México sufre por falta de agua. Y no hay un plan preciso por parte del gobierno para resolver este grave problema.
La privatización del servicio de agua potable ha traído como consecuencia un mal servicio, tarifas altas y escasez en muchas regiones de nuestro país.
“De acuerdo con una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2023 la Conagua recibió 71 mil 600 millones de pesos en tanto que para este año los recursos canalizados fueron de 62 mil 600 millones de pesos, mientras que la inversión para la infraestructura hidráulica pasó de 49 millones 389 mil pesos a 35 millones 343 mil pesos” (EL UNIVERSAL, 3 enero de 2024).
En la primera quincena de este año el porcentaje de áreas con sequía de moderada a excepcional a nivel nacional fue de 65.59 %, 6.75 % mayor que lo cuantificado a finales de 2023, afirma el Monitor de Sequía en México.
La sequía excepcional aumentó en Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, y afectó en porciones de Sinaloa y Guanajuato.
México vive una crisis hídrica que actualmente afecta a un total de mil 613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales.
El Banco Mundial ha mencionado en varias ocasiones “que se requiere una inversión constante de más de 20 años, de arriba de los 80 mil millones de pesos para poder hacerle frente a la situación del agua en México, sin contemplar los fenómenos meteorológicos extraordinarios como estamos viendo este año, el cuarto año de sequía”.
“Hay estados como Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco donde la situación se agrava pues no cuentan con el vital líquido y esto ha provocado descontento social.Aguakán y Concesiones Integrales, empresas que administran el recurso en las primeras dos entidades, no cumplen con el servicio y son objeto de reclamos por parte de diversos sectores de la población. La empresa Aguakán, que desde 1994 administra el suministro de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, es el proveedor más caro en la industria turística del país. En comparación con Mérida, Yucatán, las tarifas para el sector turístico de las cuatro ciudades citadas son cinco veces más altas, pues en la primera es de 19 pesos por metro cúbico y en las otras llega a 100 pesos; en el ámbito doméstico, la cuota es más del doble, ya que en la capital se pagan 138 pesos mensuales por toma y en los mencionados municipios alrededor de 329.
En Chihuahua, el servicio de agua potable es proporcionado por el órgano descentralizado estatal Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y por las juntas municipales, sin embargo, éstas subcontratan a empresas para la mayoría de sus tareas como perforación de pozos, elaboración de estudios para la distribución del líquido, renovación y mantenimiento de la red de tubería e instalación de medidores. La tarifa por el consumo de hasta por 30 metros cúbicos era de 68.10 pesos mensuales el año pasado, y dicha tarifa aumentó 7 por ciento al año durante las administraciones de los panistas de Javier Corral (2016-2021) y la actual, de María Eugenia Campos.
En la ciudad de Chihuahua, las plantas tratadoras fueron privatizadas en el gobierno de Corral, que las concesionó por 10 años a un consorcio que integran las empresas Suez Medio Ambiente México, Suez Internacional, la Peninsular Compañía Constructora y Grupo Acuanovus. De ahí su elevado costo en el servicio del agua potable” (LA JORNADA, 25 de enero de 2024) .
Las sequías y escasez del agua, no sólo afectan la producción agrícola, sino también la producción de energía, pues de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) estos fenómenos derivados del calentamiento global provocaron que la generación hidroeléctrica en México cayera 40 por ciento anual en 2023.
El gobierno de la 4T en lugar de resolver, agrava la situación pues el presupuesto destinado para la comisión Nacional del Agua (Conagua) y para la infraestructura hidráulica registró una disminución para este año de 12.5 % y 28.4 %, respectivamente, comparándolo con 2023, a pesar de la crisis de acceso al líquido y la sequía que agobia a todo el país.
Y en lugar de prevenir y resolver el problema hídrico de nuestro país, la 4T prefiere invertir en refinerías obsoletas y un Tren Maya que, como un hoyo negro, ha succionado al por mayor las finanzas públicas.
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