MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Violación de derechos en Cabo San Lucas

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Lo narrado a continuación sucedió en uno de los principales lugares turísticos de México, pero pudo haber sucedido en cualquier lugar de México, sigue sucediendo y debe parar. 

Resulta que fueron arrestados arbitrariamente tres activistas antorchistas en esta localidad mientras realizaban una colecta pública en apoyo a los grupos culturales de la Preparatoria “Moctezuma Ilhuicamina”, de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

El hecho sucedió la mañana de este 1 de diciembre; elementos de la Policía municipal remitieron a los activistas a la Comandancia Delegacional de Cabo San Lucas con la instrucción de retenerlos por 36 horas, aunque fueron liberados luego de dos horas.

Esa preparatoria tiene escasos dos años de haber sido creada por la razón fundamental de que hace falta; se halla en la colonia Gastélum, quinta etapa, en lo más recóndito de Cabo San Lucas, una de las zonas más pobres y menos desarrolladas, con graves carencias, entre ellas escuelas para los jóvenes proletarios.

Allí el Movimiento Antorchista decidió impulsar la creación de dicha escuela y luchar, como siempre es el caso, por garantizar su funcionamiento. El Movimiento Antorchista en esa zona, constituido por colonos humildes, nada gana sino la satisfacción de dar educación a sus hijos; sólo eso.

En el Ayuntamiento de Los Cabos ha habido una comprensión fundamental acerca de las necesidades que tiene la preparatoria, dado que esta es necesaria para cubrir áreas de población que no han cubierto otras instituciones educativas. Entonces, realiza diversas actividades para adquirir recursos suficientes, como las colectas públicas que viene realizando de manera regular.

La colecta en la vía pública con fines sociales, educativos y culturales no es ningún acto de mendicidad ni de comercio ilegal, como lo prueban las de Cruz Roja o Teletón.

Sin embargo, ahora, el Delegado municipal, Raymundo Zamora Ceseña, sorprendentemente giró instrucciones a los elementos de seguridad para que arrestaran a nuestros compañeros mientras colectaban pacíficamente. La actitud intolerante nos sorprende porque viola nuestros derechos constitucionales y porque no se actuó igual con la colecta pública del Teletón que se estuvo realizando estos días y durante varias semanas en el entronque de la carretera Transpeninsular con los bulevares Lázaro Cárdenas y Constituyentes, mismo lugar de la arbitrariedad mencionada.

Todos nos dimos cuenta de las actividades de Televisa, que nadie puede cuestionar ni condenar porque es innegable que a varias familias les ha ayudado. Sólo pedimos en ese sentido equidad, porque las labores educativas que realiza la preparatoria, si bien son modestas, también merecen la tolerancia y el apoyo de la autoridad, más cuando el esfuerzo de maestros, padres, activistas y alumnos carece de los recursos que sí tiene la televisora.

La colecta en la vía pública con fines sociales, educativos y culturales no es ningún acto de mendicidad ni de comercio ilegal, como lo prueban las colectas públicas de la Cruz Roja, los bomberos, el Teletón o las que se realizan para casos de desastres naturales que afectan a la población y por esa razón ninguna autoridad tienen por qué criminalizarlas o suprimirlas. Más aún, en el mismo entronque vial ya mencionado, las colectoras del Teletón continuaron colectando luego de que nuestros compañeros fueron detenidos, y así continuaron ellas sin que nadie les dijera nada ni las molestara.

Conviene recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene el rango de constitucional para los mexicanos, señala en su Artículo 30: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

Está claro que el delegado Zamora Cesena viola derechos constitucionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que exigimos que se le ponga un alto.

El derecho universal a la educación, al deporte y a la cultura se tiene que ejercer por el pueblo también en las actividades sociales, como la colecta pública y otras, que emprende para ayudar a las autoridades y al Estado a cumplir con sus deberes, sobre todo cuando la marginación social y la escasez de los presupuestos gubernamentales limitan dichos derechos en los hechos. Lo malo es encontrar a tantos personajes tozudos en los Gobiernos, que ni siquiera se dejan ayudar.

 

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