Hace unos días leí la declaración del canciller mexicano Luis Videgaray durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo entre México y la Oficina del Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos: "Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el Gobierno de México y el pueblo de México no tenemos que aceptar disposiciones, que de manera unilateral, un gobierno le quiera imponer a otro", dijo, para después anunciar que: "El gobierno de México va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Esto implica un despliegue sin precedentes de información a los mexicanos para que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y a sus derechos humanos.
De inmediato recordé las recientes declaraciones de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas (ONU), en las que explicó que de 2010 a 2014 en la mayoría de los países, hubo disminución de la pobreza, con las excepciones de Costa Rica y México, donde la pobreza avanzó de 51% de la población del país en 2012, a 53. 2% en 2014.
No es tema de mi colaboración el maquillaje numérico, recurro a esta fuente por las confesiones que muy a su pesar tuvo que hacer esta diplomática mexicana: Primera, que el aumento de la pobreza en México es algo más estructural que coyuntural, porque hay erosión de los salarios mínimos...; segunda, que está comprobado que el mercado no va a luchar contra la pobreza, sino que será vía las políticas públicas como ésta podrá disminuirse.
Seguro estoy que personas más calificadas hablarán al respecto de las relaciones de nuestro país con el poderoso y altivo vecino nuestro, yo por mi parte con todo y mis limitaciones en estas sutilezas de la vida económica y de la política internacional, me atrevo a comentarlas por lo que tienen que ver con mi tarea concreta al frente de un numeroso grupo de ciudadanos pobres de Quintana Roo. A mi juicio, las declaraciones de la secretaria de la CEPAL, tomadas en cuenta en periodos de relativa calma social, y que pretenden pasar como una simple explicación de lo que acontece, alcanza proporciones descomunales si consideramos que habrá millones de deportados (al principio pensábamos sólo en los mexicanos, ahora sabemos que serán expulsados a México todos los latinoamericanos ilegales) que buscarán empleo, salud, vivienda, etc., en un país como el nuestro, que de por sí no atiende las necesidades de quienes aquí vivimos.
Por más que intento no caer en el papel de los alarmistas de siempre, que son hoguera al amanecer y al mediodía cenizas, me atrevo a decir que a nuestro gobierno le conviene revisar el papel que hacemos como nación, pidiendo a la ONU que nos defienda, y entender que en vez de hacer un llamado enfático a los estadounidenses para que respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas o a ellos darles consejos sobre qué hacer cuando los estén deportando, debemos garantizar primero los derechos humanos en casa: por ejemplo, el derecho al trabajo bien remunerado de todos los mexicanos, para no dar espectáculo deshonroso al suplicar benevolencia a Donald Trump, quien puede hacer en su país lo que sus leyes y sus gobernados le permitan, aunque nosotros no estemos de acuerdo
Y no puedo dejar de sugerir a todos los gobernantes, pero en especial a aquellos con que tenemos que tratar los antorchistas de este estado, que escuchen a los especialistas como Bárcena, que señalan el camino a seguir: mejorar y ampliar las políticas públicas en beneficio de los pobres para combatir la pobreza en serio. Porque si no combaten la pobreza de sus gobernados, no se necesitará corregir las fallas estructurales del modelo económico actual, sino sustituirlo por otro distinto que realmente atienda a las mayorías y sus necesidades.
Negándoles el derecho a un lote para edificar su vivienda, excluyéndolos del pago contra siniestro por su filiación política, privilegiando a sus allegados con los programas sociales que deben aplicar a todos sus gobernados, como hace el Presidente de Bacalar, profesor Alexander Zetina Anguiluz, es ir contra la realidad del país que se mueve con vertiginosa velocidad, y el pueblo pobre cobrará la factura con la misma velocidad en que se agraven sus carencias. Que conste.
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