Las recientes lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos, cuya causa principal es el cambio climático, dejaron de manifiesto la falta de inversión en infraestructura de caminos y carreteras; así como la falta de apartados presupuestarios destinados a programas que apoyen a la población que sufre las consecuencias de estas inclemencias climáticas, cuya periodicidad e intensidad aumentarán inevitablemente.
Las consecuencias van desde afectaciones leves como accidentes sin daños permanentes hasta la pérdida de la vida o de su patrimonio material como la destrucción completa de sus hogares, construidos con años de esfuerzos y trabajos.
Hay un desmantelamiento total de las instituciones relacionadas con política ambiental, como evidencia el informe “Matar el futuro: La 4T y el fin de la política ambiental en México” de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988 para que realizara evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta, predijo que la proporción de ciclones tropicales intensos y las tasas de precipitación media y máxima aumentarán como consecuencia del cambio climático.
Y para nadie es desconocido que basta con que un huracán o tormenta intensa toque tierra para que las consecuencias las sufran las familias más vulnerables.
En Hidalgo, en las últimas semanas se han registrado diversos derrumbes, deslaves, accidentes vehiculares derivados del pésimo estado de calles, carreteras y caminos en todo el estado; además de pérdidas materiales por inundaciones.
Francisco Quijas Cruz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del estado, informó que se registraron deslaves en 26 municipios de la entidad y, además, señaló que no han recibido respuesta por parte de la federación para que se emita una declaratoria de emergencia en 36 municipios de la entidad, los cuales presentaron afectaciones en carreteras, viviendas, bardas y caminos por las lluvias.
De acuerdo con los medios de comunicación, entre estos incidentes se encuentran el derrumbe en la carretera Tenango-Metepec; tres derrumbes en la carretera federal Pachuca-Huejutla en el tramo Molango-Zacualtipán; en Huehuetla, derrumbes en los caminos de San Lorenzo-Río Beltrán, San Lorenzo-Juntas Chicas, San Esteban-Juntas Chicas, Villa Hermosa-Cardonal, Agua Limpia-Ciénega y Tlatlaxco-Santo Domingo; caídas de bardas, daños materiales y cierre de caminos derivado de desbordamientos de ríos y presas como el del río Cosapa en Zacualtipán que afectó a 30 familias que fueron evacuadas.
En Yahualica, en la comunidad de Santa Teresa, donde se evacuaron 200 familias; en Santiago Tulantepec se desbordó una presa ubicada en El Jagüey y se registraron derrumbes del cerro, causando daños materiales en la colonia Florida.
Otros incidentes fueron los apagones y bloqueo de caminos en Xochiatipan con más de 20 mil personas afectadas, domicilios inundados en Tlahuelilpan, en comunidades de San Felipe Orizatlán y Huejutla (la mayoría de ellos ubicados en lugares de alto riesgo, habitados por familias de escasos recursos), y el fallecimiento de un adulto mayor cuya vivienda quedó sepultada en un derrumbe registrado en el Barrio La Lomita, de la localidad de San Salvador, en el municipio de Tlanchinol.
En cuanto a las afectaciones en la infraestructura educativa, hospitalaria y carretera a causa de las lluvias, así como a viviendas particulares, la Secretaría de Gobierno de Hidalgo detalló que se tiene un registro de 442 casas dañadas por las precipitaciones, de las cuales 150 corresponden a Xochiatipan, 100 a Yahualica, 81 a Acaxochitlán, 30 se ubican en Tlanchinol, 29 en Huehuetla, 20 en Tenango de Doria y doce en Xochicoatlán.
Se han detectado dos unidades médicas con reporte de daños en Yahualica y Calnali; de igual manera, Tianguistengo, Pisaflores, Huautla y Tecozautla tienen a varias localidades incomunicadas.
Asimismo, Xochiatipan, Pisaflores, Ixmiquilpan y Agua Blanca reportaron comunidades sin energía eléctrica y otros servicios básicos. En Huejutla, cuatro escuelas sufrieron varios daños, así como una en Xochiatipan, Huehuetla, San Felipe Orizatlán, Pisaflores y Emiliano Zapata.
Respecto a carreteras, son 25 las afectadas: cuatro pertenecientes a Xochiatipan; tres a Pisaflores; dos a Calnali, y una a Huehuetla, Tenango, Xochicoatlán, San Bartolo, Tepehuacán de Guerrero, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Nicolás Flores, Pacula, Huautla, Agua Blanca, Chapulhuacán, Apan, Atlapexco y Zimapán (Información de Criterio Hidalgo).
La lista es larga y podría continuar, pero sobre todo quiero hacer una muestra de quiénes son los afectados. Una y otra vez aparecen enlistados municipios pertenecientes a la Sierra Alta, a la Sierra Otomí Tepehua y a la Huasteca Hidalguense; regiones que históricamente han registrado altos niveles de marginación y pobreza sin que las constantes promesas de candidatos a distintos puestos de elección popular se hayan materializado y contribuido a disminuir estas condiciones que laceran la vida de miles de hidalguenses.
En menor medida, se mencionan municipios del Valle del Mezquital, región donde recientemente se originan constantes manifestaciones que revelan la inconformidad creciente ante las condiciones de vida en decadencia.
Campesinos afectados por la sequía de los años pasados (otro fenómeno ocasionado por el cambio climático) han solicitado constantemente al Gobierno de Hidalgo apoyo sin recibir atención; otro sector de campesinos ha denunciado el cacicazgo existente en el reparto de aguas negras sin que Conagua, el Gobierno estatal ni federal hayan logrado resolver el problema.
La más reciente protesta se registró este fin de semana cuando pobladores de Tula despidieron de su visita a este municipio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la ejecutiva federal electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con consignas.
También en relación con la crisis climática, demandaron un verdadero Plan Hídrico en el municipio; medidas para frenar la alarmante contaminación en la zona y el tratamiento de aguas residuales.
Y a todo esto, ¿cuál es la política gubernamental? La desaparición del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), fideicomiso cuyos recursos estaban destinados a mitigar los efectos que produjera un fenómeno natural perturbador como las recientes afectaciones por los huracanes y tormentas, así como los numerosos incendios también recientes, aunque más lejanos temporalmente, y la pasada sequía que afectó gran parte del territorio nacional.
Asimismo, la disminución presupuestal a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), a la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En suma, hay un desmantelamiento total de las instituciones relacionadas con política ambiental, como evidencia el informe “Matar el futuro: La 4T y el fin de la política ambiental en México” de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Este documento también denuncia que obras de infraestructura como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el programa Sembrando Vida, acapararon el presupuesto del sector medio ambiente.
En él, la investigadora Julia Carabias anticipa que la pobreza no podrá atenderse sin garantizar el cuidado al medio ambiente, señala que “El ‘primero los pobres’ no es posible sin el medio ambiente, eso es una premisa falsa.
No vamos a poder atender la pobreza con mala calidad del agua, sin suelo, sin especies, sin aire de calidad, porque en lo que va repercutir es en la salud directa de la gente y eso se ve en el campo. Los sitios deteriorados son sitios empobrecidos”. Las recientes afectaciones mencionadas evidencian esta última afirmación, los lugares más afectados son los más empobrecidos.
Así, urge una reorientación del gasto público, fruto de los impuestos de los mexicanos cuya gran mayoría se extraen de la clase trabajadora, quien es también la más afectada por las inclemencias climáticas.
En lo inmediato, urge la aplicación de recursos públicos a apoyar a los damnificados, y a rehabilitar, mejorar e incrementar la infraestructura carretera y de instituciones educativas y del sector salud afectadas y las pendientes por realizar.
Para mitigar la crisis climática y sus efectos, no sirve la política estrella del Gobierno morenista de la 4T: la entrega directa de apoyos monetarios cuyo fin electoral es claro o el desvío de recursos hacia las “megaobras faraónicas”.
Es fundamental que, desde el poder estatal, se diseñe y exija, principalmente a quienes producen mayor contaminación (el sector empresarial y agropecuario a gran escala) el cumplimiento de un marco de regulación ambiental sólido, progresivo y basado en evidencia, a través de instituciones con recursos y capacidades reales para lograrlo.
Sobre todo, que los recursos públicos se destinen a mejorar la calidad de vida de los millones de mexicanos, vulnerables a la crisis climática debido a sus condiciones de vida en comunidades alejadas que carecen de servicios básicos, o en ciudades en viviendas endebles ubicadas en zonas de alto riesgo y sin la capacidad adquisitiva para radicar en mejores locaciones; de otra manera, los más afectados seguirán siendo, “como dice el presidente, primero los pobres”.
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