En los días que corren, el Movimiento Antorchista de Baja California Sur entregó un enorme listado de cerca de 3 mil 500 solicitantes de terreno para vivienda, quienes, dada su pobreza, no tienen posibilidades de comprar uno en las ciudades de La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Han elaborado un documento conjunto solicitando la urgente ayuda gubernamental, mismo que fue recibido a nombre del Gobierno del Estado por el Ing. Benjamín García Meza, director del Instituto de Vivienda de BCS, el pasado 15 de enero del presente, así como por la Lic. Margarita Urías Morales, en representación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), un día después.
El número de personas sin casa propia ni terrenos dónde construirla asombra a propios y extraños y sigue creciendo
Se trata de uno de los acontecimientos sociales más relevantes de Baja California Sur de muchos años y de lo que va de este, dada la gran cantidad de personas involucradas en una necesidad social tan grande y que se han unido para intentar solucionarla. Y, en efecto, el número de personas sin casa propia ni terrenos dónde construirla asombra a propios y extraños y sigue creciendo; ha rebasado las expectativas de los propios solicitantes que no sospechaban que fueran tantos y, sin dudas, seguirá creciendo; es un fenómeno en pleno proceso que merece la atención general dado el desarrollo y consecuencias que puede tener: hay mucha pobreza, demasiada carencia en BCS, que no debe subestimarse.
En las condiciones sociales en que vivimos, la tierra, el pedazo de terreno para vivir o construir cualquier cosa, es una mercancía y como tal está sujeta a las leyes económicas objetivas que dominan la vida en el sistema capitalista, basado en la obtención de riqueza a como dé lugar. La urbanización, la introducción de servicios de agua, electricidad, pavimentación, la habilitación de transporte público, etc., y el propio desarrollo comercial y urbano le agregan a la mercancía terreno una inversión de muchos millares de horas de fuerza de trabajo, o sea, valores cuyo precio la hacen inaccesible a la mayoría de los mexicanos, quienes tienen que irse a vivir a pedazos de terrenos-mercancía baratos que no cuenten con toda esa inversión de mano de obra, en otras palabras, a malos lugares para vivir.
El desarrollo capitalista, pues, expulsa de manera inevitable a los humildes a los alrededores menos desarrollados de las ciudades, a los peores sitios —los buenos alrededores son para las élites—; ese es el destino de los más humildes en el capitalismo; algunos se salvan, pero la inmensa mayoría es condenada así a vivir por décadas o toda su vida en calles polvosas, inundables, sin suficiente agua, sin drenaje, con pésimas instalaciones educativas, culturales y deportivas (o las mismas en un abandono espantoso por falta de presupuestos) y a pagar renta como un eterno viacrucis insalvable.
Este es el ordenamiento territorial real de nuestras ciudades y está sujeto a la competencia capitalista. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que regula dicho ordenamiento, es letra muerta para el poderoso capitalista —que hace de ella lo que quiere— y un garrote para azotar al pobre, al humilde que trata de romper la “santidad” del orden territorial capitalista. ¿Cómo rompe el mexicano humilde este orden territorial capitalista? Por la simple razón de existir. Por la simple razón de exigir condiciones dignas para vivir, mismas que requieren la misma o similar inversión de millares de horas de fuerza de trabajo que el capital no está dispuesto a proporcionar sin obtener ganancias —y entre más, mejor.
Por eso sus sistemas de gobierno le quieren vender todo al humilde y han decidido echar al basurero las viejas promesas de proporcionar ayuda con buenos terrenos y a bajos precios, generosamente ofrecidos por gobiernos solidarios. Pero esto es lo que necesitan las clases trabajadoras y humildes de México y que no encuentran desde hace ya varias décadas. De ahí los intereses opuestos, de ahí la gran contradicción que nos muestra lo mal que hace este sistema social a los más pobres, intereses de clases sociales contrapuestas, que no se pueden ocultar ni salvar dentro de los límites de ese mismo sistema.
Las viejas promesas han quedado en el pasado. Hoy, casi ningún gobierno tiene reservas territoriales adecuadas para enfrentar estos enormes problemas de carencia de vivienda y de esa manera orillan a los humildes a estar amarrados por el ordenamiento territorial que garantiza mejor la ganancia capitalista inmobiliaria. ¿En qué consiste la trampa? En que no se autorizará nuevos asentamientos humanos hasta que no se hayan comprado, sí, comprado, los que ya eligió la clase capitalista para la venta en su provecho. Esta técnica de venta y expoliación burguesa es debidamente disfrazada de “desarrollo urbano sustentable” para “defender la naturaleza y la ecología” y “protegerla de impactos nocivos producto de crecimientos urbanos desordenados”. ¡Qué ironía, como si la anarquía de la producción capitalista no existiera y no fuera su forma de ser!
Así que, o compras en donde el imperio de la mercancía quiere o te quedas en la irregularidad jurídica por décadas o quizá toda tu existencia, irregularidad que te sentencia a vivir fuera de las “bondades del sistema”. Y todos sabemos que este es el triste destino de los más humildes, sobre todo, y más, si no están debidamente organizados.
Y así, con estas “nuevas ideas progresistas” llevamos ya más de cuatro décadas y el resultado es el aumento de las carencias y la pobreza de vivienda que hoy caracteriza a las principales ciudades de nuestra patria y desde luego de Baja California Sur incluida. El “ecologismo” gubernamental, sin importar el partido que lo administre, sólo ha servido de agencia comercial, de oficina de ventas de las inmobiliarias privadas; no ha servido para aliviar la pobreza de vivienda de nuestro pueblo, al contrario. Y una prueba de ello es el clamor de 3 mil 500 familias sudcalifornianas que hoy han decidido levantar su voz… y son solo la puntita del mantel.
Todo esto obliga a que la suerte de toda esta multitud dependa de que algunos funcionarios comprendan y se rebelen contra su propio sistema y se decidan a solidarizarse con la gente que requiere su ayuda, aprovechando legalmente que tienen el poder. La petición es muy concreta: que los gobiernos compren terrenos para esos miles de familias, que los fraccionen debidamente y los ofrezcan a precios muy accesibles a las familias organizadas en este movimiento de solicitantes y, luego, proporcionen la ayuda indispensable para urbanizar e introducir todos los servicios de manera también proporcional a los ingresos de los humildes, sin condenarlos a pagar o morirse de hambre. Así de simple. Y esta petición no viola ninguna ley ni es irracional, sino perfectamente alcanzable, siempre y cuando esos funcionarios se decidan a solidarizarse con su pueblo en desgracia. Y sabemos que sí hay recursos para hacerlo: somos la doceava economía más productora de riqueza del mundo.
Insistimos, este grave asunto no debe dejarse a ver qué Dios dice, ni evadirse, sino resolverse urgentemente con toda responsabilidad por quienes tienen en sus manos el poder de solucionarlo. Es imperativo. La forma legal de resolverse depende de eso, esa es en la que insiste Antorcha. Ojalá.
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