El gobierno actual está intentando poner freno al alza de precios en la canasta básica, que ha obligado a la clase trabajadora a consumir menos alimentos porque no les alcanzan sus salarios. Según el INEGI la inflación general en México es del 8.53 por ciento, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) nos dice que en los primeros quince días de octubre del presente año hubo un incremento del 0.44 por ciento, pero los estados que están por arriba del promedio nacional son: Tabasco 1.83 por ciento, Nuevo León 1.65, Campeche 1.58, Coahuila 1.53 y Quinta Roo 1.38.
Recientemente, el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una política para bajar los precios a través de quitar los controles de sanidad a algunas empresas que traen a México productos del extranjero, esto con el fin de que lleguen productos más baratos. Ahora ya no tendrán que pasar por la Cofepris, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ni por otras instituciones de gobierno que revisan que los productos no tengan plagas ni enfermedades y que sean de calidad, es decir, que revisan que no sean peligrosos los productos para la salud de la población mexicana.
Esta política desesperada, porque sus otras medidas no han dado resultado, tendrán consecuencias perjudiciales para la población más pobre, que es quien consume los productos más baratos. Es decir, que puede que disminuyan los precios, pero a costa de enfermedades graves para la población más pobre. Y ¿quiénes serán los beneficiados? los empresarios que producen en el extranjero y que venden sus productos en los mercados mexicanos, porque ofrecerán productos más baratos para ganar a los compradores, porque emplearán insumos de bajo costo, pero de peor calidad. Esto aumentará sus ganancias, indudablemente. La población más rica no comprará estos alimentos, porque tienden a comprar productos de ciertas marcas de renombre. A esta parte de la población no les preocupa que los alimentos estén más caros porque tienen ingresos por arriba de los 150 mil pesos por trimestrales (es decir, cada tres meses); ellos no buscarán los productos más baratos como sí lo harán los hogares más pobres, que llenarán el vacío de sus estómagos consumiendo los peores alimentos. Esto repercutirá en la salud pública y es un problema potencial para el gobierno, que necesitará de más recursos para los enfermos, como dice el dicho: “ojalá no salga más caro el caldo que las albóndigas”.
Cuando en la conferencia mañanera cuestionaron al presidente sobre en quién caería la responsabilidad en caso de que ocurriera algún problema de enfermedades por consumo de alimentos defectuosos, Andrés Manuel no especificó quién. Dijo únicamente que era un acuerdo de “buena voluntad”, y que los empresarios tendrían la responsabilidad de ofrecer productos de calidad. Pero la salud pública no puede dejarse en manos de la buena voluntad del empresariado. El Estado debe hacerse cargo de lo que le suceda a la gente en materia de salud pública, por algo se les puso en el gobierno. Es él quien debe tomar la responsabilidad en caso de que algo malo suceda, pero desde ahorita, Andrés Manuel ya se está lavando las manos. Como hizo con la pandemia y como ha hecho con el aumento de la violencia en México.
Es necesario que todos estemos conscientes de que el gobierno de la 4T no resolverá los problemas de la clase pobre de México, porque no son su prioridad. Lo único que le interesa a Andrés Manuel es mantener su imagen intocable, aunque esto sea a base de engaños a la población más pobre. Quiere que el pueblo esté agradecido de que disminuirá los precios de los alimentos con sus medidas, sin decirles que en el largo plazo será perjudicial para la salud pública. Unámonos con Antorcha para cambiar de gobierno, uno que sí busque proteger los derechos de los más necesitados de México.
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