La semana pasada, el miércoles 19 de septiembre, otra vez los sufridos campesinos del Ejido Revolución del municipio de Tecomán, tuvieron que salir a protestar y tomar -otra vez-, el acceso principal de lo que son -por ley- sus tierras, las mismas que invaden las instalaciones del campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, (INIFAP), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Dicho grosso modo, las tierras de los humildes campesinos del Ejido Revolución, las invade el Gobierno Federal. Es necesario decir, que en estas dos manifestaciones que menciono, como en otras ya realizadas, los campesinos de Revolución, contaron siempre y en todo momento, con la presencia de integrantes del Movimiento Antorchista de los municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería, encabezados personalmente por su entusiasta y valiente dirigente, la Licenciada Itzel Rojas Rivera, que, sin ostentar facultades de procuración agraria ninguna, ha defendido como nadie a los campesinos del ejido Revolución, del flagrante y humillante atropello que han sufrido. Pero, a todo esto, ¿qué han hecho por los de Revolución las autoridades de la Procuradora Agraria?
Como ya dije en un trabajo anterior, todo empezó hace 54 años, en 1964, cuando un grupo de 47 campesinos sin tierra, pretendieron formar un Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE), procedimiento muy conocido por aquel tiempo. Para tal efecto, propusieron a la entonces Secretaría de Reforma Agraria (SRA), considerar como afectables para su beneficio, 361 hectáreas ubicadas en el municipio de Tecomán, que para entonces tenían más de diez años en abandono. En 1972, la SRA reconoció como afectables los predios señalados, fue entonces que comenzó el vía crucis de los solicitantes de tierra. Luego de meses de enfrentar la furia de los que se consideraban dueños de las áreas afectadas, el 24 de agosto de 2001, en el Juicio Agrario número 614/1993, el Tribunal Superior Agrario (TSA), emitió la resolución final que dotó con 361 hectáreas al NCPE, llamado a partir de entonces, "Ejido Revolución".
Pero al solicitar la ejecución de la sentencia del TSA, no sólo se enfrentaron a los amparos y chicanas legaloides de los supuestos propietarios ya derrotados en el juicio, sino que ahora resultó, que todas las 361 hectáreas ganadas en el juicio, antes en abandono total, estaban totalmente invadidas. Y aquí comenzó otro batallar. En esta otra campaña legal, perdieron los de Revolución, 132 hectáreas de lo ganado, y de las 229 que retuvieron, estaban ya invadidas de la siguiente manera: 66 hectáreas en manos de un productor muy rico y temido de la región, 98 en posesión del ejido Vicente Guerrero, y las otras 65 hectáreas, en poder del INIFAP. Y desde entonces así están las cosas, situación de la que nos hemos venimos quejado públicamente.
Hace tiempo, un buen amigo de Colima me regaló un magnifico ejemplar de la "Edición Espacial" del "Marco Legal Agrario 2014", que con motivo de la conmemoración del centenario de la Ley Agraria, imprimió y publicó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Procuraduría Agraria (PA). De este valioso documento, quiero extractar dos citas, a modo de ejemplo, que reflejan bien cuan alejado está cada vez más el discurso oficial, de la realidad que vive el campesino pobre y olvidado que, muchas veces -como en el caso del Ejido Revolución-, tiene que procurarse la justicia con sus propias manos. Veamos.
"Emiliano Zapata vive ayer y hoy, mañana y siempre, en el corazón de nuestros campesinos y en las instituciones agrarias que tutelan sus derechos. Los agraristas del siglo XXI queremos contribuir con nuestras ideas, propuestas, hechos y acciones a resolver los graves problemas del campo mexicano [...]" Esto escribió Jorge Carlos Ramírez Marín, el entonces Secretario de la SEDATU, a manera de presentación de la obra que cito. Por otro lado, en otra página del mismo texto, y a manera de introducción, el Ingeniero Cruz López Aguilar, entonces Procurador Agrario, también hizo lo propio: "La responsabilidad de la Procuraduría Agraria, al ser garante de la legalidad en el medio rural por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, se enfoca principalmente a defender los derechos y el patrimonio de los sujetos agrarios, que con su esfuerzo y trabajo diario cultivan la generosa tierra mexicana para darnos de comer a todos los habitantes del país."
Muy bien por el discurso, pero ¿qué podemos decir de la verdadera situación que vive el campesino mexicano, antes y después, de iniciado el reparto agrario de 1936? Y la respuesta la encontramos en la lucha de clases, es decir, en el empoderamiento en el gobierno de la clase dominante, dueña del dinero y de los principales medios de producción, que en el campo, luego de la modificación del artículo 27 constitucional, como aves de rapiña, emprendieron la "invasión legal" e ilegal de los principales y más productivos campos de cultivo, despojando así de todo su patrimonio a los humildes campesinos, legítimos dueños de la tierra que trabajaban. Así se explica el flagrante atropello que sufren ahora, en plena época de "Los agraristas del siglo XXI", los humildes campesinos del NCPE Revolución que, como dijera el Ingeniero Cruz López, "con su esfuerzo y trabajo diario cultivan la generosa tierra mexicana para darnos de comer [...]" ¿Dónde estuvieron los agraristas del siglo XXI, todo el tiempo que el INIFAP y SAGARPA han invadido las tierras del Ejido Revolución?, y ¿qué pasó con aquello de " [...] ser garante de la legalidad en el medio rural por mandato de la Constitución [...]", y "[...] defender los derechos y el patrimonio de los sujetos agrarios [...]" que se dice que es responsabilidad de la PA? Muy mal andamos procuración de justicia para los pobres.
Pero afortunadamente aquí esta Antorcha Campesina. Es por esto, que felicito aquí con mucho orgullo, a mis compañeras y compañeros antorchistas de Armería, Tecomán y Manzanillo, y de manera muy especial a su dirigente, de quien me consta su profundo compromiso con las causas más nobles de los más pobres entre lo pobres. Luego de que los antorchistas cerraron por espacio de dos horas la autopista Manzanillo-Colima, la respuesta fue positiva: el gobierno del estado será el depositario y garante del pago comprometido como indemnización, por las tierras del Ejido Revolución, el plazo vence en quince días. Si no hay mas remedio regresaremos a la autopista. ¡Atentos, compañeros de Revolución.
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