Si algo es crucial para juzgar si el camino que ha seguido el país durante varios sexenios y el que está siguiendo el actual gobierno, es correcto, hay que ver cómo ataca el principal problema de México que es la gran desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza que le es aneja. Varios han sido los intentos que han hecho los distintos gobiernos por abatir estos problemas tan sentidos por los mexicanos, lo cual se refleja en la creación de programas como Progresa y Prospera, ahora transformados en los programas del Bienestar.
La corrección a los problemas de desigualdad no se alcanzará, como demuestra la experiencia del mundo, con los programas de transferencia monetaria; estos pueden ser un anexo, un auxiliar en la política central de erradicación de la desigualdad, pero no pueden ser el centro o el único mecanismo de combate a la pobreza, pues esto está, inevitablemente, condenado al fracaso. Esto, hace tiempo que lo viene planteando el Movimiento Antorchista Nacional, y para no dejar duda de que sabemos hacia dónde tiene que caminar, hemos difundido por todo el país, aunque con pocos alcances aún, hay que reconocerlo, una propuesta de modelo económico que debe seguir el país para poder desarrollarse de una vez por todas.
Pero sigamos el hilo inicial. Aceptando que los programas de transferencia monetaria no son la panacea pero que algo pueden ayudar en el combate a la desigualdad veamos cómo los han usado los últimos gobiernos. Gonzalo Hernández Licona publicó al respecto en el diario Reforma, el 17 de junio de los corrientes, un artículo titulado “¿Primero los ricos?” en el que documenta importantes conclusiones del Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: “en el cuestionario que se hace a hogares se pregunta si esa familia recibió algún apoyo gubernamental. También se pregunta por el ingreso laboral de los hogares. ¿Qué encontramos? Algo paradójico. En el primer trimestre de 2017 y de 2018 el 61% de los hogares más pobres (el diez por ciento con menos ingresos de la población, también conocido como el primer decil del ingreso) reportaron que recibían algún programa por parte del gobierno. Pero en 2019 este porcentaje bajó a 54%, al inicio de 2020 (antes de la pandemia) volvió a bajar a 49% y en 2021 fue de 50%. Es decir que el gobierno del presidente López Obrador, cuyo lema central es Primero los Pobres, brinda menos apoyos a las familias con mayor pobreza que el sexenio pasado. Peña Nieto no le daba programas gubernamentales al 39% de la población con menos ingreso; López Obrador no le da al 50%, de acuerdo con lo que dicen las familias”.
O sea que el gobierno actual le quitó los programas de apoyo gubernamental al 11 por ciento de la población más pobre del país. Pero aún hay más, dice Hernández Licona: “Peor aún. Si ahora vemos al diez por ciento de las familias con mayores ingresos laborales, en 2018, en el sexenio pasado, se le daba apoyos gubernamentales al 6% de esta población. En el gobierno actual este porcentaje subió a 12% en 2021. No sólo AMLO tiene menor cobertura de programas sociales en la población más pobre, respecto al sexenio previo, sino que las familias más ricas tienen una mayor cobertura de apoyos de gobierno ahora”. Es decir, el gobierno actual duplicó el porcentaje de la población más rica a la que le brinda apoyo de gobierno.
La contradicción entre el discurso del presidente y la realidad no puede ser más brutal: se propone gobernar para los pobres, pero les da a estos peores resultados que su antecesor; lejos de disminuir la desigualdad, la aumenta, al apoyar a quienes no lo necesitan pues de por sí sus ingresos son los más elevados. Saltamos, respecto al anterior gobierno, de la sartén a la lumbre.
Es evidente que la gente se está dejando llevar por el discurso demagógico oficial porque desconoce los verdaderos resultados de este gobierno; sigue apoyando la línea morenista, pues solo escucha los cantos de sirena pero no sabe el abismo al que lo dirigen.
En Sinaloa, según los resultados de la encuestadora Mitofsky para el diario El Economista, al 21 de mayo de 2021, el 65 por ciento de la población está de acuerdo con “la manera en que está gobernando el presidente de la República”. Esta confianza en la 4T o el hartazgo de los gobiernos priístas, o los dos factores combinados, más el apoyo en varios elementos para hacerse del triunfo en las urnas, dieron como resultado un 56.6 por ciento de votos para el candidato a gobernador por Morena, que hoy presume el triunfador como el “porcentaje más alto de los 15 candidatos a gobernador que ganaron en el país”. El ganador se ha declarado siempre, por cierto, como un fiel seguidor de las políticas del presidente que, como se vio, están perjudicando a los más pobres. ¿Habrá valorado esto el pueblo sinaloense? Esperemos no haber saltado, también aquí, de la sartén al fuego.
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