Gran revuelo está causando ahora el tema de la Reforma judicial propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su cercano equipo de colaboradores.
Seguramente será aprobada al contar con la mayoría absoluta del poder legislativo, que, a decir verdad, poca autoridad moral tiene para proponer cambios de esta envergadura, pues es evidente que con su llegada y su ambición de tener el control de los tres poderes de la República, caminamos en sentido inverso a la creación de la paz y el progreso de los mexicanos.
Hasta ahora, la Constitución Política dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está conformada por once ministros, con la que el Presidente forma una terna de candidatos que se someten a la consideración de la Cámara de Senadores.
Si muchos de los propios legisladores ignoran lo que significa “legislar”, como la diputada trans, María Clemente García, entre muchos otros, ¿creen de verdad que el pueblo cuenta con la información suficiente para elegir a los mejores jueces y magistrados?
Cada uno de los aspirantes comparece ante el Senado y se elige al designado por el voto de dos terceras partes de sus miembros. En el caso de que el Senado no elija en 30 días, el presidente designará al ministro. Si el Senado rechaza la terna propuesta por el presidente, este realiza otra terna.
¿En qué consiste la iniciativa de Reforma que propone el presidente? Entre los principales puntos, el presidente propone reducir de once a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recortar el periodo de su encargo de quince a doce años, eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y que sus salarios se ajusten al tope máximo establecido para el presidente; que la primera y segunda sala del máximo tribunal de justicia sean eliminadas y sólo sesione el Pleno; y finalmente, que las sesiones deberán ser públicas.
Para el caso de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la iniciativa morenista consiste en reducir de 7 a 5 magistrados, quienes durarán seis años y no cinco como actualmente establece la ley, los cuales serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo; igualmente, desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal, que será sustituido por un llamado “Tribunal de Disciplina Judicial”.
Tres son los principales argumentos del presidente por los que, dice, propone la Reforma Judicial, aunque como siempre sin algún diagnóstico serio que los comprueben, más que sus dichos, “sus datos” pues, o mejor dicho, sus intereses:
1. “El distanciamiento de los jueces con la realidad
2. Que uno de los grandes males de los Ministros, Magistrados y Jueces es la falta de independencia con el Ejecutivo
3. Que estos no son elegidos por el pueblo y por tanto no tienen legitimidad.
Sin duda, este último punto que se replicará en las 32 entidades del país, es el que ha provocado confrontaciones entre los partidos políticos, pues, como vimos arriba, actualmente son avalados por el Poder Legislativo.
Sin embargo, si muchos de los propios diputados y senadores ignoran siquiera lo que significa “legislar”, como la diputada trans, María Clemente García, entre muchas y muchos otros, ¿creen de verdad que el pueblo cuenta con los elementos y la información suficientes para elegir a los mejores jueces y magistrados de la SCJN, o como siempre su rol se reducirá a avalar, a cambio de tarjetitas con dinero, las propuestas que les presente la mayoría de los diputados y senadores de la fracción morenista para seguir concesionando el poder a la clase gobernante?
Dinamarca y los Países Bajos poseen los mejores sistemas judiciales y en ninguno de los casos son elegidos por voto popular. Como se ve, por los hechos, podemos adelantar con toda seguridad que la Reforma Judicial abona a una nueva revolución y no sólo de “conciencias”, como ha expresado demagógicamente AMLO en sus discursos y mañaneras, ya que contribuye de manera importante en el crecimiento del caos, como ha sucedido con todas las Reformas promovidas por el gobierno cuatroteísta de López Obrador.
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