Recién se cumplió un año del trágico accidente ocurrido en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro (conocida como Línea Dorada), mismo que dejó un saldo de 26 personas muertas y un centenar de heridos, todas las víctimas sin excepción eran trabajadores y trabajadoras que regresaban a sus hogares después de su jornada laboral. Como sabemos, a raíz de este lamentable hecho, que enlutó a familias muy modestas, que dejó incapacitados a varios de los heridos y, en varios de los casos, sin la cabeza del hogar y en consecuencia en graves aprietos económicos, salieron a manifestarse a las calles familiares, amigos, compañeros de trabajo y organizaciones sociales exigiendo el esclarecimiento del accidente y el castigo a los culpables, la indemnización a los familiares de los fallecidos y el pago de los servicios médicos para curar a los heridos.
Hace un año, la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) interpuso una demanda colectiva en la que reclamaba al gobierno poco más de seis millones de pesos por cada fallecido, cantidad establecida con base en el artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México y en el 502 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, aprovechando la desesperación por el desamparo en que quedaron los deudos, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) solo les ofreció un millón de pesos que, según versión del propio gobierno, la mayoría de ellos ya aceptaron.
Figuraron entre los presuntos responsables tres políticos, dos de ellos probables candidatos a la presidencia de la república en 2024, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y Miguel Ángel Mancera, actual Senador y antecesor inmediato de la actual jefa de gobierno, quienes, para variar, se echaron la bolita y, por tanto, ninguno de ellos fue llamado a rendir cuentas ante la justicia pues recibieron la exculpación del presidente Andrés López Obrador quien, como siempre que se trata de sus funcionarios, se erigió en juez inapelable.
En su ambición por ser la candidata presidencial, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, ordenó la realización de peritajes a algunas empresas, entre ellas a la noruega denominada “Det Norske Veritas” (DNV), “por su metodología, pues tiene una marca registrada”, dijo en su momento la funcionaria. Pero, a pesar de su positiva opinión sobre DNV y de los dos reportes anteriores que la misma empresa ya había entregado, el día 4 de este mes, es decir, un día después de cumplirse ya un año del accidente, declaró que su gobierno demandará por la vía civil y penal a dicha empresa por entregar un informe “deficiente, mal ejecutado, tendencioso y falso” sobre el accidente y, por supuesto, procedió de inmediato a rescindirle el contrato. No le gustó el diagnóstico. ¿Dónde quedó, entonces, su confianza en la empresa? ¿Su metodología y su marca registrada, se esfumaron de pronto?
Para evitar que el tercer reporte de la empresa DNV fuera dado a conocer públicamente, Claudia Sheinbaum recurrió al sobado argumento de su mentor: descubrieron que detrás del tercer reporte están… los adversarios a su gobierno. La Jefa de Gobierno esperaba un reporte a modo que no la inculpara en absoluto. Sí, amigos lectores, tal y como lo están leyendo. Esos malvados que siempre andan buscando cómo perjudicar a este gobierno revolucionario de la 4T y “que quieren hacer lucro político”, son los culpables de que los ciudadanos no puedan llegar a desentrañar lo sucedido en la Línea 12 del Metro. Esos adversarios “que no tienen ninguna moral, ninguna ética” merecen todo el peso de la ley, pues no siguieron la metodología para elaborar su reporte.
Indiscutiblemente, estamos ante un caso más, mediante una burda maniobra, de negarse a castigar a los altos funcionarios y hacer justicia a quienes llevan ya un año exigiéndola, por lo que bien haríamos en preguntarnos ¿quiénes son los que no tienen ninguna moral y ninguna ética? En su defensa, la empresa DNV aseguró que su tercer reporte fue elaborado sin la participación de ningún experto que “pudiera tener un conflicto de interés”, como lo afirma la señora Sheinbaum, y defendió la metodología usada, los hallazgos y las conclusiones del colapso.
Ignoro hasta dónde pueda escalar el pleito legal entre el gobierno de la CDMX y la empresa noruega DNV (que seguramente tiene un buen equipo de abogados para defenderse), pero sí creo saber que algunas de las lecciones que los ciudadanos podemos sacar para conocer la verdadera cara de los gobernantes y funcionarios de la 4T son, entre otras: 1) que tanto el gobierno local como el federal, no tuvieron, ni tienen, la intención de darnos a conocer las verdaderas causas del accidente; 2) que por lo mismo, no debemos confiar en sus palabras sino en sus acciones concretas para aplicar la ley, caiga quien caiga, y, 3) que no solamente es posible sino necesario, y hoy más que nunca, unirse y organizarse para obligar a los servidores públicos a rendir cuentas de sus actos u omisiones, y también a que cumplan con su obligación de salvaguardar la vida de los millones de usuarios que diariamente se transportan en el Metro, cuyas líneas están en deplorables y peligrosas condiciones como a todos les consta. Una vez más, el pueblo real, ese al que le ofrecieron que sería primero en las acciones del gobierno de la 4T, se encuentra con la cruda realidad, se le niega la justicia a la que tiene derecho y se protege la imagen de políticos poderosos.
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