Muchos mexicanos seguramente recordamos todavía que el principal tema en que centró la campaña Andrés Manuel López Obrador, en 2018, fue la corrupción. A la postre, el ahora expresidente demostró ser experto conocedor e impulsor de este mal social que, junto con la pobreza, la delincuencia y la falta de atención a la salud, hoy nos lacera.
México ocupa la posición 134 de 140 a nivel mundial en materia de corrupción, según datos del Índice Global del Estado de Derecho.
Entre sus repetidas frases, destacaba: “Combatiremos la corrupción con todo”. “No habrá amiguismo, nepotismo, ni influyentismo”; “Mi gobierno no será recordado por corrupto; nuestro legado es purificar la vida pública” y “nada al margen de la ley, y nadie ni nada por encima de la ley”.
La “Casa Blanca” de Peña Nieto, comprada en las Lomas de Chapultepec; la Estafa Maestra, que consistió en una presunta red de desvío de grandes cantidades de recursos públicos; el caso Odebrecht, ocurrido entre 2010 y 2014 durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña, en que participó la empresa brasileña Odebrecht, vinculada a pagos por millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas, fueron duramente criticados por quienes hoy tienen el poder, pero sólo quedó en eso. El juicio a los expresidentes fue un show mediático planeado.
Sin embargo, con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno, las cosas han empeorado. Y no podía ser de otra manera, pues, con su ambición de manejar los recursos de los mexicanos y la llegada de quienes, acostumbrados a vivir del presupuesto, sólo cambiaron de partido, la cosa se agravó. La corrupción se multiplicó.
Recordemos sólo algunos ejemplos: en agosto de 2020 un portal de noticias publicó un video grabado en 2015 que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, quien se desempeñaba como consultor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Además, amigos y familiares de los hijos de López Obrador trabajan en el gobierno sin tener ninguna preparación ni experiencia.
Según las propias autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, el exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle —amigo cercano del presidente— no pudo comprobar el gasto de 12 mil millones de pesos, escándalo mucho mayor que la Estafa Maestra de Enrique Peña. También está el caso de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien omitió informar sobre doce empresas propiedad de él y su familia.
Todo esto y mucho más, de acuerdo con datos aportados por el Índice Global del Estado de Derecho, elaborado por el organismo independiente internacional World Justice Project, ha llevado a México a ocupar la posición 134 de 140 a nivel mundial en materia de corrupción.
Aunque en México y en el mundo siempre ha habido corrupción, un ejemplo más que “encuera” en este aspecto al gobierno de la Cuarta Transformación es que, mientras se enjuicia y castiga a quienes compran y venden combustible robado con garrafones en algunas veredas o carreteras del país, se ha descubierto —por casualidad— que quienes se dedican al negocio del huachicol y la evasión de impuestos tienen viaje rodado: ingresan al país, cada diez días, principalmente desde Texas, Estados Unidos, embarcaciones con millones de litros de combustible aparentemente legal pero de mala calidad, sin que supuestamente el gobierno estuviera enterado. ¿Alguien le cree?
Todo se descubrió el 19 de marzo de 2025, cuando autoridades federales decomisaron el buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con más de diez millones de litros de diésel, encontrando además que, para moverlo, usaban más de 300 tractocamiones y 600 pipas que distribuían en quince estados de la República, aproximadamente.
En otro caso, el buque Torm Agnes, de bandera extranjera, arribó con documentación que señalaba el transporte de aditivos para aceites vegetales; sin embargo, durante la revisión se descubrió que en realidad transportaba más de dos millones de litros de diésel, los cuales fueron descargados sin revisión física.
¿Tiene idea el llamado “pueblo bueno” de cuántos miles de millones de dólares diarios se roban los funcionarios de los gobiernos? Porque, además, ese combustible, comprado o robado, de mala calidad, que es vendido en México, también descompone los motores de los vehículos. Y nada ha pasado después de eso, sólo algunas declaraciones de la presidenta y algunos de sus funcionarios.
¿Por qué será que los políticos de todos los partidos tradicionales pelean tanto el poder? ¿A poco es para servir a los mexicanos y a los queretanos? Urge en México no sólo un cambio de gobierno, sino de sistema, con un partido de nuevo tipo.
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