MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Ante aumento de la violencia, continúa política de oídos sordos

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A poco más de tres años del inicio del gobierno de Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) son críticas las estadísticas de violencia que sufre la población mexicana. De acuerdo con cifras del reporte diario del gabinete de seguridad federal, en el mes de mayo del presente año, hubo un repunte de 16 por ciento en los homicidios dolosos, pues las muertes registradas como “violentas” pasaron de dos mil 131 en abril a dos mil 472 para mayo. En el transcurso de ese mismo mes hubo en promedio 80 homicidios por día, lo que significa que mayo se convirtió, hasta ahora, en el mes más violento de 2022. 

Además, un informe de la organización civil Causa en Común sostiene que de enero a abril de este año ocurrieron en México alrededor de 150 masacres, contabilizados como eventos donde fueron asesinadas tres personas o más, esto es, una masacre cada 24 horas. Basta recordar algunos hechos escandalosos: en el municipio de Marcos Castellanos en Michoacán, a finales de febrero de este año, un comando armado irrumpió en un velorio y fusiló a una docena de civiles; también en Michoacán pero en Zinapécuaro, de igual manera, un comando armado asesinó a 20 personas en un palenque a finales de marzo; a principios de abril, un grupo de hombres armados acribilló una vivienda en Tultepec, Estado de México, dejando un total de cuatro niños y cinco adultos muertos; a finales de mayo un grupo de hombres armados asaltó un hotel y dos bares en Celaya, Guanajuato, dejando un total de 11 muertos; y, recientemente, el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua por intentar auxiliar a un hombre que iba huyendo de su agresor. En términos relativos, la tasa de homicidios dolosos se triplicó respecto al sexenio de Felipe Calderón, pues de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes pasamos a 28. 

El sexenio de la 4T comienza a mostrarse como el más violento de la historia de México, pues en lo que va de su administración las muertes violentas ya superaron las ocurridas en los mismos 42 primeros meses del sexenio de Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con Ricardo Márquez Blas, consultor y especialista en seguridad, es probable que se alcancen en este sexenio las 200 mil muertes violentas y se establecerá un nuevo récord en la historia de la violencia letal en el país. 

A estas cifras, el presidente de la república mantiene su política de oídos sordos: “no vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron, y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios”. Es decir, no sólo se muestra indiferente a la situación al no cambiar su inútil estrategia de “abrazos, no balazos”, sino que además crea adversarios imaginarios en quienes le reclaman acciones ante el desastroso panorama. Pretende negar la realidad descalificando en las mañaneras y tildando de “hipócritas” a quienes intentan prevenirle de la gravedad de la situación. 

Al negar la realidad, la 4T no realizará las pertinentes políticas para combatir la violencia, y el pueblo de México seguirá padeciendo todas las consecuencias económicas y sociales de su negligencia. Aumentará la migración de los mexicanos en busca de lugares más tranquilos donde puedan sobrevivir, disminuirá el crecimiento económico porque la inversión se verá ahuyentada por la incertidumbre de sufrir ataques del crimen organizado, lo que a su vez llevará a un aumento de la pobreza y el desempleo. Pero más importante, si el crimen organizado controla el país, se perderá automáticamente el Estado de derecho porque no podrá cumplir su función de garante de la paz social. El pueblo entonces se armará, como lo ha hecho en municipios de Guerrero, y formará los llamados grupos de autodefensa, lo cual no sólo no resolvería el problema, sino que provocaría la disolución del orden social y el establecimiento de un control de la seguridad que se prestaría a otro tipo de cancelación de las libertades constitucionales. La sociedad estaría supeditada a una entidad que ni es el Estado ni es un organismo producto de una revolución social. 

Los luchadores sociales de México, los activistas, debemos continuar con la educación de la gente para prevenir este tipo de consecuencias. Es necesario, por el bien de la paz social, mostrarle al pueblo que el único camino correcto es la lucha organizada y consciente que, en lo inmediato, exija al gobierno que cumpla con las responsabilidades que le fueron otorgadas al asumir la presidencia, pero que esté consciente que la solución final al problema social implica la toma del poder político para construir una sociedad más justa y equitativa, cambiando el modelo económico. Porque sólo así podrá combatirse la pobreza y eliminar las causas de fondo que originan la violencia.

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