* Más del 40 % de la población de Guanajuato tiene un salario insuficiente para una vida digna, y el porcentaje de personas que trabajan en la informalidad está por arriba del 50 %
Todos hemos escuchado y sobrepadecido la llamada “cuesta de enero”. Se dice que es un fenómeno económico que afecta a millones de familias al inicio de cada año y que se caracteriza por las dificultades financieras como consecuencia del exceso de gastos durante las fiestas decembrinas.
Pero, además, se debe considerar el aumento de precios en una buena parte de los productos básicos y de varios servicios a causa de la inflación.
Entre las recomendaciones más comunes que escuchamos para salir de ella están realizar compras inteligentes y evitar el despilfarro, además de crear un plan y presupuesto de gastos y pagar la mayor cantidad de deudas.
Todo se escucha bastante bien, pero, lamentablemente, es prácticamente imposible de cumplir para las familias cuyos ingresos económicos no son suficientes y que viven por debajo de la media nacional.
En el caso de Guanajuato, aunque el gobierno del estado presume que somos la quinta economía del país, lo cierto es que en 24 municipios de la entidad más del 50 % de su población vive en situación de pobreza.
Sólo a manera de ejemplo, en el municipio de León, que está clasificado como la ciudad que más pobres concentra de todo el territorio nacional, recientemente se autorizó, por las autoridades locales, un incremento a la tarifa del transporte público. Aunque ofrecen que con ello se podrán mejorar y eficientar las unidades de transporte, en la realidad es un exceso y un duro golpe a la economía de los leoneses.
Otro ejemplo. Datos de Coneval advierten que, durante 2024, la pobreza laboral aumentó en Guanajuato en 2.9 puntos, siendo la entidad con mayor incremento en el país. El estado se posicionó como uno de los tres con mayor aumento de población cuyo salario es inferior al costo de la canasta básica.
Más del 40 % de la población no gana lo suficiente para tener una vida digna, y el porcentaje de personas que trabajan en la informalidad está por arriba del 50 %.
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la primera quincena de enero de este año la inflación anual se ubicó en 3.69 %, y ya se registran las primeras noticias que nos preocupan.
La Federación de Industriales de Masa y la Tortilla de Guanajuato ha advertido una posible crisis como consecuencia del aumento en el precio del maíz, que, aunado al incremento del costo de la luz, impactará severamente en el precio de este producto básico, pudiendo llegar por arriba de los 25 pesos.
De la misma manera, el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del primer día del año, afecta el precio de los combustibles como la gasolina Magna, Premium y el diésel, y con ello el incremento del costo en las casetas de peaje.
Y, por si esto fuera poco, también se han registrado aumentos de precios en productos como refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas y comida chatarra. Como siempre, estos incrementos afectan más a las familias de menores recursos económicos.
Uno más. Este año, nuevamente, aumenta el costo del refrendo vehicular en la entidad. En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 se autoriza un incremento de precio.
Este impuesto lo deberán pagar los más de 2 millones 400 mil guanajuatenses que cuentan con un vehículo, además de realizar el pago de la tenencia, ambos antes del 31 de marzo.
Finalmente, también se prevé un incremento de precios en las viviendas para este 2025. Dicho aumento se estima en hasta un 10 %, de acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado, debido al alza en el costo de los materiales de construcción.
Todo esto nos debe llevar a la conclusión de que la difícil situación económica se extenderá prácticamente a los doce meses del año y que sus consecuencias serán devastadoras para millones de guanajuatenses.
De muy poco servirán los buenos deseos de fin de año para mejorar la dura vida de miles de familias, como tampoco serán una verdadera alternativa los programas asistencialistas de ayudas monetarias o el raquítico incremento al salario mínimo anunciado por el gobierno federal.
En ambos casos, son migajas lanzadas a la población para manipularla y mantenerla controlada. Por ello, no debemos olvidar que, más pronto que tarde, con educación y organización se creará la conciencia de clase que lleve a los desposeídos a luchar por una sociedad más justa para todos.
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