Hace algunos días, Santiago Nieto Castillo condenó el hecho de que se filtrara a los medios de comunicación una denuncia penal en contra de Ricardo Henaine Mezher, de su hijo, Roberto Javier Henaine Buenrostro y de Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM, por transacciones bancarias con recursos de procedencia ilícita. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que dicha controversia debe resolverse en los tribunales, porque esa es la instancia legal correspondiente y no en los medios informativos. Mencionó que el militante del partido verde ecologista acudió a la Fiscalía general de la República (FGR) por voluntad propia para aclarar el tema.
Sorprende que en este caso particular, el titular de la UIF, opine de acuerdo con las normas y leyes establecidas en un país regido por el estado de derecho, cuando en múltiples ocasiones él ha hecho exactamente lo contrario, cuando de golpear mediáticamente a sus enemigos se ha tratado. Recordar que hace unos meses Santiago Nieto ordenó la cancelación de 20 cuentas bancarias del Movimiento Antorchista, anunciando la medida con bombo y platillo en los medios de comunicación, cuando aún no se había ni siquiera iniciado la investigación correspondiente. Y ni qué decir de la congelación de algunas cuentas de funcionarios del gobierno estatal de Chihuahua. En el primer caso, el golpe mediático fue como respuesta a la constante crítica que el antorchismo ha ejercido, evidenciando la inacción del gobierno federal ante la pandemia de la covid-19, al igual que hoy, el abandono de los damnificados por las inundaciones de Tabasco. En el segundo, como respuesta a la firme defensa del agua por parte de la sociedad chihuahuense. Como se ve, la UIF es el garrote represivo que utiliza el gobierno de Morena para acallar voces críticas a sus acciones u omisiones.
Por cierto y atendiendo a lo que nos dice el Derecho Penal, el delito es definido como una conducta delictiva que consiste en "hacer&rdquo, o "no hacer” un acto cuya consecuencia daña a otros. Pues bien, desde ese punto de vista jurídico, el gobierno de Morena estaría cometiendo el delito de crimen de lesa humanidad por omisión, es decir, por no hacer nada para salvar miles de vidas ante los estragos ocasionados por la pandemia.
Pero volviendo al asunto de la condena hecha por Santiago Nieto, cabría hacer la pregunta: ¿por qué ahora sí, defiende el estado de derecho en el caso concreto Henaine? Saque usted, amable lector, sus conclusiones, porque no hay datos suficientes para dar una respuesta concreta a dicha interrogante. Lo que sí hay que destacar es que mientras las cuentas de los negocios (legales) antorchistas en promedio no pasaban del millón de pesos, las transacciones de los Henaine y Jesús Sesma nos hablan de cientos de millones de pesos injustificados totalmente.
Ante la información de este caso, ¿todavía hay alguien a quien no le quede claro el trato represivo y selectivo de la UIF y su titular?
El tema Henaine constituye una prueba más de que nos acercamos aceleradamente a un sistema dictatorial que no tolera discrepancias de ningún tipo y que peligrosamente ha comenzado a reprimir, de manera totalmente ilegal, a su oposición. No obstante, de la actuación de millones de mexicanos conscientes en la contienda electoral del próximo año, dependerá la consumación o el aborto de la dictadura morenista. Que todas las fuerzas sociales que ya han vislumbrado este peligro logren esto último es la meta.
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