Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna como también suele llamársele, misma que redactó el congreso constituyente de aquel momento histórico y que dicho órgano se convirtió en el representante y portavoz de la voluntad y deseos del pueblo mexicano, un pueblo que anhelaba que en su ley máxima quedaran perfectamente establecidos sus deseos de un verdadero respeto a sus derechos como ciudadano y así poder aspirar a una vida más digna, mediante el reconocimiento de esos derechos plasmados en la constitución como eran los de libertad, igualdad y propiedad, pero además, que los distintos órganos gubernamentales se vieran obligados a respetar tales derechos y que en el actuar de dichas instituciones se le pusieran límites, con el fin de garantizar una vida más llevadera para las mayorías que habían sufrido muchos excesos por el actuar de la autoridad o porque la autoridad dejaba que ciertos individuos o grupos los cometieran; el obrero para no volver a las tristes condiciones a las que los condenaba un trabajo absolutamente inhumano y, el campesino en busca de labrar unas tierras que fueran suyas y no del hacendado quien lo hacía trabajar la mayor parte del tiempo las tierras que producían para él, lo cual lo mantenía miserable y endeudado con la hacienda. Ambos grupos buscaban pues a través del constituyente, la libertad y la justicia; es decir, anteponer los derechos humanos del hombre, el respeto de la persona humana y limitar el actuar del estado.
Nuestra constitución de 1917 contempló las garantías individuales de organización, manifestación, propiedad, justicia, etc., e impone a los gobernantes la obligación no solo de respetar dichos derechos, sino de velar por que se cumplan; es así como nuestra Carta Magna se convierte en la primera en el mundo, al declarar y proteger lo que ahora llamamos "garantías sociales” consagradas en los artículos 3º, 4º, 27 y 123 constitucionales. Con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, se convierte en la ley máxima que regiría la vida interna de nuestro país y sobre ella no podía ni puede estar ningún otro ordenamiento ni persona, sea esta en lo individual o como funcionario, en especial los servidores públicos quienes hasta antes de su promulgación cometieron muchos excesos contra el pueblo mexicano, tan es así que el constituyente tomando en cuenta la superioridad de dicha norma, plasmó en el artículo 128 la obligatoriedad de que todas las personas antes de tomar cargo como servidores público incluido el presidente de la república, deben protestar, respetar ante todo la constitución, es decir, que su actuar lo tendrán que sujetar a lo establecido previamente en la Constitución. El presidente de la república al jurar el respeto a nuestra ley máxima, tiene la obligación no solo de respetarla, también por la investidura que conlleva, dar el ejemplo a todos sus gobernados que es el primero en cumplir y hacer cumplir a cabalidad la citada Ley, para que todos sus gobernados también se vean obligados a cumplirla. Pero resulta que en muchos de los casos, los gobernantes son los primeros en pisotear los derechos consagrados en la Constitución y si no respetan dichos derechos mucho menos cumplen lo que les ordena dicha norma, tal es el caso del actual presidente de nuestro país, quien desde antes de tomar posesión como presidente, violó flagrantemente nuestra Constitución, al mandar hacer un censo para saber las necesidades de cada mexicano, censo que no lo realizó una institución gubernamental como lo establece la Ley, además que las personas que levantaron dicho censo no tenían ningún respaldo legal; pero ese no es el único caso de la violación a nuestra Carta Magna por parte del presidente, en múltiples y reiteradas ocasiones ha violado y sigue violando los preceptos constitucionales, tal es el caso de la Guardia Nacional cuando en conjunto con la Marina y el Ejército Mexicano llevaron a cabo el operativo para detener a Ovidio Guzmán y que posterior a la detención de dicho personaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación como él mismo lo reconoció, este hecho y decisión ordenada por el Ejecutivo federal en total flagrancia a lo establecido en la constitución, dado que el ejecutivo no está facultado para ello, ya que solo es atribución de una autoridad judicial, pero no del ejecutivo. Una muestra más de las reiteradas violaciones a la constitución por parte del ejecutivo federal es haber ordenado hacer una encuesta para saber si a los expresidentes se les lleva un procedimiento judicial por supuestos delitos a decir del propio presidente, hecho también violatorio del debido proceso que la constitución establece que toda persona debe ser oída y vencida en juicio, otro ejemplo más, la violación recurrente por parte del presidente del derecho de manifestación, al negarse a atender cualquier manifestación por mínima que esta sea para exigir la atención de distintos problemas por parte de la autoridad federal, también la violación al derecho de organización al negarse rotundamente a recibir, escuchar y atender a las organizaciones que exigen sean atendidas las necesidades de sus organizados, a quienes acusa sin prueba alguna de chantaje, violación del derecho de propiedad, que es uno de los derechos por los que miles de mexicanos dieron su vida para lograr que el constituyente estableciera este derecho en la Constitución de 1917 y que el gobierno actual sin mediar prueba y menos un juicio, ordena a diestra y siniestra el bloqueo de cuentas bancarias bajo el argumento de una supuesta comisión de delito.
Si el presidente no ha querido obedecer lo mandatado por la Constitución desde antes de tomar posesión, tampoco ha variado su actuar con posterioridad y mucho menos con su obligación como jefe del poder ejecutivo; para muestra pondré los siguientes ejemplos: nuestra ley suprema establece que el gobierno tiene la obligación de velar por la salud de toda la población, contrario a ello el actual gobierno federal no solo se niega a mejorar el sistema de salud, no quiere construir clínicas y hospitales nuevos para atender a la población, sumado a esto, he dejado de comprar medicamentos para el tratamiento de los enfermos de cáncer, a adquirir vacunas para los recién nacidos, etc.; en el caso del derecho a la vivienda estatuida como una de las garantías individuales y que es obligación del gobierno garantizarla, en total rechazo a su deber el gobierno eliminó todos los programas que dotaban de una vivienda a mucha gente que carece de una o esta se encontraba en condiciones deplorables; en el caso del derecho a la libre manifestación de las ideas, el gobierno y en especial el presidente de la república se ha dedicado desde las mañaneras a señalar y enjuiciar a todo aquel que se atreva a diferir de lo que hace su gobierno, así podemos seguir poniendo ejemplo tras ejemplo de las muy graves violaciones que está cometiendo el ejecutivo federal y su gobierno en contra de los mexicanos y en total violación a la Constitución.
Como dijimos, el movimiento revolucionario se dio en busca de justicia y la aspiración de una vida mejor, pero también, para que quien detentara el poder ejecutivo no pudiera suprimir esos derechos. En los días que corren, es triste ver que muchos de los derechos logrados con el sacrificio y lucha de los que participaron en el movimiento revolucionario están siendo eliminados de tajo por el actual gobierno federal, lo cual es sumamente grave y esto lo debe registrar con la mayor prontitud posible antes de que sea demasiado tarde, ya que en solo dos años se están borrando de tajo los logros de décadas de lucha.
El actual presidente de la república por años "luchó” por alcanzar el poder, alegando los derechos consagrados en nuestra Constitución y exigiendo su aplicación, pero al llegar al poder, ha estado haciendo todo lo posible por destruir su aplicación, asesinando nuestras libertades, dejándolas sin efecto alguno. Recordemos que un dictador odia las libertades y busca que en su actuar no medie norma jurídica alguna. Veamos que rápido se ha hecho a un lado la historia para esclavizarnos a los intereses de una sola persona, creo que es momento de tomar muy en cuenta la gravedad del retroceso histórico y legal del que estamos siendo, ante ello, debemos defender nuestros derechos y para ello debemos todos participar activamente en el siguiente proceso electoral donde se renovará la Cámara de Diputados, quitándole la mayoría de diputados al actual gobierno, para que el poder legislativo sirva de contrapeso al ejecutivo y nuestros representantes populares puedan exigir desde esa tribuna el respeto a los derechos logrados y plasmados en la Constitución.
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