El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 ha llegado a nuestras manos como un recordatorio crudo de las prioridades de quienes toman las decisiones en este país. Un presupuesto que asciende a 9.2 billones de pesos, pero que, al examinarlo en detalle, deja en claro que las cifras no cuentan una historia de progreso, sino de retrocesos preocupantes en áreas críticas para el desarrollo humano: salud, educación y medio ambiente.
Este presupuesto no debe ser aprobado sin un cuestionamiento profundo y sin exigir reformas que atiendan las verdaderas necesidades del país.
Los recortes presupuestales en el sector educativo son alarmantes. Pasar al 3.16 % del PIB es condenar al país al rezago, perpetuar la desigualdad y limitar las oportunidades de las nuevas generaciones.
La educación, que debería ser el motor del cambio social, es tratada como una carga en lugar de una inversión. México, como miembro de la OCDE, tiene el presupuesto educativo más bajo en relación con su PIB. Las consecuencias ya son palpables: resultados deplorables en las pruebas PISA y un sistema educativo que no puede satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de su población.
El sector salud, por su parte, está aún más golpeado. Los recortes equivalen a un 11 % menos respecto a 2024, afectando directamente a los servicios de atención médica para los ciudadanos más vulnerables.
¿Qué puede hacer una persona con un presupuesto de apenas 4 mil 225 pesos al año en servicios de salud bajo el programa IMSS Bienestar?
Esta cifra es simbólica de una crisis más profunda: la falta de compromiso para garantizar el derecho a la salud como un pilar fundamental del bienestar social.
En el caso del medio ambiente, la situación es igualmente sombría. Con una reducción del 39.4 %, el presupuesto destinado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ve especialmente afectado. En un país con crecientes problemas de acceso al agua y conflictos por recursos hídricos, esta decisión es un golpe directo a las comunidades rurales y a los campesinos que dependen del agua para su sustento. Estos recortes no solo afectan la calidad de vida, sino que también incrementan los costos, perpetuando la pobreza y la desigualdad en las zonas más desprotegidas.
El común denominador detrás de estos números parece ser la ambición política de mantener programas de transferencias monetarias masivas que garantizan lealtad electoral, pero que no resuelven las causas estructurales de la pobreza. No se cuestiona la necesidad de estos programas en un contexto de desigualdad histórica, pero ¿qué tan sostenible es un sistema que sacrifica educación, salud y medio ambiente para sostener un esquema de dependencias a corto plazo?
Más del 80 % del gasto total ya está comprometido, principalmente en el pago de la deuda pública, pensiones y transferencias monetarias. Mientras tanto, las necesidades esenciales de millones de mexicanos quedan relegadas.
Prueba de esto es lo que está sucediendo en Durango, que a poco más de 200 campesinos que participaron en el programa “Sembrando Vida”, tienen ya más de un año que no se les ha pagado, lo que ha generado el descontento social, y hasta el momento de escrito esto, las oficinas de Bienestar Federal, tienen 5 días tomada.
Esta política no sólo es injusta, sino que también perpetúa un ciclo de subdesarrollo. Al dar prioridad a lo inmediato sobre lo estructural, se renuncia al sueño de un país más equitativo, saludable y preparado para el futuro.
La pregunta central que debemos hacernos como sociedad es si permitiremos que esta situación continúe. Este presupuesto no debe ser aprobado sin un cuestionamiento profundo y sin exigir reformas que atiendan las verdaderas necesidades del país. Si bien la educación política y la organización ciudadana son herramientas fundamentales, también es indispensable replantear las prioridades nacionales desde las bases.
El PEF 2025 evidencia un enfoque político que prioriza el asistencialismo sobre la inversión en áreas esenciales como salud, educación y medio ambiente, perpetuando desigualdades estructurales y limitando el desarrollo del país. Es imperativo que como sociedad exijamos un presupuesto que no solo responda a necesidades inmediatas, sino que también construya un futuro sostenible y equitativo. México no puede seguir hipotecando su porvenir; el momento de corregir el rumbo es ahora.
Este es el momento de exigir justicia presupuestaria. No solo se trata de números, sino de vidas, de oportunidades perdidas y de un futuro hipotecado. La pobreza no se combate con caridad, sino con un sistema que brinde a cada ciudadano las herramientas para salir adelante con dignidad y autosuficiencia.
¿Seremos testigos pasivos de esta inercia o actores del cambio que México necesita? El tiempo de decidir es ahora.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario