¿Dónde están? Es la pregunta persistente de la ciudadanía y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala de la Independencia; la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto se vino abajo y aunque hay nuevas líneas de investigación, a nueve años de los hechos, no se ha logrado esclarecer qué pasó esa aciaga noche en Iguala y dónde están.
En las distintas movilizaciones realizadas en el marco de la desaparición de los jóvenes normalistas, en la Ciudad de México, Chilpancingo e Iguala de la Independencia, el grito de justicia por los 43 sigue sonando fuerte.
El ataque transcurrió en cinco horas, en al menos nueve distintos puntos, dejando un total de 180 víctimas directas: seis personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad del equipo de futbol Los Avispones y un normalista que mostraba huellas de tortura; normalistas, civiles, maestros, tres choferes de los autobuses que sufrieron persecución y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
En 2022, el subsecretario de Derechos Humanos y encargado del caso, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, mismo que concluye que en la muerte y desaparición de los estudiantes hubo una colusión de autoridades federales, estatales y municipales con un grupo delictivo.
La GIEI determina que, la Marina fue clave en la creación de la verdad histórica, además, expuso diversas hipótesis sobre los ataques contra estudiantes, desde un intento por reprimir la acción de protesta de la Normal de Ayotzinapa hasta la posibilidad de que uno de los autobuses fuera utilizado para transportar estupefacientes y este es un elemento central de las investigaciones, pues de ahí habría surgido la orden de no dejar avanzar a los autobuses. Lo demás todos lo sabemos, los torturaron, les dispararon, los quemaron y sus huesos fueron arrojados al río San Juan, entre otras barbaridades.
En julio del 2023, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelaron que la Marina fue un actor clave en la creación de la llamada verdad histórica -que fue sepultada- y denunciaron que la Secretaría de Defensa Nacional no ha entregado información relevante para conocer el paradero de los normalistas.
Este año, la llamada verdad histórica fue sepultada, luego de que el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, revelara que lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa no coincide con lo que verdaderamente pasó: Un crimen de Estado.
No hay ningún parecido, la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros señalamos que intervinieron varios grupos y los dispersaron, además hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. La idea central es que los estudiantes no fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por un grupo criminal, sino que se trató de un crimen de Estado, en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.
El GIEI desestimó la versión de la PGR del basurero de Cocula, ubicado a más de 20 kilómetros de Iguala porque una calcinación de esa magnitud es científicamente imposible y no pasaría inadvertida.
Los padres de familia insisten que la presidencia de la república sigue protegiendo al Ejército, luego de que en julio de este año, el GIEI mostrara nueva evidencia sobre el involucramiento activo de las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia con el crimen organizado en las horas cruciales de la desaparición y las maniobras para construir lo que llamó mentira institucionalizada.
Los padres de familia lucen ya fatigados, pero no se rinden, algunos han muerto en la búsqueda de sus hijos y otros más están enfermos. A nueve años del caso que cimbró al país y al mundo entero, los familiares y los normalistas siguen movilizándose, dejando en claro que, la lucha por la verdad y justicia continuará, incluyendo la exigencia al Ejército de rendir cuentas.
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