción: empleo para todos, mejores salarios, pago progresivo de impuestos y reorientación del gasto nacional.
Esta última consiste en que el presupuesto que manejan los tres niveles de gobierno (alcaldes, gobernadores y presidente de la república) se invierta sobre todo en beneficio de las clases populares de la ciudad y del campo, pues salvo honrosas excepciones, generalmente el dinero del erario sigue dos caminos: una parte sustancial se ejerce en obras que favorecen a la clase del dinero (por ejemplo, carreteras, autopistas, distribuidores viales, segundos pisos, puertos y aeropuertos, y obras de relumbrón) y otra parte sustancial se destina a engordar los bolsillos de la clase política, de sus amigos, compadres y familiares, o sea, a la corrupción, problema que en México, dígase lo que se diga, no se ha terminado.
Y no se vale porque, como también ha reiterado Antorcha, el dinero que manejan los tres niveles de gobierno tiene dos fuentes principales: el 70 % procede de los impuestos que paga el pueblo trabajador (por ejemplo, el pago del 16 % del IVA y el pago del Impuesto Sobre la Renta, el ISR, que le descuentan al empleado directamente de su cheque); la otra fuente, que equivale aproximadamente al 30 % de lo que recauda el Estado, de donde se deduce que los multimillonarios prácticamente no pagan nada. Por tanto, si el dinero del erario proviene de los impuestos del pueblo, es de los mexicanos y, luego entonces, dicho dinero debería emplearse para cubrir las necesidades del pueblo.
En ese sentido, nuestra larga experiencia enarbolando las demandas más sentidas de los campesinos, colonos y estudiantes pobres del país nos permite afirmar, sin falsa modestia, que los antorchistas tenemos bien afinada la puntería para detectar las demandas ciudadanas; nos permite localizar, por ejemplo, la falta de vivienda, o escasez de agua entubada, de drenaje sanitario y pluvial, de luz eléctrica, de pavimentación de calles, de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, de vivienda (lotes, mejoramiento y pies de casa), en fin, de todo.
Ello, no obstante, dicho sea con franqueza, los antorchistas percibimos cierto menosprecio, cierta minusvaloración de parte de los funcionarios actuales, quienes responden con frialdad e indiferencia a nuestros argumentos, alargando los plazos de solución, escondiéndose para no dar respuesta puntual, con la maniobra clara de que nos cansemos y no continuemos con la lucha. Pero, todo lo contrario, Antorcha en más de 50 años ha crecido en membresía, tiene su respaldo en las 31 entidades federativas y la CDMX.
¿Qué se viene? Más manifestaciones. El pueblo está cansado de escuchar tantas promesas y de la falta de apoyo. Entre las actividades que los antorchistas realizarán para denunciar esta actitud del gobierno estatal, y en concreto de la Subsecretaría General, se encuentra la realización de cadenas humanas, pintas, volanteo, marchas, plantones, entre otras.
Reiteramos que la gente que representamos, que ha venido luchando, necesita acciones concretas. Privilegiamos la mesa de diálogo, pero el sistemático alargamiento de los pasos concretos de los compromisos por el Gobierno del Estado nos obliga a movernos en La Paz y San José del Cabo.
Por lo antedicho, y porque es indudable el maltrato al que me referí más arriba, el Movimiento Antorchista se ve obligado, forzado nuevamente por los funcionarios del gobierno del estado a todo esto y, de ser necesario, a dejar un plantón permanente en las dependencias correspondientes hasta no recibir una respuesta mínimamente satisfactoria.
No es amenaza, no es tampoco sobrestimación de nuestras fuerzas; se trata simplemente de un acto de legítima defensa que consideramos justo en la búsqueda de un reparto más equitativo del gasto social que es, en última instancia, una de las cuatro maneras de repartir mejor la riqueza social. Es nuestro derecho, la ley lo establece y nos faculta para no solo pedir, sino incluso exigir mediante la protesta enérgica, pero pacífica y respetuosa.
Ojalá que nuestro pedimento no caiga en oídos sordos y que, si por el contrario se da una respuesta negativa y se nos reprime, si así ocurre, ni modo, no es nuestra culpa, es el precio que injustamente debemos pagar los antorchistas por nuestra mística de ser congruentes con nuestros principios e ideales.
Antorchistas, ¡en pie de lucha, nada de agachados, ni de rodillas, venceremos! Al tiempo.
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