A un mes de la entrada de la nueva administración del ayuntamiento de Tlaxcala, encabezada por el arquitecto Alfonso Sánchez, mando un operativo en la madrugada del 2 de octubre, con alrededor de 200 elementos de la policía estatal y municipal para decomisar estructuras e impedir que comerciantes, organizados con el Movimiento Antorchista, se colocaran en sus lugares de trabajo en las calles Guillermo Barroso y Zitlalpopocatl.
La medida, ejecutada sin previo aviso por parte del ayuntamiento, ha generado indignación entre los comerciantes, quienes aseguran no haber recibido notificación alguna sobre el desalojo de sus puestos. Este hecho marca la segunda ocasión en el lapso de un año en que los vendedores son retirados de sus espacios de trabajo, evidenciando una creciente fricción entre las autoridades locales y este sector de la economía informal.
Cabe aclarar que la dirigencia de Antorcha encabezada por Isaías Chanona Hernández, dirigente estatal junto con el comité coordinador de los comerciantes ya se han acercado al municipio para pedir la intervención del presidente municipal, la dirigencia apela a la sensibilidad de esta nueva administración.
El conflicto se enmarca en un contexto de aumento significativo del comercio ambulante en la región. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último año se ha registrado un incremento del 15% en el número de trabajadores informales en Tlaxcala, reflejando la difícil situación económica y la falta de oportunidades laborales en el sector formal. Esta tendencia se acentúa en un escenario donde la tasa de desempleo en el estado se mantiene por encima del promedio nacional, alcanzando un 4.2% en el último trimestre.
La reiterada acción del ayuntamiento contra los comerciantes antorchistas plantea interrogantes sobre las estrategias de la actual administración para abordar el complejo panorama del comercio informal. Mientras las autoridades argumentan la necesidad de regular el uso del espacio público, los afectados señalan la falta de alternativas viables y el impacto negativo en sus medios de subsistencia. Este nuevo episodio subraya la urgencia de establecer un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que equilibren las necesidades de ordenamiento urbano con el derecho al trabajo de los comerciantes.
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