A finales de la década de los 90 en Chiapas muchos aseguraban que ya no existían tierras por repartir, pero otros, sobre todo organizaciones campesinas, pensaban lo contrario. En nuestro estado el reparto agrario se realizó fundamentalmente en las reservas territoriales. Las tierras nacionales constituían espacios que podría facilitar la expansión agrícola campesina, sin embargo, en Chiapas las tierras han sido ocupadas por otros actores sociales más que por los campesinos, sobre todo en las selvas tropicales; fueron disputadas por los ganaderos a partir de una correlación de fuerzas favorable, ya que éstos últimos constituían un fuerte grupo de poder económico y político en el ámbito estatal.
En el Censo Agrícola Ganadero Ejidal de 1970 de Chiapas, las grandes extensiones privadas superiores a las mil hectáreas representaban 11.5 por ciento de la superficie y estaban en manos de 0.5 por ciento de los propietarios con un promedio de mil 724 hectáreas cada uno. Cinco propietarios tenían extensiones mayores a 7 mil hectáreas y 149 tenían extensiones de mil 684 hectáreas en promedio. Esta superficie correspondiente a cada familia, representaría sin duda una enorme extensión comparada con las parcelas que poseen la mayoría de la población indígena y campesina. Para los grandes propietarios, la posesión de tierra es una forma de acumular riqueza mediante el desarrollo de múltiples actividades, mientras que para los ejidatarios, comuneros y colonos, que son 88.6 por ciento de los productores, representa la sobrevivencia y reproducción social.
Después del levantamiento zapatista, el gobierno del estado y algunos consorcios nacionales crearon el Fondo Chiapas, con el propósito de impulsar la modernización del estado con base en proyectos de inversión. Los socios fundadores del Fondo Chiapas son grupos representativos de consorcios empresariales y financieros como: Bancreser, Serfin, Grupo Modelo, Nafin, Minsa, Maseca entre otros. El proyecto pretende incrementar la superficie cultivable en aquellos productos que lo ameriten. En su momento la Semarnat concedió el 90 por ciento de los fondos de inversión para el desarrollo del proyecto de Plantaciones Forestales en la Selva Lacandona y el norte de Chiapas, y el 10 por ciento restante para los campesinos de la región.
En este contexto, un grupo de 219 campesinos denominado Altamira La Providencia solicitaron la dotación de tierras ante la extinta Secretaría de la Reforma Agraria y en septiembre de 1993, amparados en un plano donde se indica que se trata de Tierras propiedad de la Nación, decidieron tomar posesión de más de 815 hectáreas de los predios San Clemente, El Jobo, La Providencia y de Santa Leoba o las Bugambilias. A partir de ese año, hasta el 2006, los campesinos realizan cultivos de temporal sembrando maíz, frijol, pepino, ajonjolí, plátano, mango y cacao; hasta que en 1998 el gobierno del estado los dota de palma africana. El poblado se transforma y avanza gracias al trabajo de su gente y la tolerancia del gobierno estatal.
Pero en lo que respecta a la legalización de la propiedad de la tierra, lejos de resolverse positivamente, se inicia un conflicto agrario en 1994, propiciado por el gobierno federal quien le informa a otro grupo de campesinos denominado Simón Bolívar, que ha comprado el predio San Clemente para dotarlos de la tierra que también ellos le han solicitado. La situación del grupo Altamira La Providencia empeora, ya que la posesión de dicho predio está en su poder. El grupo sigue luchando y en su afán de obtener certeza jurídica, promueve en el año 2006 un Juicio de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, pero lo único que logra es la aparición de supuestos dueños reclamando las propiedades. Pasan los años y las cosas se ponen más difíciles ya que en 2010 el Tribunal Unitario Agrario intenta infructuosamente desalojarlos.
Desde esa fecha los habitantes del poblado Altamira La Providencia, del municipio de Huixtla Chiapas, han vivido momentos de tensión y zozobra, ya que legalmente carecen de un lugar dónde vivir y dónde trabajar. Ello no ha impedido que se abran paso ante la adversidad, logrando durante estos 26 largos años, si no un documento jurídico que los reconozca como propietarios del suelo donde están asentados, sí la anuencia tácita de las autoridades locales y estatales mediante obras como un preescolar, una primaria, una casa de salud y la introducción de la energía eléctrica; además, sus habitantes gozan de apoyos como Bienestar y apoyo al adulto mayor.
Cabe señalar que, en el último año de la administración anterior, se celebraron varias Mesas de Trabajo hasta llegar al acuerdo con el grupo Simón Bolívar de compartir el predio San Clemente al 50 por ciento, pero el cambio de gobierno impidió que aterrizara lo establecido en las minutas. El grupo campesino no ha dejado de insistir que se le dé seguimiento a la solución del conflicto agrario; su preocupación ha incrementado pues en meses anteriores la Fiscalía General del Estado a través de su titular el licenciado Jorge Luis Llaven Abarca, ha resaltado el éxito que han tenido para desalojar una gran cantidad de predios en todo el estado, destacando municipios como Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Tapachula, Villa Comaltitlán, Ocozocoautla, San Cristóbal de las Casas, Parral, entre otros.
Por otra parte, en el estado se reconoce que existen cinco conflictos agrarios en la entidad que por sus características pueden solucionarse a través del programa "Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El grupo campesino de Altamira La Providencia manifestó en una reunión convocada por la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, ante autoridades locales, estatales y federales, estar de acuerdo con el programa COSOMER para solucionar el problema y solicitó la petición por escrito al titular de la dependencia federal.
Pero a pesar de la muestras de voluntad del grupo para solucionar éste conflicto agrario, pesan entre los comuneros las amenazas de desalojo; por ello, a través de este medio, exhortamos a las autoridades correspondientes que no olviden que Chiapas se caracteriza por ser una economía vinculada al sector primario, a la agricultura, y por tanto, ante un panorama de crisis económica y de salud, por ser parte de este mundo globalizado, es necesario se haga justicia al campesino que trabaja la tierra con sus propias manos y se deje de privilegiar a los de siempre. Mucho se ha hablado de esto en los días que corren, esperemos que así sea y se dé luz a los campesinos en ésta obscura realidad solucionándoles positivamente.
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