Aunque la constitución marca en su artículo 4to. que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional y que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, esto en la realidad es letra muerta, pues a pesar de que en la Carta Magna se dispone de esta obligación por parte del gobierno y como un derecho constitucional, esto no es así, las cifras oficiales demuestran que poco o casi nada se ha hecho en materia de vivienda.
México tiene un problema: dotar a las personas de una vivienda digna. Los inmuebles se encarecen cada día más, los salarios no crecen al mismo ritmo y hay una gran cantidad de construcciones en situaciones precarias (una de cada cuatro de acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda). Los retos han provocado un déficit de vivienda que se subsanaría si en el país se construyeran las 800,000 propiedades que requiere la población al año, de acuerdo con Albert Saiz, profesor y director del Urban Economics Lab del MIT, en marco de The Real Estate Show, evento anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano para poder contrarrestar este rezago social, es muy poco o casi nulo, pues hasta la fecha no existe un programa de vivienda popular que garantice una vivienda digna a los mexicanos, no existe la preocupación mínima para que cada familia mexicana cuente con un techo digno, cuente con un espacio en el territorio mexicano en el cual puedan vivir de manera digna y sobre el cuál, puedan construir su patrimonio.
En Baja California el déficit de vivienda se ha agravado de manera exponencial, esto debido principalmente, al gran número de familias que se vienen a la frontera con los Estados Unidos para tratar de cruzar, sin embargo, tras el fallido esfuerzo se han quedado a vivir en este estado, acrecentando de manera importante la carencia de la vivienda y del mismo modo, las pocas oportunidades de poder acceder a un programa social, programa que hasta la fecha es inexistente y la poca oferta de vivienda que existe, pertenece al sector privado, donde las viviendas se venden a altos precios.
No todo está perdido, y es que no es que en BC no existan viviendas, existen y están abandonadas, las cifras oficiales señalan que en la entidad son más de 60 mil las viviendas que se encuentran en abandono y que el gobierno no ha promovido por ninguna vía, el tratar de ocuparlas u ofertarlas en un programa para que las familias de escasos recursos puedan tener acceso a ellas.
Y aunque no es justificación, pero sí una necesidad, el número de familias que viven ocupando estos espacios desde hace ya varios años, hoy son hostigados por parte del gobierno municipal, estatal y las empresas privadas para desalojar a las familias, dejándolos en la calle junto con sus cosas, sin ofrecer siquiera una vía para poder acceder a un programa de calidad y donde ellos puedan pagar estas viviendas.
Antorcha ha promovido en los municipios estos programas de vivienda popular, ha insistido en que el gobierno apertura un programa en donde tengan cavidad las familias que tienen bajos ingresos o aquellos que se encuentran, no porque ellos lo quieran así, en la informalidad, familias que forman parte de esta gran ciudad y que tienen derecho, como lo marca nuestra constitución a una vivienda digna y decorosa.
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