• Más de 5 mil mexiquenses marcharon el 17 de junio para exigir soluciones a sus peticiones
Como respuesta a la falta de atención del Gobierno del Estado de México a las demandas de habitantes de las colonias populares, de campesinos, estudiantes y trabajadores, más de 5 mil personas organizadas en el Movimiento Antorchista en la entidad, realizaron, el pasado 17 de junio, una movilización con el propósito de ser escuchados por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez y encontrar solución a los problemas que, desde noviembre de 2023, se le han planteado de manera formal en el pliego petitorio.
Ninguna de las peticiones representa un privilegio o un capricho y, además, se puede notar claramente: no se solicita dinero; se pide que el gobierno resuelva.
En el documento remitido en esa oportunidad, y en la copia más reciente, entregada en el palacio de gobierno en la movilización del pasado 16 de abril, se encuentran señaladas las necesidades más apremiantes de los habitantes de las zonas urbanas marginales y de otros sectores poblacionales de diferentes municipios de la entidad, como, por ejemplo, Tenancingo, Villa Victoria, Jiquipilco, Toluca, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ecatepec, Nicolás Romero, Villa del Carbón, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan y Nezahualcóyotl, entre otros.
Introducción de drenaje, agua potable y redes de suministro, pavimentación de calles y avenidas, servicio de alumbrado público, introducción de energía eléctrica, fertilizante e insumos agrícolas, construcción de aulas, laboratorios escolares, centros de salud, mayor seguridad, oportunidades de autoempleo, casas de cultura y apoyos a la vivienda, forman el conjunto de peticiones que se hacen al gobierno del estado.
Como se puede observar, se solicitan obras comunitarias y servicios básicos que corresponden a necesidades reales; ninguna de las peticiones representa un privilegio o un capricho y, además, se puede notar claramente, no se solicita dinero; se pide que el gobierno resuelva, que sea él quien realice lo pertinente para eliminar las carencias de los habitantes de la entidad.
El gobierno tiene en sus manos estos pliegos petitorios, puede hacerlos públicos si así lo desea y se podrá notar que en ningún momento se exigen recursos monetarios para nuestra organización política.
Desde la protesta del 16 de abril, en la que se reingresó el pliego petitorio de 2023 y en la que se alcanzaron algunos acuerdos, el gobierno tuvo conocimiento de la próxima movilización en cantidad mayor, pues claramente se advirtió: en caso de no cumplir con lo acordado, marcharemos nuevamente en defensa de nuestros derechos.
Y eso fue lo que sucedió. Los funcionarios de la oficina de Concertación Ciudadana, entre ellos su director, Antonio Cervantes Enríquez, dependientes de la Secretaría General de Gobierno, decidieron suspender, por cuestiones de agenda, según dijeron, las reuniones semanales convenidas, en cuya calendarización incluía a la Secretaría del Campo, de Infraestructura, CAEM, Conagua, Educación, Movilidad, Bienestar y Cultura y Deporte, además de las reuniones mensuales en las que debería estar presente un representante de la Secretaría General.
Como en otras ocasiones y como han procedido con diversas organizaciones, aunque estas sean afines al gobierno, se trató de un engaño, de una salida inmediata aplicada habilidosamente para simular atención y ganar tiempo. Nunca hubo un interés honesto, real y comprometido, para resolver los problemas de la población humilde, por lo que, entonces, estaban advertidos de la próxima visita multitudinaria.
Por si eso no fuera suficiente, es decir, por si no fueran conscientes de lo que el gobierno provocaba con la suspensión unilateral del diálogo, como habían quedado advertidos, el Movimiento Antorchista les hizo saber, mediante jornadas de volanteo, de comunicados y de avisos en los puentes peatonales, que, como justa indignación ante la determinación de los funcionarios, que en el fondo, sólo agudizan las necesidades y el sufrimiento de la población, miles de antorchistas marcharían por las calles de la capital hasta el palacio de gobierno el 17 de junio, enarbolando sus demandas y exigiendo solución.
El gobierno del estado, en manos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mostró su verdadero rostro. No hubo atención, sólo dilaciones del personal auxiliar, que detrás de la nutrida valla policial, fingía infructuosamente, desconocer los motivos de la presencia de la comisión representativa de la organización en las puertas del palacio.
La determinación de suspender el diálogo no provino de los funcionarios de la oficina de Concertación Ciudadana, ellos sólo son subordinados que no pueden tomar por su cuenta, decisiones de esta magnitud; son los ejecutores materiales de una política que se planea desde los niveles superiores de gobierno, es decir, a nivel estatal, desde la oficina de la gobernadora y de la Secretaría General de Gobierno.
Los titulares de estas dos dependencias, Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte Olivares, no pueden argumentar el desconocimiento de las determinaciones que toman sus funcionarios; ambos deben saber y, además, estar de acuerdo con ellas. Incluso, son quienes deciden la forma en que habrá de proceder con las organizaciones sociales, dependiendo de la afinidad que estas tengan a su proyecto de gobierno y el capital político que les aportarán en las próximas elecciones para que su partido y ellos en particular, continúen en el poder.
Si no es así, entonces estamos ante una muestra clara de dos poderes en el gobierno; uno ficticio, aparente y el otro real, verdadero, que queda oculto; el del Ejecutivo personificado en la gobernadora del estado, a quien corresponde mostrar el rostro amable, bondadoso y maternal y el del secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares, que toma las determinaciones importantes y define la forma de proceder del gobierno en su conjunto.
Al negarse a recibir a nuestra comisión de negociación el pasado 17 de junio, el gobierno del estado asume una actitud soberbia. Ese verdadero rostro de quienes tienen el poder en la entidad es, por un lado, la aplicación de una política que sólo beneficia a sus intereses personales y los de los empresarios y perjudica a más de 5 millones de mexiquenses que viven en la pobreza.
Por otro lado, es la clara expresión de la discriminación política, de la marginación y exclusión social de la que somos objeto sólo por ser antorchistas.
El empecinamiento y la soberbia impiden a los funcionarios del gobierno actual, comprender las leyes del desarrollo social. Está demostrado que las necesidades son reales y estas deben satisfacerse. No es con la cerrazón como se resolverán. Esta actitud tendrá que ser derrotada por la lucha social firme y decidida. Los pobres de México tienen en el Movimiento Antorchista a la organización con la capacidad para hacer frente a los atropellos del gobierno.
Por tanto, es necesario que el pueblo mexiquense conozca la actitud negativa del gobierno del estado hacia las necesidades del pueblo humilde y que redoblemos nuestros esfuerzos para continuar la lucha hasta que todos los habitantes de la entidad tengan agua potable, drenaje, escuelas dignas, pavimentación, salud digna y la posibilidad de ganarse el sustento honradamente.
El único causante de la continuidad y fortalecimiento de la protesta social será elgobierno.
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