Más de treinta años han pasado, y los choferes de la ruta de transporte colectivo rural de Escalerillas-SLP -compañeros taxistas adheridos al Movimiento Antorchista- y siguen esperando su regularización para dar un mejor servicio y atención a los miles de usuarios que viajan con ellos diariamente. La dependencia encargada de dar respuesta a su petición, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, no da ningún tipo de respuesta, y por el contrario, alienta la irregularidad y amenaza con "aplicar la Ley" a los choferes que manifiesten su inconformidad, como sucedió en el 2018, cuando decenas de ellos se manifestaban sobre la avenida Salvador Nava exigiendo el retiro de unidades piratas que invadieron -y siguen invadiendo- su ruta y varios de ellos fueron detenidos sin ordenamiento judicial y varias de sus unidades secuestradas de forma ilegal.
Los taxistas de Escalerillas, desde hace décadas han sufrido todo tipo de atropellos, desde detención ilegal de sus unidades, extorsiones, multas, y hasta encarcelamientos por el único delito de ejercer su derecho al trabajo y dar un servicio de transporte público que el estado no brinda. Fue en el año de 1985 que a petición de los habitantes de ésta comunidad y de otras localidades vecinas, que varios de ellos, pusieron a su disposición sus modestos vehículos para brindar el servicio de transporte público, y desde esa fecha depositaron sus solicitudes para que les otorgaran los correspondientes permisos de transporte público que brindan. Ese mismo año, la extinta Dirección General de Comunicaciones y Transportes dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, hizo entrega de los correspondientes permisos, con números de folios de la SPPE-P, una década después en 1995, la también extinta Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección General de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio DGCT/95 por acuerdo del gobernador del estado de aquella época Horacio Sánchez Unzueta, se ratificaron los permisos a los choferes de Escalerillas, y a partir de éste momento, se les impone por parte de la Secretaría de Finanzas, el pago de los derechos del permiso por año, número económico, vehículos de modelo reciente y con seguro de vida, además que los rotularán.
Más aún, en el año de 1998, bajo los oficios DGCT-730/02, la desaparecida Dirección General de Comunicaciones y Transportes, al mando de Castor Balderas Rubio, autorizó la ampliación de la prestación del servicio de los taxistas para transportar a los usuarios a la Cruz Roja, clínicas y hospitales centros de trabajo, escuelas, central de autobuses, talleres y refaccionarias, de la capital potosina.
Al paso de los años, la Dirección General de Comunicaciones y Transportes transformada en Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las autorizaciones y permisos otorgados por esta dependencia dejó de tomarlos en cuenta y ya no se ratificaron por los gobiernos estatales subsecuentes a favor de los choferes, pero les ofrecieron su regularización, acogiéndose a una reforma a la Ley de Transporte Público publicada en el Periódico Oficial en el año del 2016. Desde ese año, los transportistas depositaron su solicitud cumpliendo con la totalidad de los requisitos -solvencia económica, alta a la SAT, exámenes médicos y toxicológicos, licencia de manejo, carta de antecedentes no penales, etcétera- esperando que en breve tiempo les fueran otorgados, sin embargo, han pasado los años, y les niegan los permisos, bajo el argumento de que el Consejo Municipal de Transporte, debe de realizar un Estudio de Factibilidad para que señale la ruta avalada y rampa del derrotero que explotan los taxistas; sin embargo, la Ley Estatal de Comunicaciones, para nada habla de que los Consejos Municipales para "señalar la ruta avalada" deban de realizar "Estudios de Factibilidad". La convocatoria que impuso las bases para el otorgamiento de permisos a personas físicas o morales para la prestación de servicio público en las modalidades Rural, Servicios Especiales y de Carga publicada el 10 de agosto del 2016 en el Periódico Oficial, dice en el Artículo 12 de la Ley referida.
I. Rural Colectivo de Ruta:
a) Señalar la ruta avalada por el Consejo Municipal de Transporte del Municipio o municipios afectos, respecto de la cual se solicita el permiso, indicando el origen y destino, así como las paradas intermedias.
b) Contar con la autorización o permiso de uso de suelo de la autoridad municipal competente de las terminales (rampas) en los puntos de origen y destino solicitados.
Porque además qué valor técnico o sistemas de transporte público pudiera aportar dicho "estudio de factibilidad", que la verdad no puede estar por encima de las necesidades y demanda de los miles de usuarios del transporte de Escalerillas, una auténtica burla. Otra circunstancia, si el Consejo Municipal omite o niega la señalización de la ruta y rampa, la propia SCT, tiene la obligación de dar los permisos de transporte a los peticionarios -que cumplan los requisitos- porque de lo contrario estarían violentando los derechos de los usuarios que por décadas han viajado en éste tipo de transporte, como así ha sucedido con otros Consejos Municipales en la entidad, que omiten dar los señalamientos de aval a los peticionarios.
Por otra parte, la ruta y rampa se encuentra avalada desde hace décadas por el Ayuntamiento capitalino, dado que los compañeros cuentan con un convenio de Comodato de utilización de espacios municipales ubicados, uno sobre avenida Salvador Nava y Cordillera de Himalaya, y otro, sobre avenida Salvador Nava, frente a la facultad de Ciencias de la Comunicación, ambos espacios habilitados como rampas por parte de la administración municipal.
Lo que es cierto, es que dicho obstáculo de presentación del estudio de factibilidad, lleva gestionándose desde hace más de un año y aún no se termina, en tanto, la SCT prepara una nueva celada a los taxistas, ahora con la recién modificación a la Ley de Comunicaciones y Transportes que castiga con cárcel a personas que presten el servicio de transporte público de forma irregular. Pero desde este momento aclaramos los antorchistas, que estamos atentos a la lucha de los compañeros taxistas, y si se pretende dar más largas a su demanda de permisos o atentar contra su integridad y su derecho al trabajo, los defenderemos con toda la fuerza del antorchismo potosino.
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