MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

¿Acuerdos… para qué?

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Cuarenta y ocho horas le duró al presidente Andrés Manuel López Obrador el exhorto que realizó a los 31 gobernadores y a la Jefa de Gobierno para no apoyar a ningún candidato y a ningún partido. El jueves, el mandatario federal acusó que hay una estrategia contra su movimiento de transformación para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados y este viernes se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por retirarle decenas de candidaturas a Morena bajo el argumento de que no presentaron informes de gastos de precampaña, entre ellos la de Félix salgado Macedonio, acusado de violación.

El Consejo del INE modificó la regla para que al asignar el número de diputados plurinominales no ocurra una sobrerrepresentación indebida y que, gracias a esa fórmula hoy eliminada por el INE, Morena ganó 37% de la votación, pero subió a 52% y con los diputados que prestó a sus aliados y luego reintegró a su grupo hoy tiene 62% de los asientos en la Cámara.

Como era de esperarse; Morena impugnó la decisión y, fiel a la retórica de Palacio Nacional, acusó al INE de querer hacer fraude, de urdir un plan con la oposición para “arrebatarle” la mayoría en el Congreso. No importa que los líderes de Morena hayan combatido con la misma vehemencia, la regla que hoy les beneficia cuando favorecía al PRI.

“Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, “el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda”, “están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quien no”, “Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, antes no se aplican y ahora se aplican”; fueron algunas de las críticas que lanzó López Obrador contra el órgano electoral en su mañanera del 26 de marzo.

Los diputados federales morenistas, por su parte propusieron llevar a juicio político al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y destituirlo de su cargo, luego de modificar los criterios para asignar los diputados federales plurinominales.

Que un partido difiera del árbitro y litigue sus decisiones es lo más normal en la contienda democrática y ocurre todo el tiempo, pero los tiempos no son normales.   La disputa ocurre después de meses de golpeteo verbal directo del presidente López Obrador contra el INE, en particular contra su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

De todos sus esfuerzos por debilitar a otros poderes y a los organismos autónomos para concentrar el poder en el presidente, decidir hacerle la guerra y anular al árbitro electoral a dos meses de los comicios sería cruzar una línea roja, sería avanzar al absolutismo.

La firma del Acuerdo Nacional por la Democracia no es más que una simulación y un distractor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de poco sirve este acuerdo si desde lo más alto del poder, se amedrenta sistemáticamente a las instituciones, a los gobiernos estatales y a quienes discrepan con el Gobierno Federal.

Lo que establece este supuesto acuerdo no es nada extraordinario; de hecho, está dispuesto en la Constitución y en la legislación electoral, que incluso sanciona con prisión preventiva los delitos electorales; de manera que todos los actores políticos están obligados a cumplirlas.

La presencia del fiscal de la Republica y el de delitos electorales y, la ausencia del árbitro (INE) sugeriría que en el acuerdo democrático convocado es más importante la función de castigar que la de organizar y arbitrar imparcialmente la contienda.

Si López Obrador invitó a los gobernadores para asustarlos con denuncias penales por delitos electorales o pedirles que asumen compromiso con sentido, tendría que empezar a predicar con el ejemplo, porque, aunque el mandatario en discurso indique que no se usen recursos ni los programas sociales para favorecer a un partido en las elecciones, la realidad es que se ha documentado que promotores de Morena están realizando visitas para “solicitarle” a la gente apoye al partido. De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, les indican que si votan por otro partido podría disminuir el monto que reciben. De forma local se conoce que se realiza proselitismo con los programas sociales.

Por más que López Obrador diga que “no somos iguales” y hasta haya mandado a poner en la ley como un delito grave el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales, en la práctica nadie puede negar que hay toda una operación política y territorial para conectar las ayudas económicas de este gobierno, las mismas que hoy el presidente propone aumentar y entregar más pronto, como la pensión a adultos mayores, con las bases de votantes y simpatizantes del partido oficial.

AMLO se presenta como el verdadero garante del proceso, pero el meollo es que ninguno de los mandatarios interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos. Es decir, que ninguno de los mandatarios estatales haga lo que el Presidente hace en sus mañaneras, con el uso electoral de sus programas sociales, de vacunación, y en el activismo de sus servidores de la Nación.

Dicho acuerdo parece encaminado sólo a frenar la operación de los estados mientras a las dependencias federales se les da manga ancha en el proselitismo a través de los programas sociales.

En su lugar, debería construir un acuerdo nacional para corregir la estrategia contra la covid-19 que tiene al país al borde de los 210 mil fallecidos, acciones conjuntas para enderezar la política de vacunación; construir un acuerdo nacional para atender la crisis económica que cerró más de un millón de empresas, que llevó a 10 millones de personas a la pobreza laboral y que 5.2 millones de niñas, niños y jóvenes no han podido continuar sus estudios.

La oposición tiene el reto de frenar este nuevo intento de formalizar el absolutismo; darle o quitarle poder a Andrés Manuel López Obrador será el tema central en las elecciones legislativas de 2021 y todos, pero sobre todo los partidos de oposición y quienes generan opinión debemos abocarnos a explicar al pueblo el riego que corre nuestro país, proponer alternativas para salir del atraso económico y social en que nos encontramos, tal como lo hace el Movimiento Antorchista Nacional, que sin duda es el mejor ejemplo de esta actividad.

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