La eliminación de programas sociales que eran de vital importancia para los mexicanos, el ficticio combate a la corrupción con la conformación de un gabinete ocupado por corruptos, la política de austeridad republicana que no es austera, el nulo combate a calamidades presentes que se han incentivado tales como la miseria extrema, la pobreza y la hambruna del pueblo, el desempleo y la desquiciante inseguridad, son tan solo algunos de los condimentos que ha alimentado la llamada Cuarta Transformación promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tan solo dos años de su gobierno.
La tragedia está presente para los mexicanos, después de que el Gobierno federal tuvo en sus manos la brillante oportunidad de crecer en la simpatía de la gente durante los tres meses que tardó el confinamiento a causa de covid-19, pero la desaprovechó, dando muestras de insensibilidad, de alejamiento, de nulo liderazgo presidencial, ya que, en lugar de ponerse en los zapatos del pueblo, lo abandonó a su suerte, lo condenó a la desesperanza y a un lento genocidio.
Porque se limitó a llamar a los compatriotas a quedarse en sus casas, en una cuarentena que duró semanas y meses, pero sin que la gente recibiera algún respaldo, ni alimentos para sus mesas, ni suspensión de cobros por impuestos, por servicios y demás mientras que se autorizaba extrañamente el incremento de precios en los productos de la canasta básica.
Fue algo así como un maquiavélico plan para mantener enfermo a México, para desarticularlo mediante la eliminación de los grupos sociales que a fuerza de reclamos brindaban protección a los más pobres del país.
Acabar con la corrupción, desaparecer la impunidad, una estricta política de austeridad, hacer del sector energético la palanca del desarrollo nacional, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un paquete robusto de programas sociales; eran parte de los lineamientos del "Proyecto Alternativo de Nación" que el actual gobierno portaba bajo el brazo una vez que ganó las elecciones del primero de julio de 2018
A dos años de distancia, esos treinta millones de mexicanos que confiaron en López Obrador y su proyecto, se encuentran diezmados, fraccionados, divididos y hasta enfrentados.
Porque el cáncer de México -considerado así por las huestes morenistas- no ha sido erradicado, la corrupción se vive en las filas del gobierno que ha cumplido dos años de mandato, el abandono de las clases pobres se ha acentuado y se ha dado paso a la inseguridad con la criminalidad vigente, con el hundimiento de la Nación.
Preferencia a los pobres era una de las premisas básicas de la campaña de López Obrador, quien señaló que la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad sería sobre todo a través de programas sociales como la pensión universal a los adultos mayores, beca mensual a estudiantes de nivel medio superior, apoyos a personas con discapacidad y se garantizaría el derecho "del pueblo a la alimentación".
Además de asegurar el destino de los recursos necesarios para la puesta en marcha de estos programas sociales, en marzo de este año el Congreso de la Unión aprobó las reformas para elevar a rango constitucional los programas sociales, con el objetivo de asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.
Con la promesa de que al pueblo "le costará menos mantener al gobierno", López Obrador aseguró que se integraría una estricta política de austeridad republicana con la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos, pensiones millonarias a los expresidentes, la erradicación de los servicios médicos privados ni cajas de ahorro especial y la venta de la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno.
La aplicación de esta "austeridad republicana" estuvo acompañada del despido de miles de servidores públicos que en algunos casos denunciaron violaciones a sus derechos laborales.
Dijo un taxista de la ciudad de edad venérea, que sentado a la mesa con sus hijos presumía que López Obrador era un buen mandatario porque le había incrementado su pensión, a lo que una de sus hijas atajó diciéndole; "mira padre lo que te da este señor no es ni la cuarta parte del salario que recibía en mi trabajo antes de ser desempleada".
En contraparte, se debe decir que los cambios a los programas sociales hechos por el gobierno de López Obrador no han funcionado para reducir los niveles desigualdad que imperan en el país.
Los cambios no funcionaron y al día de hoy ninguno de los 10 programas implementados por el gobierno federal, a los cuales se destinaron alrededor de 2.6 billones de pesos, han servido para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados.
En el caso de Prospera, el programa fue eliminado y sustituido por un programa educativo de transferencias no condicionadas, es decir, de transferencia directa a los beneficiarios, pero sin los componentes de salud y alimentación, para este el gobierno federal destinó 68.5 mil millones de pesos.
Otro de los casos menos atinados por los resultados obtenidos, es el de las Estancias Infantiles, programa que también fue eliminado y en cuyo lugar quedó un sistema de transferencias monetarias no condicionadas a los padres de los menores.
Falta ver lo que está por venir, el incremento de la inseguridad que en su máxima expresión estará alentando a los grupos criminales a seguir colombianizando a México, la miseria y pobreza, amén del hambre de mis compatriotas que será suficiente para abrir la puerta a un estallido social de grandes dimensiones, entre otras cosas que, sin planearse tal vez, ha engendrado la cuarta transformación del señor López Obrador en tan solo dos años de su gobierno.
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